El Congreso de la Abogacía “Independiente”

La precarización, la saturación de la oferta y el bloqueo institucional han incrementado el descontento en la profesión

El Congreso de la Abogacía “Independiente”

Los días 29 y 30 de noviembre se celebrará en Córdoba el Primer Congreso de la Abogacía Independiente, convocado por La Brigada Tuitera y Red de Abogados y Abogadas de España. El aforo está completo por el entusiasmo desatado y, aunque no podré asistir, esta es mi ponencia.

A mi juicio, tres son las causas del profundo descontento que genera tan desbordante movilización: la saturación de la oferta en el mercado de los servicios jurídicos, la laboralización masiva del sector con altos índices de precarización (abogacía low cost) y el bloqueo político de la abogacía institucional, que despoja de sus derechos políticos a la profesión por falta de elección directa del Consejo General de la Abogacía (CGAE) y su sometimiento al Congreso Nacional de la Abogacía (CNA) de su política reguladora y legislativa.

Esto genera una abogacía masivamente empobrecida sin horizontes de mejora y su impotencia acumulada para acceder a la gobernanza del CGAE, de elección diferida por los decanos, y actuar sobre el mercado de los servicios jurídicos, poniendo coto a posiciones de dominio o competencia salvaje y promover un mejor reparto de la demanda.

Este congreso, que pretende abordar la solución a los problemas señalados, organizando a la abogacía crítica y su acción política, dotándolas de identidad y autonomía, tiene, a mi juicio, dos problemas. El primero reside en que, objetivamente, divide a la profesión, al no ser de las entidades convocantes sino una vía orgánica alternativa de vocación universal. Esto no parece conveniente siendo el Estado tan poderoso y la profesión tan vulnerable. Máxime si se autodenomina “independiente”, como si no lo fuera toda ella, como si su débil economía la exonerara de prueba y como si la que no esté con ella no lo fuera. Demasiado injustificado en algo tan consustancial a toda la profesión, como para ocultar su carácter sectario.

El segundo problema radica en su inadecuada arquitectura, pues los convocantes no asumen su liderazgo, sometiendo previamente a los congresistas ponencias con análisis y objetivos determinados para su debate, enmienda y votación, sino que los exhortan a ponencia. Esto agita el descontento hacia una mera asamblea “caliente” de protesta, más que un congreso deliberativo de reflexivas soluciones.

De modo que, o no saben adónde dirigirlo, condenándolo a una posición antisistema tan inocua como frustrante, o lo esconden para descubrirlo allí como fruto del debate, seguros de su éxito ante un público entregado a la exaltación del descontento. Lo que, aparentando más democracia, la secuestra.

Propuestas

Ignoro lo que pretenden, pero estas son mis propuestas a considerar por el congreso de la abogacía, que yo llamaría “del cambio”. Por un lado, la defensa cerrada de la autorregulación colegial reconocida como autoridad reguladora del mercado de los servicios jurídicos, independiente del regulador común del Estado, con competencia disciplinaria, competencia inspectora de las relaciones laborales en despachos y colegiación obligatoria. Asimismo, la elección directa del CGAE por toda la abogacía, integrando en él con los decanos un senado de mero consejo, a estudiar. Y obligado sometimiento de su política normativa a congresos deliberativos (CNA).

Otra de las propuestas consiste en elevar el Código Deontológico a Ley de la Leal Competencia de la Abogacía, con definición de prácticas de “dominio del mercado” y de “competencia salvaje” (low cost) y modos de disolverlas. Además, la extensión de la legislación laboral básica (salario mínimo) a las relaciones laborales de los abogados en despachos, con promulgación de convenio estatal arbitrado por el Consejo si no hay acuerdo entre las partes, con salarios dignos.

Otra proposición es el proyecto de nuevo turno de oficio público (despachos clínicos Estado/Colegios) asistido por profesionales laboralizados y dignamente remunerados. Y convertir el itinerario de acceso a la profesión en uno de los más exigentes de Europa. No habrá muchas ocasiones para avanzar con tanta fuerza por un camino tan claro. Pero cuidado con renunciar al punto primero: el Estado y su regulador común jamás nos darán el resto.

Rafael del Rosal García es abogado.

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