¿Por qué se rechaza la reforma de las pensiones en Francia?

Se trata de un desafío que probablemente dejará muchos perdedores debido a la necesidad de reducir el gasto público

Protestas de trabajadores el pasado viernes contra la anunciada reforma del Gobierno francés.
Protestas de trabajadores el pasado viernes contra la anunciada reforma del Gobierno francés.

Del mismo modo que en Reino Unido el NHS (Servicio Nacional de Salud) es un pilar fundamental del Estado de Bienestar, las pensiones en Francia son uno de los pilares fundamentales del sistema de protección social, una de las señas de la identidad nacional francesa y motivo de orgullo para su ciudadanía. Es conveniente resaltar que en Francia es donde menos jubilados pobres hay, entre los mayores de 65 años, de la Unión Europea (UE). En 2017, registró una tasa de pobreza (7,8%), muy inferior a la media de la UE (15%), y países como Reino Unido (17%), Suecia (15,8%) y España (14,8%), según la Oficina Europea de Estadística (Euroestat). Por ello, no es de extrañar la crisis social que atraviesa Francia por la reforma de las pensiones. La multitud de manifestaciones, con la paralización de los transportes, que están deteriorando la actividad económica demuestra la inquietud y desconfianza de los franceses ya que temen trabajar más y cobrar menos.

El proyecto de reforma propuesto por el allto comisariado para las pensiones, Jean-Paul Delevoye, es fiel al programa de Emmanuel Macron en 2017. Durante la campaña presidencial, defendió un nuevo sistema de pensiones “universal” que aglutine a los 42 regímenes especiales en uno solo y que ofrezca los mismos derechos para todos los trabajadores. El cálculo, que ofrece serias dudas, se efectuará por un sistema de puntos, y, no por anualidades como viene siendo actualmente. Ello tiene como objetivo garantizar el equilibrio financiero del sistema. En palabras del primer ministro, Edouard Philippe, “un euro contribuido debe otorgar los mismos derechos, independientemente de cuándo se pagó o del estado del contribuyente”.

En este sentido, no es la primera vez que Francia intenta reformar las jubilaciones. A partir de los años 1990, varios gobiernos trataron de reformar o suprimir dichos regímenes especiales a fin de alinearlos con el régimen general, al considerar que ese trato especial era injusto o demasiado costoso para el sistema de seguridad social. Los intentos de dichas reformas concluyeron en 1995 y 2003 con la caída de los gobiernos respectivos.

Los regímenes especiales de Francia (establecidos por acuerdo social tras la victoria en la Segunda Guerra Mundial en 1945), representan el 6% de las personas jubiladas, son prestaciones sociales otorgadas a asalariados de empresas públicas, como conductores de ferrocarriles, metro y trabajadores de la industria de la electricidad y gas, y funcionarios (hospitales, del Estado, etc.). Su justificación es debida a que son profesiones con elevados niveles de riesgo laboral que pueden provocar graves daños para la salud, lo que les permite acceder a jubilaciones anticipadas y más beneficiosas. Por ejemplo, entre 55 y 57 años, mientras que para el resto de trabajadores es de 62 años (España 67 años) con montantes mensuales de más de 2.000 euros para los regímenes especiales y el resto 1.500 euros (España 1.080 euros). La propuesta actual contempla mantener la edad mínima de jubilación en 62 años. Pero en 2027, para equilibrar el sistema, se establecerá una edad de referencia, 64 años, para percibir la pensión plena con un sistema de bonus/malus con el objeto de incitar a trabajar más. El cálculo para la pensión que actualmente está basado en los mejores años de las carreras profesionales pasa a calcularse a lo largo de toda la carrera profesional.

La arquitectura general de la propuesta mantiene el actual sistema público de reparto (pay as you go, PAYG, por sus siglas en inglés), como en la mayoría de países de la UE, es decir, está basado en la solidaridad intergeneracional. Los cotizantes actuales pagan la factura de los pensionistas, como las nuevas generaciones lo harán con ellos en el futuro. Y está prevista su entrada en vigor en 2025. Por ejemplo todas aquellas personas que cuenten con 18 años en el momento de su ingreso en el mercado laboral, en 2025, cambiarán al sistema por puntos. A las generaciones nacidas antes de 1975 no les afecta la reforma, pero si a los nacidos en fechas posteriores. Y a los trabajadores de ferrocarriles y metro a partir de 1985. Además, en 2022 está previsto garantizar una pensión mínima de 1.000 euros para una carrera completa, cuando en España la pensión mínima actual es de 643 euros.

Según la Comisión Europea, en 2016 (últimos datos disponibles) los gastos del sistema de jubilación representaban el 12,3 % del producto interior bruto (PIB), el más elevado de la UE tras Grecia e Italia. En el caso de España es del 8,7% y la media de la UE el 9,3%. En este contexto, junto con la calle, todo el arco político, desde la extrema derecha a la extrema izquierda, está en contra de la actual reforma laboral, excepto el partido que sostiene al Gobierno de Macron. En los próximos días está por ver cuál va a ser la reacción de la opinión pública. Pocas políticas públicas tienen tanto impacto en términos políticos, sociales y sobre presupuestos públicos como el pago de las pensiones. Un desafío que es casi seguro que va a traer muchos perdedores por la finalidad de disminuir los gastos públicos.

Vicente Castelló es Profesor Universidad Jaume I y miembro el Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local