El presidente de la SEPI dimite por su imputación en la venta de la mina de Aznalcóllar
Vicente Fernández abandona el cargo tras la reapertura del caso por la Audiencia de Sevilla
En una comparecencia en Algeciras, donde se ha reunido con empresarios para tratar las consecuencias del brexit y anunciar la autorización de un recinto fiscal en el Campo de Gibraltar, Montero ha dicho sobre Fernández que "en cuanto ha tenido conocimiento del auto ha puesto su cargo a disposición del Gobierno" y que la dimisión se "materializará en el próximo Consejo de Ministros".
Aunque la ministra no se ha pronunciado sobre la causa y ha indicado que dejarán "que la Justicia actúe", ha recordado que se trata de "un caso que se ha cerrado ya en dos ocasiones".
Montero ha subrayado que la causa judicial "forma parte de las actividades desarrolladas por esta persona en su etapa anterior" y que "nada tiene que ver con el desarrollo de su actividad actual".
Fernández, como ex secretario general de Industria de la Junta de Andalucía, es uno de los tres investigados a los que la Audiencia de Sevilla ha ordenado declarar tras reabrir la causa sobre la adjudicación de la mina de Aznalcóllar.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han indicado a Efe que la Sección Séptima ha estimado el recurso de apelación formulado por la otra empresa que se presentó al concurso, Emerita Resources, contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, que a principios de marzo archivó la denuncia penal sobre la adjudicación de la explotación de la mina a la agrupación empresarial México Minorbis.
La instructora decretó el sobreseimiento provisional y el archivo de la denuncia de Emerita Resources contra la Junta por prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude en la resolución del concurso público para adjudicar la explotación de Aznalcóllar al considerar que "los elementos objeto de controversia son cuestiones puramente administrativas".
Sin embargo ahora, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha ordenado la reapertura de la causa que investiga presuntas irregularidades de la adjudicación a la agrupación empresarial México Minorbis de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar en 2015, unas actividades extractivas que inicialmente se adjudicó el grupo Magtel.
En el auto la Sala ha aceptado estimar íntegramente el recurso de apelación interpuesto por la representación legal de la sociedad Emerita Resources y ha ordenado reabrir esta causa revocando así el auto de archivo que dictó el pasado mes de marzo la titular del Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla, la juez Patricia Fernández Franco.
De esta manera, el tribunal ordena prestar declaración al que fuera secretario la Consejería de Innovación, el actualmente presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, así como a Isidro L.M. y Mario L.M.. Igualmente, solicita a la Junta de Andalucía que informe a través de la UCO de la Guardia Civil de los cargos que ostentaban los miembros de la Mesa de Contratación y la Comisión Técnica tres meses antes de comenzar el procedimiento de licitación y los puestos que desempeñaron tras el mismo.
Así, la Sala estima un recurso que pedía la investigación de una presunta elección ilícita de la oferta de Minorbis-Grupo México que no cumplía los requisitos de las Bases del Concurso y que además era menos rentable económicamente para las arcas públicas, así como el presunto cohecho en tanto que determinados miembros tanto de la Comisión Técnica como de la Mesa de Contratación fueron ascendidos en fechas muy próximas al Concurso.
Igualmente, el recurso señala el presunto tráfico de influencias de Isidro L.M. y Mario L.M., a los que todavía no se ha tomado declaración,en virtud de las relaciones amistosas de los mismos con Vicente Fernández, "considerando igualmente que en la medida que las decisiones de la Comisión
Técnica y de la Mesa de Contratación se tomaban conjuntamente serían responsables todos sus integrantes, por lo que resulta ilógico que se cite como investigados a unos y a otros no".
Además, el recurso de Emerita Resources solicita que se investigue los presuntos delitos de encubrimiento, falso testimonio, falsedad y obstrucción a la justicia respecto de determinados escritos que constante el presente procedimiento se han presentado por determinados funcionarios
para favorecer la posición de la Administración.