La Audiencia imputa a Francisco González por los pagos de BBVA a Villarejo

Fuentes jurídicas destacan el testimonio de Asúa como investigado

Francisco González, expresidente de BBVA. Pablo Monge

El magistrado del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, no ha tardado ni 24 horas en admitir la petición de Anticorrupción de imputar al expresidente de BBVA, Francisco González, por el caso Villarejo. Al medio día de ayer el juez de la Audiencia Nacional citaba como investigado al que fuera presidente de BBVA desde el año 2000 al 2018 para el próximo lunes 18 de noviembre por los delitos de cohecho y de descubrimiento y revelación de secretos en relación a los presuntos encargos de espionaje que realizó al excomisario José Manuel Villarejo.

Aunque se esperaba esta imputación desde hace meses, lo cierto es que no ha dejado de sorprender, entre otras razones porque las especulaciones apuntaban a que el juez llamaría antes como imputado a BBVA, como persona jurídica, y posteriormente a González. Incluso, se esperaba que el juez levantase el secreto de sumario antes de que se produjeran estas declaraciones. Pero al final parece que el juez ha ido modificando su estrategia en función de las pruebas que ha analizado y de los testimonios que ha escuchado, explican fuentes jurídicas.

Estas mismas fuentes destacan las declaraciones de Antonio Béjar, exdirectivo de BBVA y expresidente de la promotora Distrito Castellana Norte, quien ha declarado en la Audiencia Nacional por este caso en en varias ocasiones como investigado. La última vez fue el pasado 9 de octubre (ya se había fijado otra fecha, el 24 de septiembre, pero se retraso), un día antes de la fecha fijada para la declaración del banco, y que tras su testimonio el juez comunicó el aplazamiento de la declaración de BBVA, y que ahora se ha fijado para dos días después que González, es decir, para el próximo 20 de noviembre. Ese día deberá comparecer un representante legal de la entidad bancaria para responder a las preguntas del juez y de los fiscales del caso.

Pero al margen de la imputación de González, fuentes jurídicas comentan la sorpresa que ha causado la imputación de Juan Asúa, ahora asesor del presidente de BBVA, Carlos Torres, y encargado por parte del banco de gestionar los trabajos del informe forensic que están llevando a cabo PwC y los despachos de abogados Uría y Garrigues. Todas las fuentes consultadas aseguran que este análisis es la principal prueba para aclarar quienes tenían y quienes no conocimiento de los trabajos que estaba llevando a cabo el Grupo Cenyt (firma de Villarejo) y por orden de quienes. Pero fuentes jurídicas creen que el hecho de que Asúa se haya implicado en la investigación interna y ahora esté imputado puede arrojar dudas sobre el forensic.

De ahí que la declaración de Asúa sea de gran relevancia al ser una conexión entre la etapa de González como presidente (y cuando se desarrollaron los hechos investigados) y la actual, en la que se está llevando a cabo el análisis forensic.

Inicialmente se esperaba que este forensic, realizado tras interrogar a una larga lista de directivos y exdirtivos de BBVA y de analizar miles de documentos y de grabaciones telefónicas, estuviese finalizado alrededor de julio, y de hecho así se especuló en esas fechas. Sin embargo, las investigaciones del forensic aún están abiertas, como confirmó el pasado 31 de octubre el consejero delegado del banco, Onur Genç.

Fuentes de BBVA mantienen sobre la imputación de Asúa: “la investigación judicial avanza y así tiene que ser. En BBVA no prejuzgamos y actuaremos siempre siguiendo los procedimientos internos establecidos y en base a hechos contrastados, Además, la condición de investigado no implica de ninguna manera que se haya realizado una acusación formal por ningún delito”.

El magistrado sospecha que la cúpula de BBVA consintió la contratación del comisario jubilado para tareas de información y espionaje, en vista del beneficio personal y empresarial que le podían reportar. Los vínculos empiezan en 2004 para frenar el intento de que la constructora Sacyr tomara el control del banco.

Cuando ocurrieron los hechos investigados ahora por la Audiencia Nacional (la contratación de Cenyt se extendió de 2004 a 2017), Asúa era responsable de BBVA en España y Portugal y responsable de corporate & investment. De él dependía el cargo que ocupaba en el banco Antonio Béjar antes de pasar a ocuparse de la promotora Distrito Castellana Norte. Béjar había sido director de Riesgos y Recuperaciones Inmobiliarias de BBVA.

Asúa declara como investigado el día siguiente de González, el martes 19 de noviembre, lo mismo que Eduardo Arbizu, exresponsable del área de Regulación y Control Interno, que dejó el banco a finales de julio, un día después de conocerse la imputación de BBVA como persona jurídica. El juez también ha emplazado para ese mismo día, en su caso como testigo, al exdirector de comunicación de BBVA, Javier Ayuso, que también fue jefe de prensa de la Casa Real.

FG y el banco declararán ante el juez

Testimonio. A pesar de que la causa se encuentra aún bajo secreto de sumario, Francisco González (FG como se le conoce en círculos financieros) no se acogerá a su derecho a no declarar, pues está previsto que responda a las cuestiones que le planteen el juez, el fiscal y su abogado, tras haber mostrado públicamente su máxima disposición a colaborar con la justicia. 

BBVA también declarará. El banco también optará por declarar ante el juez Manuel García Castellón. De hecho, ya ha comentado en varias ocasiones su decisión de colaborar con la justicia, y aportar todas las pruebas vinculadas al caso investigado.

Imputación de BBVA. Al imputar a la entidad en julio, el juez consideró necesario determinar si en BBVA se habían puesto en marcha medidas para evitar el delito o si, por el contrario, “la ausencia de mecanismos de control” y “la tolerancia con prácticas contrarias a la buena fe empresarial” fueron “medios de los que BBVA pudo haberse valido para facilitar la contratación”. En relación al delito de corrupción en los negocios, la investigación persigue aclarar si BBVA contribuyó a mantener las relaciones con Villarejo en beneficio propio o si la presunta corrupción de alguno de sus directivos “pudiera considerarse como perjudicial para la sociedad”.