Baleares, la primera autonomía que multa a Airbnb con 300.000 euros

Levanta un expediente sancionador por 20 viviendas que no están dadas de alta

La plataforma advierte que las familias perderán 100 millones en ingresos

Baleares se ha convertido en la primera comunidad autónoma que abre un expediente sancionador contra Airbnb. En concreto ha anunciado una sanción de 300.000 euros para la plataforma de economía colaborativa por comercializar viviendas en alquiler que no estaban dadas de alta en el registro que ha habilitado el Ejecutivo balear para tal fin.

La nueva ley de turismo de Baleares, en vigor desde el pasado mes de julio, establece que sólo podrán alquilarse aquellas que cuenten con número de registro y que además estén situadas en las zonas habilitadas para tal fin. El Gobierno ha establecido límites en determinadas zonas, en las que considera que la oferta de alquiler es muy escasa y en las que la subida de precios ha provocado un efecto expulsión de los vecinos. La norma establece sanciones de entre 40.001 y 400.000 euros para las infracciones calificadas como muy graves.

De este modo, la autonomía presidida por Francina Armengol sigue la estela del ayuntamiento de Barcelona, presidido por Ada Colau, que fue la primera administración que impuso la primera sanción a Airbnb (600.000 euros). De hecho amenazó con una segunda multa que tuvo como consecuencia la retirada de más de 2.300 anuncios que no estaban dados de alta. Airbnb anunció en un comunicado que recurrirá la sanción y que los grandes perjudicados por esta decisión son las familias de Baleares. “Es una multa contra las familias locales que comparten su hogar y que ganan 100 millones de euros al año con esta actividad. Las leyes autonómicas deberían ayudar a distribuir los beneficios del turismo entre las familias,en lugar de mantenerlos en manos de unos pocos”. El acta que certifica la infracción que motiva este expediente fue levantada el 1 de febrero de 2018, y contiene en sus anexos 20 viviendas turísticas consideradas como oferta ilegal.

La única administración con la que ha cerrado un acuerdo Airbnb ha sido Andalucía. La pasada semana hicieron oficial el pacto que obligará a partir de mayo a todas las personas que quieran alquilar su vivienda a través de la plataforma en esa comunidad a registrarla previamente. Con ese procedimiento obtendrán el número de registro que reclama el Ejecutivo andaluz para llevar un censo oficial de viviendas.

En el horizonte, sin embargo, asoma un riesgo aún mayor. En octubre tendrán que ceder a Hacienda los datos de los clientes que han alojado en el tercer trimestre y en diciembre los del resto del año. Airbnb rechaza ceder cualquier información de sus clientes y se ampara en que no intermedia entre el casero y el inquilino y que lo único que hace es cobrar una comisión, con lo que es un operador neutral.

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