Nueve difíciles retos económicos para el futuro Gobierno

El Ejecutivo que salga de las urnas deberá hacer frente a la desaceleración económica y al mantenimiento del Estado del bienestar

elecciones 10 de noviembre
Caja con papeletas electorales. Europa Press

España encara su cuarta legislatura en poco menos de cuatro años con la atención puesta en la desaceleración global y los efectos que pueda tener de nuevo en la economía nacional. Esto llega con un Congreso cada vez más fragmentado por la irrupción no solo de nuevos partidos nacionales, sino también de unas formaciones regionalistas con cada vez mayor peso, y enervado por la incapacidad de formar Ejecutivo tras las elecciones de abril y por la inestabilidad política derivada de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés.

En este periodo, los distintos Gobiernos han permanecido en funciones 511 días –314 de Mariano Rajoy y 197 de Pedro Sánchez–, lo que ha paralizado las reformas estructurales. Los españoles y el mercado se han acostumbrado a la repetición electoral. Frente a esa inacción, prima la urgencia por desbloquear la parálisis política y por lograr un consenso para formar un Gabinete estable que logre sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado y que active las herramientas necesarias para hacer frente a una desaceleración económica cada vez más presente.

España ha dado carpetazo a la crisis económica y, sin embargo, los principales retos de sus finanzas y su tejido productivo son los mismos: una elevada tasa de paro, la reducción del ingente nivel de deuda pública y el cumplimento de la senda de estabilidad marcada por la Comisión Europea, y dar una solución definitiva que garantice la sostenibilidad futura del sistema público y el Estado del bienestar. También es urgente consensuar una reforma de la financiación autonómica, que es parte del conflicto catalán. A ello se suma el entorno de desaceleración económica internacional, favorecido por el auge de los proteccionismos comerciales; la búsqueda de una fiscalidad cada vez más verde, y la necesidad de un cambio en el modelo productivo.

Desaceleración. La XIV legislatura de la democracia española arrancará en un ambiente de enfriamiento de la actividad. El auge del proteccionismo comercial en economías como la estadounidense ha adelantado el final del ciclo, lastrando en especial a la economía de la zona euro, afectada por el parón alemán y penalizada meses atrás por la inestabilidad social en Francia y política en Italia.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que la economía global crecerá este año al 3%, seis décimas menos que en 2018, lo que supone el ritmo más lento desde la crisis financiera mundial. Dentro de la zona euro, España seguirá creciendo por encima de la media –reducida hasta el 1,2%–, si bien la economía nacional limitará su expansión al 2,1%, según el Gobierno. Unos cálculos que se antojan casi imposibles de cumplir tras la revisión quinquenal realizada por el INE y los datos avanzados ya de la evolución en el tercer trimestre del año –el PIB creció un 0,4% entre julio y septiembre–.

La evolución de los indicadores adelantados en España, como el PMI industrial –en su nivel más bajo desde 2013–, la ralentización de la creación de empleo y el debilitamiento del mercado hipotecario, entre otros, avanzan una desaceleración que los expertos tratan de calificar de suave.

Todo esto coincide con un momento de tipos de interés ultrabajos que ha permitido a países y empresas obtener financiación barata en los mercados y que está complementado, además, con la intervención en el mercado de deuda de bancos centrales como el Banco Central Europeo o la Reserva Federal de Estados Unidos, que han regado en los últimos años de liquidez al sistema. Una liquidez que se han visto obligados a mantener –el BCE acaba de volver al mercado con compras de deuda por 20.000 millones de euros– con el objetivo de reactivar las economías. Sin embargo, en los últimos meses los mensajes se centran en las peticiones a los países con mayor margen fiscal, como Alemania y Holanda, para que eleven su gasto público e impulsen el crecimiento.

Cataluña. Dos años después del procés, el conflicto catalán se ha recrudecido a consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo que condenó en octubre a penas de entre nueve y 13 años a los principales líderes independentistas e hizo prender la llama de las revueltas violentas en Cataluña. La judicialización del conflicto parece haber enquistado todavía más el problema y roto el diálogo, lo que dificulta la búsqueda de una solución negociada y la consecución de posibles pactos de gobernabilidad.

Si el pasado julio la formación independentista ERC, la fuerza más votada en Cataluña, se abstuvo en segunda votación para facilitar la investidura de Pedro Sánchez, no parece claro que ahora volviera a hacerlo. Máxime cuando el PSOE ha endurecido su postura sobre Cataluña tras anunciar que recuperará el delito de referéndum ilegal. Mientras, ERC busca sacar adelante una ley de amnistía y ha anunciado que no negociará con sus líderes en la cárcel. Pablo Casado se inclina por aplicar la Ley de Seguridad Nacional, prohibir por ley los indultos y reformar el Código Penal para incluir el delito de rebelión impropia, así como recuperar las competencias penitenciarias transferidas a Cataluña en 1983.

Pensiones. Equilibrar las cuentas de la Seguridad Social y hacer el sistema sostenible ante la avalancha de pensionistas del baby boom que empezará a llegar a mediados de la década es probablemente el mayor reto económico del futuro Gobierno. La Seguridad Social tiene un déficit acumulado en tres años de 50.000 millones. Y en la hucha de las pensiones quedan menos de 3.000 millones. Estos números rojos de más de 18.000 millones anuales están siendo sufragados con préstamos del Tesoro. Esto significa que los ingresos de las cotizaciones que pagan empresas y trabajadores, a pesar de que crecen a un ritmo cercano al 8%, no son suficientes para abonar las más de nueve millones de pensiones, cuyo coste avanza a un ritmo del 5% anual y crecerá más en los próximos años. A este delicado escenario se suma la polémica de cómo revalorizar las pensiones que ya paralizó los trabajos del Pacto de Toledo en la pasada legislatura. Así, recomponer este grupo de trabajo será también el principal reto del nuevo Parlamento.

Empleo. El ritmo anual de creación de empleo ha caído del 3% al 2,3%, según las últimas cifras de afiliación de octubre. La ralentización del mercado laboral es una evidencia en los últimos meses. La duda es si se trata de una desaceleración natural del ciclo económico u obedece a un agotamiento del mercado. Además, la calidad del nuevo empleo empieza también a resentirse con el freno en la contratación indefinida. Solo los salarios parecen haber iniciado una senda de clara recuperación, con alzas por encima del 2%, aupados por el incremento del 22% del salario mínimo. Las decisiones en materia de legislación laboral que tome el nuevo Gobierno condicionarán la reacción de las empresas a esta situación.

Financiación autonómica. El sistema de financiación autonómica lleva pendiente de renovarse desde 2014, arrastrándose aún el caduco de 2009, y el asunto ha sido señalado por los principales partidos políticos como una de las asignaturas clave para la nueva legislatura. El reparto anual de unos 110.000 millones de euros entre las autonomías requiere de un auténtico encaje de bolillos en busca de un modelo que proporcione a las regiones recursos suficientes, de forma equitativa y con la claridad mínima como para evitar que vuelva a convertirse de nuevo en un arma política arrojadiza. Las comunidades más ricas se quejan de aportar más de lo que reciben y las más humildes, de no tener fondos suficientes para sufragar sus servicios públicos, mientras que PSOE y PP han entrado en una batalla abierta en torno a la competencia fiscal entre regiones que promete centrar el debate de la negociación que se abra.

Deuda pública. Pese a haberse reducido en los últimos cinco años, tras alcanzar el récord del 100,4% del PIB, la deuda del conjunto de las Administraciones públicas sigue en el 97,38%. Un descenso criticado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que considera que se tenía que haber recortado en mayor medida dado el crecimiento por encima del 3% de la economía española de los últimos años y unos tipos de interés ultrabajos que lo facilitaban. De hecho, no hay visos de que esta ratio vaya a acelerar su reducción en los próximos ejercicios: la Comisión Europea calcula que en 2021 se situará aún en el 96% del PIB, muy lejos del 35,6% que suponía en los albores de la crisis económica.

