La falta de Gobierno deja en el aire la licencia de la mitad de los contratistas del Estado

8.000 firmas van a perder su permiso el 1 de enero por una ley de 2015 y Hacienda ultima un decreto urgente para solventar la situación antes

Obras de construcción de un puente.
Obras de construcción de un puente.

La incapacidad de los partidos políticos españoles para consensuar la formación de un nuevo Ejecutivo tras los comicios del 28 de abril, que ha terminado derivando en una repetición electoral prevista para el 10 de noviembre, amenaza con dejar en el aire la licencia de la mitad de las empresas clasificadas como contratistas públicas. En concreto, la autorización de unas 8.000 compañías para optar a contratos de la administración expirará el próximo 1 de enero, en virtud de una norma de 2015. El Gobierno en funciones ultima ahora un real decreto ley de urgencia para tratar de solventar la situación antes de fin de año. Su tramitación correrá a cargo ya de la Diputación Permanente del Congreso, pues las Cámaras del Parlamento quedarán disueltas hoy.

El problema deriva del real decreto 773/2015, de 28 de agosto, que modificó los términos y condiciones bajo los que se concede la licencia de contratista de obras y servicios para las administraciones públicas. Estas licencias acreditan el grado de solvencia de cada compañía para ofrecer una determinada labor a la administración en función del ámbito y la cuantía del proyecto.

Para dar tiempo a las empresas a lograr el nuevo permiso, la norma estableció un periodo transitorio de adaptación que culmina el 1 de enero de 2020. Ese día expirarán automáticamente las licencias antiguas –las concedidas antes del decreto- que no hayan sido renovadas. El problema, según ha constatado la administración, es que a tres meses de la fecha límite el grueso de compañías no ha dado los pasos necesarios aún para actualizar su autorización. Y aunque todas dieran el paso ahora, el Estado no tiene medios para tramitar a tiempo las miles de solicitudes pendientes.

En concreto, según los datos manejados por el Ministerio de Hacienda, faltan por renovar su licencia más de 3.000 contratistas de obras, el 53% del total de los autorizados actualmente, y más de 4.600 de los de servicios, el 63% de todos.

“Esta situación está dando lugar a día de hoy, en primer término, a un considerable incremento en el número de solicitudes de revisión de clasificaciones, pero, sobre todo, supone que es previsible una extraordinaria acumulación de solicitudes en los últimos meses de 2019, como consecuencia de esa ausencia de escalonamiento a lo largo del período transitorio transcurrido”, exponen desde Hacienda.

“Para evitar que el previsible aluvión de solicitudes de revisión que se presenten al final del periodo transitorio supere las capacidades de tramitación de expedientes”, argumenta, Hacienda ha iniciado un procedimiento de audiencia e información pública para tramitar una solución “de urgencia”.

Se trata de impulsar un real decreto ley que, al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, alargue automáticamente los plazos. Para evitar que el aplazamiento se limite a trasladar el problema actual al futuro, el Ministerio ha ideado un proceso gradual que incentive una solicitud escalonada de las nuevas licencias. En concreto, el plazo se alarga un año, hasta el 1 de enero de 2021, para las empresas que optan a recibir contratos de obras de más de cinco millones de euros o de servicios por más de 1,2 millones, y en dos años, hasta el 31 de diciembre de 2021, para las compañías que optan a contratos de cuantía inferior, a fin de dar mayor margen a las pymes que a las grandes firmas.

“Si no se produce esta modificación, se sobrepasarían con extraordinaria amplitud la capacidad de tramitación de expedientes de clasificación de los órganos de apoyo de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado produciendo un colapso con efectos negativos para la Administración Pública y para las empresas y operadores económicos afectados”, advierte el análisis de impacto normativo elaborado por Hacienda.

El Ministerio que dirige en funciones María Jesús Montero considera además que no hay margen para otras alternativas. “Cabe señalar que un hipotético reforzamiento de esa capacidad de tramitación (por ejemplo incrementando extraordinariamente la plantilla dedicada a ello) resulta prácticamente imposible”, expone, ya que los encargados de repartir estas licencias deben tener los poderes administrativos correspondientes y contar con los conocimientos técnicos específicos para ello. La falta de Gobierno que encarase el problema exige ahora una solución de urgencia.

El fisco revisará cuánto tabaco y alcohol exento llevar en un avión

Consulta pública. En paralelo al real decreto ley que Hacienda ultima con carácter urgente para impedir que miles de contratistas públicos pierdan su licencia, el Ministerio acaba de iniciar un procedimiento de consulta pública previa sobre la normativa que regula la cantidad de tabaco y alcohol exentos de impuestos que pueden subirse a un avión o un barco. El departamento que dirige en funciones María Jesús Montero explica que una directiva europea de 2008 permite a los Estados miembros diseñar estos umbrales de exención de tributos hasta que Bruselas no impulse una regulación común para todos los socios comunitarios. La regulación afecta a al tabaco y las bebidas alcohólicas vendidas en aviones con destino internacional (que no sean aeronaves privadas de recreo) y a barcos con rutas globales que realicen al menos 48 horas sin escalas, así como a las tiendas libres de impuestos de puertos y aeropuertos. Hacienda se dispone ahora a actualizar las cuantías concretas que pueden adquirirse a bordo o en estos puntos libres de impuestos. Aunque entre países de la UE no hay límite si el uso es personal, hoy se puede entrar a España desde fuera de la zona común hasta con 200 cigarros y un litro de alcohol de alta graduación.

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