Gobierno nuevo, ¿viejos vicios?
"Pedimos al próximo Ejecutivo altura de miras. Es decir, no sacrificar el prestigio de las instituciones por intereses personales o de partido"
Hace poco más de una semana, en Santander, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria —integrada por 844 jueces y magistrados— renovó a los miembros de su Comité Nacional, del que fui designado portavoz. Ese mismo día expresé que los esfuerzos del Comité seguirían centrados en la defensa de la independencia judicial y la mejora del estatuto profesional de los jueces. “Seguirían”, sí, porque se trata de reivindicaciones antiguas que, una y otra vez, hemos venido planteando desde las asociaciones judiciales y que han sido sistemáticamente ignoradas por los sucesivos Gobiernos, fueran del signo que fueran.
Hemos reclamado una y otra vez que los 12 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de procedencia judicial sean elegidos por los propios jueces y no por los partidos políticos, como sucede en la práctica actualmente. La finalidad de nuestra propuesta es obvia: evitar que el ciudadano pueda albergar dudas sobre la imparcialidad de los jueces españoles. El sistema actual de designación es terriblemente dañino. El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa ha puesto de relieve recientemente que, mientras que la independencia de los jueces españoles en su quehacer diario está fuera de toda duda, la implicación de las autoridades políticas en la designación de los vocales del CGPJ genera en la ciudadanía una percepción de falta de independencia que acaba debilitando la credibilidad de todas las instituciones. Hasta el momento, ningún Gobierno ha querido llevar adelante las reformas legales necesarias para remediar este grave problema, sin que se alcance a comprender otra razón para ello más que el propósito de retener una supuesta influencia sobre el sistema judicial.
Condiciones y sobrecarga de trabajo
No hemos tenido mucho más éxito con nuestras peticiones para que se mejoren las condiciones en que los jueces desarrollamos nuestra función. Desde Francisco de Vitoria hemos reclamado que se adecúe y se modernice la planta judicial para que la distribución de los jueces en el territorio responda a las necesidades reales de la ciudadanía. Que todos los juzgados dispongan de plantillas y medios suficientes para cumplir su función. Que se desarrollen herramientas tecnológicas útiles que faciliten —y no entorpezcan— la tarea de juzgar. Que la carga de trabajo sea razonable y permita al juez dedicar a cada asunto el tiempo que se merece. Y, en definitiva, que todo cuanto rodea el ejercicio de la jurisdicción esté en consonancia con la importancia que la función judicial tiene para la sociedad.
Todas nuestras peticiones las hemos hecho desde el convencimiento de que eran propuestas sensatas y que con ellas nos acercaríamos al objetivo de proporcionar a los ciudadanos un sistema de justicia eficaz y de calidad. Pero solo en contadas ocasiones han sido recibidas con un verdadero propósito de estudiarlas y aprovechar de ellas cuanto pudieran tener de valioso.
Por eso, ahora que se abre en España la perspectiva de que se forme un nuevo Gobierno y se ponga fin con ello a este largo periodo de interinidad, el nuevo Comité Nacional de Francisco de Vitoria lo que le pide al próximo Ejecutivo es, sencillamente, altura de miras a la hora de evaluar nuestras propuestas.
Altura de miras significa no sacrificar el prestigio de las instituciones por intereses personales o de partido; por ejemplo, en materia de independencia judicial. Altura de miras significa comprender el papel esencial que cumplimos los jueces en las sociedades democráticas y libres. Somos los jueces quienes protegemos a los ciudadanos frente a los excesos del poder y tutelamos sus derechos. Menospreciar la dignidad de la función judicial es tanto como degradar nuestra convivencia, permitiendo que las injusticias y los abusos queden sin respuesta. La dignidad del juez padece cuando se le imponen condiciones de trabajo inadecuadas —con falta de medios, escasez de personal, una carga de trabajo excesiva o herramientas informáticas disfuncionales— y, en general, cuando se hurtan al sistema judicial los recursos necesarios para ofrecer al ciudadano una respuesta de calidad. La libertad, la intimidad, el honor, el empleo, la salud o el patrimonio de los ciudadanos son bienes que merecen algo más de consideración por parte de nuestros gobernantes.
Buena parte de la sociedad española se pregunta en estos días si finalmente llegará a formarse el Gobierno que las fuerzas políticas están negociando. Pero para nosotros, en Francisco de Vitoria, la pregunta fundamental no es si finalmente tendremos un nuevo Ejecutivo, sino si este, cuando se constituya, repetirá los viejos vicios de todos los anteriores.
Por Jorge Fernández Vaquero, nuevo portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV).