Seis inversores alemanes demandan a España ante el Ciadi por el recorte de las renovables
El Ejecutivo español acumula 35 arbitrajes en el organismo dependiente del Banco Mundial
Nueva demanda contra España en el Ciadi, organismo adscrito al Banco Mundial, por el recorte a las renovables. La compañía de energías renovables VM Solar Jerez junto a otros cinco demandantes alemanes han presentado un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). La demanda fue registrada el 4 de octubre y a ella se adhirieron, además de la citada WM Solar Jerez GmbH, M Solar Verwaltungs GmbH, Solarizz Holding Verwaltungs-GmbH, M Solar GmbH & Co. KG, Solarizz Holding GmbH & Co. KG, Dr. Helmut Vorndran. Los cinco son de nacionalidad alemana y están defendidos por el despacho de abogados Morgan, Lewis & Bockius, con sede en Fráncfort.
España suma ya 35 arbitrajes en el Ciadi por el recorte a las renovables. Los tres últimos presentados fueron de la belga Sapec el pasado 6 de agosto, de la luxemburguesa Canepa Green el 25 de febrero y de la danesa European Solar Farms el 21 de diciembre de 2018. España ya ha sido condenada en 11 laudos. Se trata de los arbitrajes de SolEs Badajoz (41 millones de indemnización); Nextera (290 millones); Antin (101 millones); Masdar (64,5 millones); Eiser (128 millones); Novenergia (53,3 millones); 9REN (41,7 millones), Greentech (39 millones); Demeter y Cube (33 millones); Infrared Environment Infrastructure (que reclamaba 92 millones), y Schwab-OperaFund (27 millones) . Entre todos, las condenas superan los 800 millones.
Pese a ello, el Gobierno no ha pagado ninguna indemnización. La Abogacía del Estado ha solicitado la anulación de todos los laudos favorables a inversores europeos al amparo de la comunicación de la Comisión Europea que en 2018 consideraba ilegales los arbitrajes de sociedades comunitarias. En casos como el de Nextera Energy, España puede alegar que las sociedades que presentaron la demanda son holandesas, aunque el inversor final sea de EE UU. Este acuerdo fue ratificado por 22 países miembros a principios de este año y no solo apoya a los Estados (el más afectado es España), sino que “obliga” a los mismos a solicitar la anulación de laudos derivados de arbitrajes acogidos a la Carta de Energía y otros tratados y a no pagar las indemnizaciones.
