Así se puede ahorrar para el futuro de una persona con discapacidad

Familiares y el propio beneficiario pueden aportar hasta 24.250 euros anuales a planes de pensiones, el triple de lo habitual

Jubilación

Cuando hablamos de planes de pensiones lo hacemos con decenas de incógnitas sobre cómo de confortable será nuestro futuro, unas incertidumbres que quizá son mayores si de lo que se trata es de asegurar el bienestar financiero o la independencia económica de una persona con discapacidad.

Precisamente para que sea más fácil conformar ese patrimonio, los planes de pensiones ofrecen ventajas muy importantes a estos colectivos y a sus familiares. En concreto, el límite máximo de aportación anual general, fijado en 8.000 euros, se incrementa hasta los 24.250 euros en el caso de que el partícipe sufra una determinada discapacidad, “que serán deducibles directamente de la base imponible independientemente de que existan rendimientos del trabajo y/o actividades económicas”, aclara José Luis Manrique, director de estudios del Observatorio Inverco.

Además de la desgravación en el IRPF al aportar, si la prestación se cobra en forma de renta, también hay ventajas fiscales

Además, los parientes hasta tercer grado y el cónyuge pueden efectuar contribuciones a dicho plan de pensiones por hasta 10.000 euros, con el límite de 24.250 euros al considerar las aportaciones conjuntas de la persona con discapacidad y sus familiares, y deducírselas de su propia base imponible.

Asimismo, “disfrutan de un régimen muy favorable las prestaciones derivadas de las aportaciones realizadas cuando el beneficiario es el propio discapacitado”. En este caso, la prestación percibida en forma de renta estará exenta hasta un máximo equivalente a tres veces el importe del indicador público de renta de efectos múltiples (Iprem), actualmente en 537,84 euros mensuales.

 Hay una mayor inquietud e interés por la búsqueda de fórmulas de protección o incentivos patrimoniales que sirvan para atender sus necesidades vitales en sus etapas de edad avanzada

Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), admite que el aumento de esperanza de vida que se ha observado en las últimas décadas en personas con distintas discapacidades “ha llevado a una mayor inquietud e interés por la búsqueda de fórmulas de protección o incentivos patrimoniales –fiscales, de aseguramiento, de previsión, etc.– que sirvan para atender sus necesidades vitales en sus etapas de edad avanzada”, máxime si tenemos en cuenta que estas personas afrontan un sobrecoste de entre el 20% y el 40% para atender sus necesidades suplementarias. Se une que, según las estadísticas, disponen de una renta un tercio inferior a la media. “Más gasto y menos ingresos es una ecuación diabólica”, sentencia Pérez Bueno.

Ante esta situación hay más conciencia, “pero como la capacidad de ahorro es muy escasa o está concentrada en pocas personas o familias, la parte privada de la previsión social complementaria queda un tanto relegada y el foco se pone en los dispositivos públicos”, admite.

Algunas asociaciones lamentan que estos mecanismos de ahorro no se difundan lo suficiente. "Y los que existen tienen unas condiciones leoninas, por lo que es muy residual que nuestro grupo social acceda a ellos. Estos requisitos pasan por tener unas condiciones laborales extraordinarias que, en las personas con discapacidad, no se dan”, lamenta Anxo Queiruga, presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), quien argumenta que la tasa de paro en estos casos es superior a la población sin discapacidad, nueve puntos más en 2018. Cabe mencionar que el Instituto Santalucía ha editado una guía temática para trabajadores con discapacidad.

Planificación

Aunque la capacidad de ahorro sea pequeña, Paula Satrústegui, directora de planificación financiera y patrimonial de Abante, aconseja elaborar un plan que tenga en cuenta tanto las necesidades de la persona con discapacidad como las de su familia y las posibilidades económicas de todos en su conjunto.

Y entre los medios para conformar el patrimonio necesario está la utilización de los planes de pensiones, aunque para Satrústegui tienen una pega, y es que “no permiten añadir normas de administración”. De ahí que también se contemple una figura legal denominada patrimonio protegido por la que este está sometido a un régimen de administración y supervisión específico y regulado.

El patrimonio protegido se adapta muy bien al perfil de personas con síndrome de Down; es más, esta figura jurídica, propia de España, se diseñó precisamente para esta discapacidad intelectual

Agustín Matía, gerente de Down España

Se trata de un conjunto de bienes y derechos que se constituyen a favor de la persona con discapacidad con el objetivo expreso de satisfacer sus necesidades vitales. “Los importes máximos de aportaciones son los mismos que en el caso de los planes”, aclara la experta de Abante. Ciertamente, esos 24.250 euros se pueden sumar a los destinados a planes. Otra característica es que no se puede disponer del dinero o de los bienes durante al menos cuatro años. Pasado ese periodo, este se puede dedicar a cubrir dichas necesidades, sin que el regulador haya entrado a concretarlas.

Agustín Matía, gerente de Down España, también apuesta por esta fórmula, que percibe más utilizada que los planes. El patrimonio protegido “se adapta muy bien al perfil de personas con síndrome de Down; es más, esta figura jurídica, propia de España, se diseñó precisamente para esta discapacidad intelectual. Además, es muy útil porque permite la implicación directa de hermanos u otros familiares”, mantiene.

Esta figura se constituye mediante una escritura pública y cada vez que se realizan aportaciones hay que hacerlas constar ante notario. “El trámite no es caro, pero quizá entorpece“, admite Satrústegui.

Un negocio desaprovechado

Una de las fuentes consultadas lamenta la escasa sensibilidad que, en general, muestran las entidades financieras a la hora de dar difusión a las condiciones especiales de estos productos de ahorro, que bien podrían ser beneficiosos para su negocio también, al permitirles captar más dinero por beneficiario.

“Tímidamente han comenzado a aparecer operadores financieros que se han acercado a la discapacidad como nicho potencial de negocio. Pero son pocos y se centran más bien en los clientes prémium, en personas y familias con patrimonios muy por encima de la media”, critica el presidente del Cermi. Es más, han constatado malas prácticas. Por ejemplo, en la hipoteca inversa, “que por ley, gracias a una enmienda del Cermi asumida por el legislador, está abierta a todas las personas con discapacidad”, sin embargo, no se otorgan a menores de 65 años, a pesar de que tienen derecho a ella.

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