Fiscalidad. España ha salido del brazo corrector de la Unión Europea al concluir 2018 con un déficit inferior al 3% (fue del 2,5%), pero Bruselas sigue vigilando de cerca sus cuentas y en la última carta remitida al Gobierno le exige que rebaje el déficit estructural en un 0,65%, frente al 0,1% previsto en su plan presupuestario de 2020, que se limita a recoger una nueva prórroga de las cuentas, aún vigentes, que legó Mariano Rajoy. El diseño de unos nuevos Presupuestos Generales para el próximo ejercicio será prioritario para el Gabinete que logre formarse tras los comicios de ayer. Según el Ejecutivo en funciones, España cerrará 2019 con una brecha de unos dos puntos entre sus ingresos públicos (equivalentes al 39,3% del PIB) y sus gastos (41,3%), que debe afrontar revisando su política tributaria y de inversiones en busca del equilibrio presupuestario. Sin embargo, aunque se lograra formar un nuevo Gobierno con celeridad, el trámite parlamentario promete retrasar, al menos hasta primavera, la aprobación (y efectos) de unas nuevas cuentas que el país necesita con urgencia para encarar la desaceleración y el resto de retos abordados en estas páginas.

Vivienda. Los fuertes repuntes de precios en los últimos años –los del alquiler han escalado un 50% en un lustro, según el Banco de España– y la ausencia de un parque público en alquiler explican, en parte, que hoy casi siete de cada diez desahucios sean a inquilinos y que España tenga una de las edades de emancipación más tardías de toda Europa: 29,3 años, según Eurostat. Ante el fuerte encarecimiento de las rentas en las principales ciudades del país, el PSOE opta por ceder suelo público a entes privados para que promuevan un parque en alquiler asequible, mientras que Podemos persigue limitar los precios de las rentas en los núcleos más tensionados y el PP y Ciudadanos apuestan por estimular fiscalmente a promotores, compradores y arrendadores para sacar más casas al mercado. Pero para que haya un cambio sustancial en el modelo de política de vivienda, es necesario un gran pacto de Estado entre las distintas fuerzas, algo que el actual clima de confrontación y falta de entendimiento hace muy complicado. Un pacto esencial sin el cual el rumbo que se quiera dar a la vivienda no podrá tener continuidad en el tiempo, cuestión imprescindible, pues la construcción residencial es lenta y no se culmina ni en una ni en dos legislaturas, y está profundamente disgregada entre los distintos niveles administrativos.

I+d+i. Pese al ligero impulso de los últimos años, la inversión en I+D+i sigue a la cola de Europa y en 2017 (último dato) solo supuso el 1,2% del PIB. Ello hace directamente imposible, según los expertos, alcanzar la meta comunitaria del 2% en 2020. Mientras que los socios europeos están apostando por un modelo productivo basado en la I+D+i para ganar competitividad y afrontar el futuro tecnológico, España no solo gasta poco, sino que ni siquiera ejecuta la mitad de lo presupuestado, y no siempre adecúa las inversiones a las necesidades del sector privado, según la Airef.

Las amenazas externas

Brexit. El futuro de la relación entre la Unión Europea y el Reino Unido aún es incierto tres años y medio después del referéndum británico que acordó la salida del país del bloque comunitario. Tras tres aplazamientos de la fecha de salida –prevista ahora para finales de enero– y la caída de Theresa May como primera ministra, su sucesor en el cargo, Boris Johnson, aspira a revalidar la victoria de los conservadores en las elecciones del próximo 10 de diciembre, una táctica que muchos ven arriesgada. El resultado de las urnas dirá si habrá un Parlamento menos fragmentado que consiga aprobar un acuerdo y, con él, todas las implicaciones económicas entre ambos bloques.

Aranceles. El proteccionismo comercial que adoptó como bandera el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a su llegada a la Casa Blanca, ha derivado en una turbulenta cruzada de aranceles con China y la Unión Europea. Pese a que el final de la guerra comercial entre Washington y Pekín aún está por dirimirse, los efectos se perciben ya a nivel global. Más allá, las tensiones arancelarias también han llegado a Europa, pendiente del desenlace de las sanciones por las ayudas recibidas por Airbus y Boeing.

Frenazo global. Las tensiones comerciales sumadas a la desaceleración económica han derivado en una ralentización de la economía mundial más fuerte de lo previsto, pero que descarta, por ahora, una recesión. Por lo pronto, los bancos centrales han puesto en punto muerto las subidas de tipos de interés, o la intención de hacerlo en un futuro cercano, para no penalizar la financiación a empresas y familias.

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