Qué es el patrimonio protegido
Independencia económica para las personas con discapacidad
Desde Naciones Unidas señalan que en la actualidad hay más de mil millones de personas que viven en todo el mundo con algún tipo de discapacidad, una cifra que representa cerca del 15% de la población mundial y que, dado el actual escenario en el que nos hallamos, de envejecimiento poblacional y aumento de las enfermedades crónicas, probablemente, se va a ir incrementando.
Es un hecho que cada vez vivimos más años y, aunque es cierto que lo hacemos en mejores condiciones, la realidad es que el incremento de la esperanza de vida -España es el segundo país más longevo del mundo- va a hacer que aumente el número de personas que padecen alguna discapacidad, ya que en personas de edades avanzadas el riesgo de sufrir algún tipo de discapacidad es mayor.
En este contexto, si desgranamos los datos de empleo y salario lo que vemos es que su acceso a los estudios y al mercado laboral se sitúa por debajo del resto de ciudadanos y, además, con unos salarios inferiores. En el caso de España, el salario medio anual de las personas con discapacidad es de 19.297 euros, un 17% menos que para las personas sin discapacidad.
“En todo el mundo, las personas con discapacidad tienen peores resultados sanitarios, peores resultados académicos, una menor participación económica y unas tasas de pobreza más altas que las personas sin discapacidad”, explican desde la ONU. La organización también pone el foco en el empoderamiento de las personas con discapacidad para lograr un mundo más inclusivo e igualitario y en la necesidad de que tanto los gobiernos como las personas con discapacidad, las instituciones y las empresas del sector privado trabajen de forma conjunta, para no dejar a nadie atrás y acabar, entre otras cosas, con la exclusión y la pobreza.
La importancia de planificar y mirar al futuro
Cuando tenemos un familiar o un ser querido que padece alguna discapacidad nos solemos enfrentar a una serie de preocupaciones e inquietudes y, también, podemos incurrir en mayores gastos, por lo que pensar en el futuro se vuelve primordial.
Para asegurarnos que esa persona va a poder desarrollar su propio proyecto personal y va a poder hacer frente a todas las necesidades que le puedan surgir, es vital que desarrollemos un plan personal, patrimonial, financiero y legal para evitar futuros sobresaltos por falta de recursos económicos.
Para aportar tranquilidad financiera al futuro disponemos de muchas opciones, como, por ejemplo, los planes de pensiones para personas con discapacidad, los seguros de vida-ahorro, las donaciones y el patrimonio protegido, entre otras. Esta última figura, que se aprobó en el año 2003, se basa en constituir un conjunto de bienes y derechos a favor de la persona con discapacidad con el único fin de que esta pueda hacer frente a sus necesidades vitales.
¿Quién se puede beneficiar del patrimonio protegido? La ley determina que pueden acogerse a esta figura las personas que tengan un grado de minusvalía física o sensorial igual o superior al 65% y psíquica igual o superior al 33%.
Respecto a quiénes pueden constituirlo, la ley también nos dice que lo puede hacer la propia persona con discapacidad -si tiene suficiente capacidad de obrar para ello- y también sus padres, tutores o curadores. Además, conviene saber que cualquier persona con interés legítimo puede solicitar la constitución de dicho patrimonio, ofreciendo al mismo tiempo una aportación de bienes y derechos para dicho fin.
¿Qué abarca y cómo se articula?
En el patrimonio protegido se puede incluir un amplio abanico de activos para que se puedan adaptar a las necesidades específicas de cada persona. Así, podemos incluir desde dinero y otros productos financieros como depósitos, seguros o rentas vitalicias, hasta inmuebles, obras de arte, joyas, etc.
En lo que concierne a su constitución, hay que saber que se hace mediante escritura pública ante notario o por resolución judicial si los padres de la persona con discapacidad se han negado a que lo constituyan terceros. El documento debe contener el inventario de los bienes y derechos que inicialmente se van a incluir y, también, las reglas de administración y fiscalización.
La fiscalidad del patrimonio protegido
El patrimonio protegido cuenta con una serie de ventajas fiscales para los aportantes. Por ejemplo, los familiares en línea directa o colateral hasta tercer grado, el cónyuge o tutor pueden aplicarse una reducción en su IRPF de 10.000 euros al año cada uno, mientras que entre todos los familiares el límite es de 24.250 euros -si se supera esa cantidad, se minorará de manera proporcional-. Si es una sociedad la que contribuye al patrimonio, esta se puede deducir un 10%.
Por otro lado, la persona con discapacidad también puede aplicarse una serie de deducciones. El beneficiario del patrimonio protegido tributa por las aportaciones recibidas -sean o no dinero- como rendimientos del trabajo hasta un máximo de 10.000 euros al año por aportante y con un límite total para el conjunto de aportantes de 24.250 euros. También hay una cantidad exenta, que es la equivalente a tres veces el IPREM.
Si quieres profundizar en las bases para elaborar un plan financiero para el futuro de las personas con discapacidad, puedes descargar nuestra guía sobre discapacidad e independencia económica.
