Señales (económicas) para descarbonizar la economía
La política energética y la fiscalidad medioambiental de España no están diseñadas para favorecer la electrificación de la actividad
A partir del próximo año 2020, si tanto la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) como el Ministerio hacen sus deberes, la parte regulada de la factura de electricidad, a la que hasta ahora nos hemos referido como las tarifas de acceso, estará desglosada en dos conceptos diferenciados. Diferenciados no solo por su definición sino también por el órgano responsable del diseño de su metodología de reparto dentro de la factura. Estos dos conceptos van a ser: el peaje de red y los cargos. El objetivo del peaje de red es el de cubrir todos los costes asociados a las redes de transporte y distribución y cuyo órgano regulador va a ser la CNMC, mientras que los cargos agrupan lo que comúnmente hemos denominado siempre como los “costes ajenos al suministro”, que suelen depender de decisiones de política energética y, como tal, el Ministerio va a ser su órgano responsable y supervisor.
En esta línea, el pasado mes de julio, la CNMC, como órgano colegiado, sacó a consulta el proyecto de circular sobre el cálculo de los peajes de transporte y distribución de electricidad en la que se establece una metodología para determinar el cálculo anual de los peajes y su reparto entre los distintos tipos de consumidores. El objetivo de esta nueva metodología es el de enviar señales de precio eficientes y transparentes para que los consumidores sepan cuánto están destinando al pago de la red de transporte y distribución del total de su factura.
La CNMC ya ha hecho sus deberes, ha propuesto una nueva metodología de reparto para el peaje de red, aunque, a día de hoy, se encuentra todavía en trámite de audiencia. Sin embargo, la parte del Ministerio, la metodología de cargos se está viendo afectada por la falta de formación de Gobierno, por lo que es previsible que se retrase unos meses.
La publicación de esta nueva metodología de cargos por parte del Ministerio es muy relevante no solo para la recuperación de gran parte de los costes que ahora mismo están asociados al sistema eléctrico, sino también para todos nosotros, como consumidores. No hay que olvidar que el 35% de lo que pagamos en nuestra factura de la electricidad está destinado a sufragar estos cargos que, además, si se añaden todos los impuestos incluidos en la factura, esta cifra aumenta hasta el 55%, es decir, un consumidor doméstico destina más de la mitad del importe de su factura de electricidad a financiar costes ajenos al suministro e impuestos. ¿Qué impacto tiene este hecho en el consumo de electricidad? Está claro que a base de incluir en la factura conceptos que no están relacionados con el propio suministro de la electricidad, lo que se está haciendo es aumentar, de una manera artificial, el precio de la electricidad.
Las decisiones de política energética y la fiscalidad medioambiental en España no están diseñadas para favorecer la electrificación de la economía. Se grava más a la electricidad y, por lo tanto, se penaliza su consumo, a pesar de que es una energía que se produce con un gran componente de renovables y menores emisiones que otras opciones, con lo que se envía una señal errónea al consumidor de que lo contaminante es barato y lo limpio es caro. Por ejemplo, un consumidor doméstico con un consumo anual de 3.000 kWh/año paga casi un 40% más, de media, si ese mismo consumo lo hace con electricidad en vez de con cualquier otro combustible alternativo, siendo la electricidad, de media, un 30% menos contaminante, tal y como se indica en nuestro informe PwC “¿Qué estructura de tarifa eléctrica es la adecuada para favorecer la transición energética?” elaborado recientemente.
¿Podemos conseguir una descarbonización real de la economía con esta señal de precio a los consumidores? No cabe duda de que si la electrificación va a ser un vector clave para la descarbonización es necesario que el consumidor perciba señales de precio adecuadas que le permitan hacer un cambio de usos energéticos hacia energías más limpias y, por lo tanto, menos contaminantes, por lo que la limpieza de la factura eléctrica es un elemento sustancial que puede permitir al Gobierno conseguir este objetivo.
En definitiva, nos encontramos en un momento de cambio, un momento de cambio en el que no solo se está transformando nuestro sistema energético, sino que también se está modificando la percepción que tiene el consumidor frente al sector energético y su concienciación hacia el cambio climático, por lo que es necesario que pongamos a su disposición las herramientas adecuadas para que pueda tomar las decisiones más eficientes sobre su consumo. Por ello, para que se siga avanzando en la descarbonización es necesario que exista una efectiva adecuación de la señal de precios que permita a los consumidores discriminar entre energías y apostar por aquellas que sean más competitivas económicamente y más respetuosas con el medio ambiente.
Oscar Barrero Gil es socio, líder del sector energía en el área de consultoría de PwC