Tolo Gomila: “Los hoteleros serán los mayores inversores en pisos turísticos”

“Los fondos buitre no son los responsables de la subida del precio del alquiler de la vivienda en España”

Tolo Gomila, presidente de la Federación Española de Asociaciones Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur)
Tolo Gomila, presidente de la Federación Española de Asociaciones Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur)

Ocupa la presidencia de la Federación Española de Asociaciones Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur) desde enero de 2018. En el año y medio que lleva en el cargo han pasado demasiadas cosas, y casi ninguna buena, relacionada con los pisos para turistas. La proliferación de esas casas y sus inquilinos en los cascos históricos de ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Palma de Mallorca despertó el fenómeno de la turismofobia. A renglón seguido, los ayuntamientos se pusieron manos a la obra y aferrándose a sus competencias urbanísticas aprobaron leyes restrictivas, como el caso de Madrid, que ilegalizaba el 85% de las viviendas turísticas (la llegada del PP a la alcaldía puede acabar con esa norma). En paralelo, el precio del alquiler se disparó en España (el Banco de España ha certificado una subida media del 50% en los últimos cinco años) y las miradas se centraron en los pisos para turistas y en el apetito inversor de los fondos buitre para hacerse con grandes bolsas de vivienda. Gomila, cuya federación está compuesta por 23 asociaciones y representa a 186.000 casas, cree que la clave está en clarificar las dudas normativas sobre qué es una vivienda turística y qué no lo es y armonizar la disparidad de leyes que existe en comunidades autónomas y ayuntamientos.

Dieciocho meses después de llegar a la presidencia de Fevitur y tras un aterrizaje nada suave, ¿cómo valora la actual situación que viven los propietarios de viviendas turísticas y cuál cree que es la clave para normalizar esa situación?

El principal reto es la normalización normativa. El principal cambio en España se produjo entre 2007 y 2008 con el fenómeno disruptivo de la entrada en el mercado español de plataformas como Airbnb o HomeAway. De esta manera se puso en marcha un modelo inédito, digitalizado y desintermediado. En realidad era muy similar al que se produjo cuando surgieron las lowcost como EasyJet o Ryanair y las aerolíneas de bandera se encontraron con una amenaza permanente que antes no existía. Lo que ocurrió en este último caso es que el usuario puso a cada uno en su sitio: las aerolíneas de bandera se transformaron, especialmente en el diseño y la operación de sus recorridos de corto y medio alcance.

“A los propietarios de casas vacías hay que seducirles para alquilarlas, no penalizarlos”

¿Cree que una transición similar se va a producir en el caso de los pisos para turistas?

Creo que estamos todavía en la primera fase. Ha llegado una disrupción y lo que hay ahora mismo es caos administrativo y legislativo. Lo que sí creo es que existen palancas para hacer esa integración más rápida y mejor. La más importante ha sido el modelo 179 de la Agencia Tributaria, que obliga a los propietarios de pisos turísticos a tributar por los ingresos que perciben. También ha sido muy relevante la obligación de que los inquilinos cumplimenten las fichas de seguridad cuando se alojen en una vivienda y la eliminación de la reducción del 65% para la declaración del IRPF. Otra medida que va ayudar es el decreto que rompe la unanimidad de las comunidades de vecinos para condicionar la presencia de viviendas de uso turístico, fijando un porcentaje de tres quintos.

Sin embargo aún existe un volumen muy elevado de vivienda ilegal y la disparidad normativa ha generado un frente judicial entre los propietarios, las administraciones públicas y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). ¿Cuáles cree que deben ser los siguientes pasos a dar?

Quedan dos grandes cosas por hacer. La primera es crear un registro nacional de viviendas turísticas digitalizado. Sería un registro único y público, de tal manera que toda la oferta fuera legal y dispusiera de licencia de actividad. La segunda sería establecer una definición en la Ley de Arrendamientos Urbanos de lo que es la vivienda turística para unificar criterios y evitar la disparidad entre comunidades autónomas. La clave es determinar qué es economía colaborativa y qué es actividad económica y eso solo lo puedes delimitar por los días de alquiler. Hay que fijar la obligación para las viviendas turísticas de obtener licencia administrativa. Así se evitaría el 65% de la carga judicial.

Los hoteleros se han mostrado especialmente críticos con los efectos que han generado las viviendas turísticas en algunos municipios, como la turismofobia, la subida de precios del alquiler o la estigmatización de la industria como generador de bienestar.

Hay que ser extremadamente cauto a la hora de hablar de turismofobia. Lo que hay que hacer con la vivienda turística es regularizarla, fiscalizarla y eliminar la oferta ilegal. En ciudades como Madrid, Palma de Mallorca o Valencia no se ha hecho política, tan solo hay sesgo ideológico. Creo que las grandes cadenas hoteleras son la principal palanca exógena que hay para normalizar el sector. De hecho, el sector hotelero se está convirtiendo y va a ser el principal inversor en viviendas turísticas. Ahí está la entrada en este segmento de gigantes como Marriott, Hyatt o Accor o de Hotusa o B&B, Room Mate o Grupo Piñero en España.

"Los municipios utilizan las casas para turistas como escudo para ocultar una pésima política de vivienda"

Pero es verdad que han subido los precios del alquiler y que al mismo tiempo se ha producido la entrada masiva de los denominados fondos buitre para comprar grandes paquetes de vivienda para alquilar.

Los propietarios de las viviendas turísticas no son los responsables de la subida de precios del alquiler. En Madrid hay censadas 10.854 viviendas turísticas, el 85% están situadas en el centro y apenas suponen el 0,79% del parque residencial. Los fondos buitre tampoco son los responsables. Uno de los más importantes, Blackstone, solo tiene 53.000 viviendas y detrás del 95% de las viviendas están los pequeños propietarios. En realidad si ha habido algún culpable son los ayuntamientos que han utilizado los pisos turísticos como escudo para ocultar una pésima política de vivienda.

¿Cuál cree que ha sido la principal carencia?

La gestión de las casas vacías. Si una parte de esas viviendas se pusieran en el mercado se acabaría con el alza de precios y la falta de oferta. No hay que penalizar a los propietarios de viviendas vacías; hay que seducirlos para alquilarlas con incentivos fiscales. Solo en Madrid hay 85.000 viviendas vacías. Hay que incrementar la oferta para bajar los precios. Todo lo contrario ha ocurrido en Palma de Mallorca: la oferta ha decrecido un 53% y los precios han subido un 27%.

 

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