La reforma de Macron acabará con las jubilaciones especiales e incentivará prolongar la vida laboral
El Ejecutivo francés fijará una pensión mínima de 1.000 euros y bonificará los nacimientos
El primer ministro francés, Édouard Philippe, ha detallado este mediodía en París, en una esperada comparecencia, las líneas principales de la reforma de las pensiones. La iniciativa del presidente Emmanuel Macron afronta una fuerte oposición popular, con una masiva huelga en los transportes que se prolonga desde el pasado jueves.
El Ejecutivo se ha comprometido este miércoles a instaurar un sistema universal de jubilaciones que acabe con los 42 regímenes especiales que subsisten en el país, así como a establecer una pensión mínima de 1.000 euros. En la presentación del proyecto, Philippe subrayó que "las mujeres serán las grandes ganadoras" de un nuevo sistema por puntos, cuyo valor será decidido por los agentes sociales y no podrá bajar por ley.
La edad mínima para jubilarse será de 62 años, igual que ahora. No obstante, se establecerá una "edad de referencia" que subirá progresivamente hasta los 64 años en 2027: aquellos que decidan jubilarse antes tendrán penalizaciones en su pensión, y quienes lo hagan más tarde recibirán bonificaciones.
"Ha llegado el momento del sistema universal. El de los regímenes especiales se acaba", proclamó Philippe al principio de su intervención ante el Consejo Económico, Social y Medioambiental (CESE). La huelga de los últimos días goza de amplio respaldo entre los trabajadores de la compañía pública de ferrocarriles (SNCF) y del transporte metropolitano de París (RATP), que gozan de uno de los regímenes especiales que la reforma pretende suprimir. En algunos puestos de estas dos empresas cabe la posibilidad de jubilarse a los 52 años.
No obstante, no todo son recortes. La reforma garantizará una pensión mínima de 1.000 euros a todos los que tengan el periodo de cotización completo (42 años actualmente, que deben pasar progresivamente a 43). Esto hará que aumenten las pensiones de trabajadores que cobran el salario mínimo y de colectivos como agricultores y comerciantes, que tienen unas reglas de cotización propias. Esa pensión mínima de 1.000 euros entrará en vigor en 2022 y tres años después, en lugar de ser una cantidad fija inmutable pasará a convertirse en el 85 % del salario mínimo.
Además, se garantizará por ley una "regla de oro" que asegure que el valor de los puntos por los que se calculará el monto no pueda bajar. Las pensiones no estarán indexadas sobre la inflación, sino sobre los salarios. Asimismo, por cada hijo que nazca desde el momento de entrada en vigor de la reforma, uno de los padres podrá beneficiarse de una bonificación del 5% en puntos para la jubilación. A partir del tercer hijo, a ese 5% se le añadirá un 2% adicional. Por defecto, esos derechos se atribuirán a las madres. También en dirección de las familias, el proyecto del Gobierno establece que la pensión de viudedad será del 70 % de los derechos de los que se hubiera beneficiado la pareja.
Finalmente, quienes tengan ingresos superiores a los 120.000 euros anuales deberán pagar una "cotización de solidaridad" más elevada, que no repercutirá en su propia jubilación sino en nutrir las arcas de la hucha de las pensiones.
El ritmo de instauración de los cambios se hará de forma progresiva, de forma que empiece a aplicarse paulatinamente para los nacidos a partir de 1975. Solo los nacidos después de 2004 la integren directamente, aseguró. Los agentes sociales "bajo control del Parlamento" deberán concertar el valor de los puntos en base a los que se calcularán las pensiones.