Courbasa, la fallida incursión inmobiliaria de José Luis Escrivá

El futuro ministro fue vicepresidente de una empresa que acabó envuelta en un escándalo inmobiliario y con problemas con Hacienda

José Luis Escrivá, durante una comparecencia en el Congreso.EFE

El futuro ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, fue durante años consejero y vicepresidente de la empresa Courbasa entre 1992 y 2003, aunque no fue accionista ni ejecutivo de la misma. La aventura empresarial del actual presidente de la Airef no tuvo, sin embargo, un final feliz. Courbasa tomó protagonismo al hacerse con un plan urbanístico en Madrid, el del PERI 6-7 Tiziano Dulcinea, que provocó que un centenar de vecinos perdieran sus casas. Los familiares de Escrivá vendieron Courbasa a un promotor que declaró el concurso de acreedores y dejó a los vecinos con decenas de millones de euros en deudas, según publica EL PAÍS este domingo. Además, la empresa tuvo problemas con Hacienda y el propio Escrivá fue sentenciado a pagar por el IVA no declarado por la empresa.

Courbasa era una sociedad anónima a la que la madre y el tío de José Luis Escrivá aportaron un solar urbano en la zona de Tetuán de Madrid procedente de una herencia. Su madre, fallecida en 2010, era accionista minoritaria, titular del 9.03% de la propiedad de la sociedad mientras que su tío poseía otro 16%, aproximadamente, según fuentes próximas a la familia.

El origen de la controversia fiscal es el siguiente. La empresa aportó el mencionado solar a la Junta de Compensación del Plan Especial de Reforma Interior 6-7 Tiziano Dulcinea de Madrid en 1996. Courbasa consideró que se producía una transmisión de terrenos y de esa manera tributó en las declaraciones del IVA de los ejercicios 1996-1999.

En 2001 la Agencia Tributaria de Sevilla levantó un acta de disconformidad por las liquidaciones de IVA de la mencionada operación. La Agencia Tributaria interpretó que se trataba de una permuta y como tal debía tributar por un tipo superior al que había liquidado Courbasa, según  diversas fuentes judiciales y mercantiles.

Según figura en las cuentas anuales de la empresa y en varias sentencias judiciales, Courbasa fue vendida en el año 2002 mediante escritura pública al promotor Bernardo Martín Moreno, ya fallecido. En dicha venta, se excluía explícitamente a la madre de Jose Luís y a otros tres accionistas minoritarios, de cualquier contingencia fiscal, laboral, financiera que pudiera tener la sociedad, según fuentes jurídicas.

Responsable por 85.700 euros

Courbasa cambió de nombre a Quantía Inversiones y acabó integrada en la sociedad Somersen. Ante la insolvencia de dichas sociedades, Hacienda inició proceso contra los que aparecían como administradores de Courbasa como responsables subsidiarios. Se inició entonces un largo litigio que algunos administradores llevaron al Tribunal Supremo, que anuló parte de los acuerdos de la Agencia Tributaria por prescripción, pues la deuda era inicialmente mucho más alta.

En el caso de José Luis Escrivá, el asunto acabó con una sentencia de la Audiencia Nacional de 2014 que ha sido localizada por CincoDías en la que los jueces estimaban solo en parte el recurso contencioso administrativo presentado y se consideraban correctas otra parte de las reclamaciones de la Agencia Tributaria. Lo que ocurrió es que, en línea con dos sentencias anteriores del Tribunal Supremo, la infracción del ejercicio 1996, la más cuantiosa, se declaró prescrita.

Como resultado de ello, por los otros ejercicios, se derivó una obligación de pago de 85.713,43 euros a los que Escrivá hizo frente en marzo de 2014, según fuentes cercanas al futuro responsable de las pensiones.

Un gran escándalo inmobiliario

Pero el frente fiscal fue mucho menos desafortunado que el inmobiliario, aunque en este caso el escándalo se produjo después de la venta de la sociedad por parte de los miembros de la familia de Escrivá y del cese de este como vicepresidente. Con Escrivá como vicepresidente de la sociedad, Courbasa se hizo con el 96,85% de los derechos de compensación del PERI Tiziano Dulcinea, en un caso que ha dado lugar a multitud de pleitos. En una de las sentencias se detalla que "las transmisiones de coeficientes se documentaron en escrituras públicas en los mencionados ejercicios, y en todas ellas se estipula que Courbasa garantiza la edificación, ejecución y entrega posterior de viviendas, locales y, en algunos casos, plazas de garaje, detallando en cada caso la superficie a entregar".

Tras agrupar la gran mayoría de los derechos del PERI 6-7 Tiziano Dulcinea, los accionistas de Courbasa, entre ellos los familiares de Escrivá, decidieron vender la sociedad a un promotor. Eso provocó el cambio de nombre (a Quantía Inversiones), el traslado del domicilio social a Sevilla y el nombramiento de nuevos administradores, con el cese de Escrivá como vicepresidente en 2003.

A cierre de 2002, Courbasa tenía unos fondos propios de 2,5 millones y unos activos de más de 30 millones. Sin embargo, según figura en las cuentas de 2002 de la sociedad, las acciones de la empresa se vendieron al promotor Bernardo Martín Moreno por 47.119,2 euros el 23 de diciembre de 2002. Eso se debe a que en el momento de la venta las acciones de la sociedad se encontraban pignoradas en garantía del préstamo hipotecario formalizado por Courbasa con el Banco Popular Hipotecario, por 3,377 millones.

Luego, activos y pasivos de Courbasa se aportaron a Somersen (que más adelante cambió su denominación social a Promociones y Obras Tiziano) en una ampliación de capital que se valoró en 14 millones de euros. Pero la insolvencia de Somersen, tras endeudarse con Banco Pastor, luego absorbido por Popular, provocó que los vecinos que habían entregado sus casas para participar en la operación y que esperaban recibir pisos nuevos libres de cargas tuvieran que esperar durante años sin éxito o los recibieran con hipotecas de elevada cuantía. Eso provocó movilizaciones, protestas y una oleada de pleitos en los tribunales, incluidas denuncias por estafa y otros delitos contra Bernardo Martín que no prosperaron. En una sentencia en que se juzgaba por estafa, la Audiencia Provincial de Sevilla concluye que "fueron dificultades empresariales posteriores (y lo mismo da a estos efectos que fueren fortuitas o incluso derivadas de una mala gestión) las que les impidieron cumplir con tal obligación, lo que nos ubica netamente en el ámbito del incumplimiento de obligaciones civiles pero extrae la cuestión de la jurisdicción penal ante la ausencia del engaño u ocultamiento".

La propia madre de Escrivá presentó en 2005 una denuncia penal contra los administradores de Somersen por estafa por el incumplimiento de las condiciones de la compraventa de Courbasa, según fuentes cercanas al futuro ministro, que señalan que la querella está pendiente de celebración de juicio y resolución. El procedimiento penal ha agrupado también las denuncias presentadas por los restantes socios de Courbasa.

Recientemente, la fiscalía solicitó penas de 3 y 5 años de prisión para la viuda de Martín y otro acusado por coletazos de la operación de venta de Courbasa, la sociedad de la que el futuro ministro fue vicepresidente y sus familiares accionistas significativos.