La OCDE alerta de los puntos débiles de las pensiones españolas: la edad de jubilación y el freno de las reformas

La organización recomienda subir las cotizaciones a los autónomos porque no están relacionadas con sus ingresos reales, que están "subestimados"

Belén Trincado / Cinco Días

El envejecimiento de la población española se está produciendo a un ritmo más intenso que en el resto de los países industrializados. Es más, España estará entre los Estados con menos personas en edad de trabajar por cada jubilado en 2050. Esta tendencia va a aumentar en los próximos años la presión financiera sobre el sistema de pensiones español. Con este análisis arranca el diagnóstico que ha hecho la OCDE sobre España en su informe "Pensiones de un vistazo" en el que analiza los sistemas de los cuarenta países desarrollados que forman esta organización internacional.

Este informe que se ha publicado hoy no realiza recomendaciones a los países pero sí sugiere cuales son las mejores prácticas y las peores entre las decisiones de reforma que están llevando a cabo los países en materia de pensiones. En el caso español, la primera cuestión clave sobre la que llama la atención la OCDE es que España "ha suspendido las reformas que aprobó en 2013 para mejorar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones", en referencia a la interrupción del factor de Revalorización (subida del 0,25% de las prestaciones mientras el sistema esté en números rojos) en 2018 y 2019; y al retraso, al menos hasta 2013 del factor de sostenibilidad, que vinculaba la cuantía de las nuevas pensiones al aumento de la esperanza de vida.

Otra de las cuestiones que este organismo sugiere que España debería abordar es el retraso de la edad de retiro. Considera que aunque la edad legal de jubilación aumentará progresivamente hasta los 67 años en 2027, a partir de ese año aún podrán seguir jubilándose a los 65 años quienes hayan cotizado al menos 38,5 años. Esto lleva a los técnicos de la OCDE a considerar que, "pese a las rápidas proyecciones de envejecimiento de la población española, esta edad de jubilación normal futura aún está por debajo de la media de la OCDE que es de 66,1 años para los hombres y 65,7 para las mujeres, y es sustancialmente inferior a la prevista en Dinamarca (74 años), Estonia (71), Italia (71) y los Países Bajos (71).

En este sentido, este análisis también llama la atención de las bajas tasas de actividad de los trabajadores de entre 55 y 69 años. "Esto se refleja en la muy baja edad media efectiva de salida del mercado de trabajo en España, que está fijada en los 62 años para los hombres y 61 para las mujeres, lo que supone tres años por debajo de la media de la OCDE".

Generosidad

Pero este informe no solo ve como un punto débil del sistema español lo que considera una temprana edad de retiro, también cree que sus prestaciones son más generosas que las de la media de la OCDE. Así, precisa que las personas mayores de 65 años en España tienen actualmente una renta media disponible igual al 95% de la población total, lo que es superior a la media de la OCDE, donde es del 87%.

Según sus proyecciones el sistema de pensiones español tal y como está regulado va a seguir teniendo tasas de sustitución (porcentaje que supone la pensión sobre el salario medio) relativamente elevadas, "incluso si se restablece el factor de sostenibilidad". Estos expertos indican que esto ocurrirá especialmente en el caso de los trabajadores con salarios medios y altos. En el caso de los trabajadores a tiempo completo, las tasas netas de sustitución de los regímenes obligatorios serán del 83%, frente al 59% de la media de la OCDE, auguran. Para los trabajadores con salarios altos y bajos, las tasas de reemplazo serán similares, del 83% y 79%, respectivamente, frente al 55% y 68% en la OCDE.

También consideran “generoso” que los españoles tengan derecho al 50% de su pensión con solo 15 años cotizados.

Estas son las cuestiones que más preocupan a la OCDE de las pensiones españolas en materia de gasto, pero también han abordado otros fallos en materia de ingresos. Concretamente alerta sobre las bajas cotizaciones que pagan los trabajadores autónomos, "a los que se les permite contribuir menos que a los trabajadores asalariado", critican. Así destacan que los autónomos puedan elegir libremente su base de cotización, "sin relación alguna con los ingresos reales".

Por ello, reprochan que más del 70% de los trabajadores autónomos "solo pagan cotizaciones mínimas obligatorias para la pensión en España, y la subestimación de los ingresos parece ser generalizada".

Respecto al resto de ingresos, la OCDE admite que, en general, las cotizaciones que pagan empresarios y trabajadores a la Seguridad Social "son altas" -las segundas más elevadas de la OCDE después de Italia-- aunque precisan que, a diferencia de la mayoría de los países industrializados, con los ingresos por estas cuotas se pagan además de las pensiones, otras prestaciones como las de incapacidad temporal.

Ante este panorama, el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, ha dicho hoy que "los gobiernos necesitan establecer rápidamente pensiones más inclusivas y armonizadas para todos". Con ello, se refería a que las reformas de los sistemas de pensiones en los países de la OCDE deben estar orientadas a "reducir las diferencias entre los trabajadores estándar (asalariados a tiempo completo con contrato indefinido) y el resto, desde el punto de vista de cobertura, contribuciones y derechos".

Otros países que han revertido las reformas

España no es el único país que ha frenado las reformas de pensiones que ya había aprobado previamente. La OCDE llamó la atención sobre un buen número de Estados que en los últimos dos años ha retrocedido o no ha aplicado las políticas ya legisladas en materia de pensiones. Junto a España, Italia Holanda o la República Eslovaca han suspendido los vínculos aprobados entre la cuantía de la pensión y la esperanza de vida. También Dinamarca está debatiendo la revisión de la relación entre la edad de jubilación y la esperanza de vida. Aunque ni los daneses ni los holandeses tienen previsto abolir totalmente este vínculo. Otros países como Canadá, República Checa y Polonia también han revertido las reformas ya aprobadas para retrasar la edad de retiro.