Anticorrupción pide la imputación de Francisco González por el caso Villarejo

Solicita que se cite al expresidente de BBVA como investigado después de que la Audiencia Nacional imputara a la entidad bancaria como persona jurídica

Pablo Monge

Nuevo y destacado episodio en el caso de Villarejo y BBVA justo tres días después de la celebración de las elecciones generales del 10N. La Fiscalía Anticorrupción solicitó el miércoles  a la Audiencia Nacional la imputación del expresidente de BBVA Francisco González y otras personas de la cúpula del banco, como Juan Asúa, actual asesor del presidente Carlos Torres –en diciembre de 2018 le nombró senior advisor to the chairman–.

En los años objeto de las pesquisas Asúa fue responsable de BBVA en España y Portugal y responsable de corporate & investment.

Anticorrupción ha adoptado esta decisión tras estudiar los contratos que suscribió la entidad con el comisario jubilado en prisión provisional José Manuel Villarejo, y la aportación de distintas pruebas por parte del banco tras el informe forensic abierto por la entidad tras llegar Carlos Torres a la presidencia.

A lo que se suma también tras pruebas aportadas ante el juez por Antonio Béjar, exdirectivo de BBVA y expresidente de la promotora Distrito Castellana Norte, quien ha acudido a declarar a la Audiencia como imputado del caso en varias ocasiones. BBVA viene anunciando desde enero su absoluta disposición a colaborar con la justicia.

De hecho, el banco mantiene abierta su investigación para conocer al pormenor las relaciones mercantiles de Villarejo durante la etapa bajo la lupa (2004 a 2017), cuando González presidía el banco.

La petición de citación de González llega también después de que el juez Manuel García-Castellón imputara el pasado verano a BBVA como persona jurídica tras solicitarlo el ministerio fiscal por los delitos de cohecho activo, revelación de secretos y corrupción, delitos penados con más de nueve años de prisión, según fuentes jurídicas. La fiscalía ha reclamado la imputación de González, entre otras causas, tras alegarse que algunos directivos de BBVA cobraron “dádivas” por parte de Grupo Cenyt (firma de Villarejo) para mediar en su contratación, que se extendió entre 2004 y 2017.

González ha sido uno de los banqueros más poderosos de España en las últimas dos décadas. Su trayectoria en el sector bancario se inició en 1996 con su nombramiento como presidente de Argentaria por el PP.

Aunque la imputación de Francisco González se esperaba desde hace tiempo, también es cierto que parecía que este hecho no se produciría hasta que BBVA, como banco, declarase ante el juez como entidad imputada, hecho que se ha ido retrasando varios meses. La última vez el pasado 9 de octubre, justo un día antes de la fecha fijada para su declaración. El aplazamiento se produjo horas después de declarar de nuevo ante el juez Antonio Béjar. Béjar siempre ha sido un directivo muy vinculado a González. La imputación de Asúa, que se mantiene en el staff del banco y que solo dejará su cargo si los hechos de los que se le imputa se confirman, ha sorprendido más.

Anticorrupción también ha pedido que declare como investigado Eduardo Arbizu, quien hasta el pasado mes de julio ostentaba el cargo de responsable de regulación y control interno de BBVA, y fue destituido un día después de que el juez imputase formalmente a la entidad financiera por el caso Villarejo. Hay también otros tres directivos más.

En la nueva tanda de citaciones Anticorrupción pide que se cite a BBVA como persona jurídica, después de que se suspendiese la comparecencia inicialmente prevista por razones de agenda del juzgado y quedase pendiente de nuevo señalamiento por motivos relacionados con la defensa, de acuerdo a las fuentes consultadas.

Junto a los mencionados responsables de la entidad, la fiscalía ha pedido que se cite a personas del entorno de Villarejo ya investigadas en la causa y que participaron de una forma u otra en los contratos objeto de las pesquisas, 13 años de encargos por más 10 millones de euros y que iban desde supuestas tareas de espionaje para frustrar la entrada en el banco de la constructora Sacyr hasta frenar la presunta extorsión de Ausbanc, pasando por analizar la situación de morosos como Martinsa o Prasa.

En total, una decena de altos cargos del banco cuando se celebraron esos contratos han sido llamados a declarar como investigados en la Audiencia Nacional, incluido el que fuera consejero delegado Ángel Cano y el exjefe de seguridad, Julio Corrochano, de quien se presume era el interlocutor de Villarejo y para quien el juez impuso una fianza de 300.000 euros.