Díaz-Canel respalda a Meliá en la apertura de su último hotel en Cuba
Escarrer confía que el derecho internacional prevalecerá en las demandas que afronta por los hoteles sobre terrenos expropiados por el castrismo
Meliá ha inaugurado esta mañana en Cuba el Melia International Varadero, su último establecimiento en la isla, con 946 habitaciones, 18 restaurantes y 15 bares. Pero no ha sido una apertura cualquiera. El acto se ha producido en mitad de las demandas que la hotelera está recibiendo por parte de particulares y empresas de Cuba, amparándose en la ley Helms-Burton, reclamando la propiedad de los terrenos nacionalizados por el régimen de Fidel Castro en 1959.
A la inauguración acudió el presidente de Meliá, Gabriel Escarrer Juliá, y el consejero delegado de la firma, Gabriel Escarrer, que estuvieron acompañados por el presidente cubano Miguel Díaz-Canez y el ministro de Turismo, Manuel Marrero. “El hotel es toda una declaración de intenciones sobre lo que Cuba representa en el panorama turístico internacional. El país reúne todo lo que el viajero actual más diverso y exigente que nunca puede demandar de un destino”, resaltó el consejero delegado de Meliá.
Frente a las demandas recibidas, Escarrer confió en que el derecho internacional prevalecerá. “Cuba es parte de nuestro ADN, y está sin duda íntimamente arraigada en nuestra historia”. De hecho, la cadena salió victoriosa de la primera demanda que le presentó en España un particular damnificado por las nacionalizaciones realizadas por el gobierno castrista. En concreto, la demanda fue presentada ante un juzgado de Palma de Mallorca por los herederos de Rafael Lucas Sánchez Hill, que fue dueño de la finca azucarera Santa Lucía, expropiada en la provincia de Holguín. En ese terreno están en la actualidad los hoteles Paradisus Río de Oro y Sol Río de Luna y Mares, ambos propiedad de la empresa estatal Gaviota y gestionados por Meliá.
La hotelera balear no es la única española que ha sido demandada. El despacho de abogados Rivero Mestre LLP presentó en junio un recurso en una corte federal de Miami contra los grupos hoteleros Cubanacán, Gaviota y Gran Caribe, cuyos hoteles eran regentados por las cadenas hoteleras Accor, Barceló, Blue Diamond e Iberostar.
