El éxito de los bonos verdes dependerá de la transparencia
Es importante desarrollar una taxonomía que establezca con exactitud qué es una inversión verde para evitar que se destinen a otros fines
La transición hacia la economía verde constituye un fenómeno complejo y todavía pleno de incertidumbres que afectan a la industria, el consumo y las finanzas, entre otros muchos sectores. Desde la necesidad de contar con una legislación clara y estable que no esté sujeta a vaivenes políticos, como reclamó ayer Ana Botín durante un evento sobre finanzas sostenibles celebrado en el marco de la COP25, hasta la posibilidad de garantizar a los inversores interesados en proyectos sostenibles que su capital se destinará a ese fin y no únicamente a mejorar la reputación externa de empresas y Gobiernos. En el caso de España, la inversión necesaria para afrontar los riesgos asociados al desafío climático en la próxima década podría ascender a unos 236.000 millones de euros, la mayor parte de los cuales corresponderán al sector privado. Como explicó ayer la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, la envergadura de ese reto hace necesario impulsar un mercado de bonos verdes que dé cabida a financiación pública y privada y en el que se garantice que los recursos captados por empresas, Gobiernos y organizaciones se destinan efectivamente, y no solo nominalmente, a proyectos relacionados con la mejora medioambiental.
Calviño reconoció, con razón, la importancia de desarrollar una “taxonomía” que establezca con exactitud qué es una inversión verde para evitar el denominado green-washing o lavado de imagen verde que están llevando a cabo algunas empresas con el fin de aparentar ser respetuosas con el medio ambiente. Una exigencia que debe aplicarse al propio sector público –dado que el ICO ha empezado a emitir este año bonos verdes y el Tesoro se plantea hacerlo el próximo–, un ámbito en el que actualmente no es factible discriminar la finalidad de la inversión y donde parece especialmente difícil hacerlo. El éxito de los bonos verdes dependerá de la confianza y la seguridad que se transmita a los inversores de que el capital está destinado a proyectos en favor del medio ambiente, tanto si el emisor es una empresa como si es el propio Tesoro.
Esa garantía y transparencia, sin embargo, tiene que combinarse con el rigor y la prudencia a la hora de señalar sectores o inversiones como hostiles al compromiso medioambiental. Un ejemplo de ese riesgo es el dato que publica el Banco de España en el último número de su Revista de Estabilidad Financiera, en el que cifra en un 25% los préstamos de la banca expuestos a sectores afectados por la transición energética, pero sin diferenciar ni matizar lo suficiente las amplias áreas señaladas ni la naturaleza de los créditos a ellos concedidos. Hay que tener cuidado de que incentivar lo verde no se traduzca en estigmatizar injustamente a sectores enteros de la economía.