¿Hay que elegir entre crecimiento e igualdad?
Quienes crean que las medidas contra la desigualdad del próximo Gobierno causarán una recesión se basan en estudios desfasados
La desigualdad está aumentando en las últimas décadas y se ha convertido en una de las grandes preocupaciones de nuestro tiempo, junto con las reivindicaciones feministas y ecologistas. El acuerdo de gobierno firmado por PSOE y Unidas Podemos pone el énfasis en estos tres temas y ya en el primer punto menciona la necesidad de reducir la desigualdad atacándola desde sus distintos ámbitos: el mercado de trabajo, la vivienda, la situación geográfica y la renta familiar.
La disyuntiva entre igualdad y crecimiento, que todavía aparece en los principales manuales de economía como uno de los principios básicos, se sostiene en una investigación de Arthur Okun publicada en 1975. Casi medio siglo después un elevado número de estudios pone en duda que haya que elegir entre crecer o reducir la desigualdad, e incluso una menor desigualdad podría contribuir al desarrollo. Quienes pronostiquen que el próximo Gobierno causará una recesión por intentar aumentar las condiciones de quienes menos tienen se basan en estudios que han quedado desfasados.
España, al igual que la mayoría de los países europeos, se encuentra en una situación de crecimiento económico moderado y con expectativas ligeramente pesimistas. Además, el déficit público todavía cercano al 3% impide llevar a cabo medidas de expansión del gasto público. En este contexto, las medidas que se proponen se centran más en reformas que en acciones que afecten especialmente al gasto o a los ingresos. Así, la subida del IRPF a las rentas más altas o la reforma del impuesto de sociedades no se espera que tengan una incidencia muy elevada.
El aumento de la protección de los trabajadores es uno de los puntos de política económica más importantes del texto y ya ha suscitado críticas de la patronal, que se sentía cómoda con la disminución de la importancia de la negociación colectiva tras la reforma laboral aprobada por el PP. Las empresas afectadas por las medidas propuestas en el acuerdo son aquellas menos competitivas. Pero no se debería olvidar que una empresa que base su actividad en la contratación de becarios y no pueda permitirse afrontar otra subida del salario mínimo no tiene un modelo de negocio sostenible, incluso sin la aplicación de reformas laborales.
La mayor protección de los trabajadores no debería ser motivo de preocupación para las empresas, sino para aquellas personas que se incorporen al mercado laboral y todavía no cuenten con experiencia. La revisión de los periodos formativos es necesaria para acabar con la figura del becario que en vez de recibir formación práctica acaba siendo un trabajador más cobrando un sueldo menor. Sin embargo, si aumenta el salario mínimo, disminuye el crecimiento económico y se limitan las posibilidades de contratación de jóvenes sin experiencia, el paro juvenil podría aumentar. El efecto no debería ser muy importante porque las medidas que anteriormente flexibilizaron el mercado de trabajo no han impedido que el paro juvenil siga siendo muy elevado. En la actualidad uno de cada tres menores de 25 años que quiere trabajar no encuentra dónde hacerlo.
El apartado 2.4 del acuerdo sí que propone medidas que supondrán un aumento del gasto público. Los datos de la encuesta financiera de las familias revelan cómo los hogares de menores de 35 años tienen una riqueza media de 47.300 euros mientras que los de más de 65 años cuentan con una riqueza media de 368.700 euros, casi ocho veces más. Subir las pensiones de jubilación de acuerdo con el IPC puede ser una medida justa para retribuir a aquellos que anteriormente contribuyeron a la Seguridad Social, pero no promueve la igualdad ni la sostenibilidad del sistema de pensiones, por lo que debería realizarse con prudencia.
En lo referente a la sostenibilidad de la Seguridad Social, que tiene déficit cada año desde 2011, el acuerdo PSOE- Unidas Podemos presenta un error que debería ser corregido cuando se ponga en práctica lo pactado. En el punto 2.4.1.1 se dice que se descargará a la Seguridad Social de gastos impropios, asegurando la sostenibilidad del sistema. A continuación, en el punto 2.4.2 se cita el desarrollo del ingreso mínimo vital como prestación de Seguridad Social. Si bien es una medida que lucharía contra la exclusión, su incorporación a las cuentas de la Seguridad Social no parece lo más conveniente.
La vivienda es otra de las áreas en las que el acuerdo pone un mayor énfasis desde el punto de vista de la política económica. Las medidas van encaminadas a frenar el aumento de los precios de alquiler en las grandes ciudades y a aumentar la vivienda pública. El problema de esta y otras secciones del acuerdo, como la referente a las políticas activas de empleo, es que aborda competencias exclusivas de las comunidades autónomas. Asimismo, se mencionan planes que ya se recogen en otras iniciativas. Así, el Plan de Vivienda Sostenible del apartado 3.2 no parece muy diferente del Plan Estatal para la Rehabilitación de Viviendas propuesto en el apartado 2.9.2. Este último desarrollaría medidas que ya se recogen en el vigente Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 del Ministerio de Fomento, que mediante acuerdos bilaterales con las comunidades autónomas pretende rehabilitar unas 10.000 viviendas.
En definitiva, a nivel económico las medidas propuestas persiguen revertir, o al menos frenar, el avance de la desigualdad en España, bien de forma general o mediante la ayuda a colectivos específicos como mujeres en situación de vulnerabilidad o residentes en zonas poco pobladas. Para ello, más que aumentar el gasto de forma descontrolada se legislará para mejorar la acción del Estado y su coordinación con las comunidades autónomas. En cualquier caso, el gran número de leyes y planes propuestos tendrán que contar con el apoyo del Congreso y sus resultados no se verán de forma inmediata.
Juan Luis Santos es Profesor en la Universidad CEU San Pablo