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El riesgo político hunde a mínimos el bono de WiZink y bloquea su posible OPV

Dudas regulatorias pesan sobre el modelo de negocio de la entidad; la salida a Bolsa se estudiará en 2020 cuando se aclaren las incertidumbres

WiZink pulsa en la foto

Es la tormenta perfecta para el sector bancario. Las entidades clásicas sufren los bajos tipos de interés en sus márgenes de intermediación. Las más innovadoras, como WiZink, se ven amenazadas por la regulación.

Los inversores en los bonos que el banco online emitió hace justo un año están preocupados por la sostenibilidad de su modelo de negocio. El precio de esta deuda ha caído un 12% desde marzo y marca mínimos por debajo del 90% sobre el nominal.

La inestabilidad normativa, ante una oleada de sentencias desfavorables contra la entidad que invocan la ley de usura, disparan la desconfianza y complican su posible salida a Bolsa en 2020. También la posibilidad de un Gobierno con Podemos que impulse una regulación específica con tipos de interés máximos en los préstamos es otro riesgo.

Desde la entidad explican que “las principales métricas continúan sólidas, tal y como se demuestra en los resultados financieros del primer trimestre; todas ellas deberían proporcionar seguridad a los tenedores de bonos”. “No obstante, somos conscientes de que existe cierta presión sobre el precio [del bono], seguramente derivada de las preocupaciones acerca del entorno regulatorio del país, consecuencia de la situación política y el entorno legal”, reconocen.

El nuevo consejero delegado de WiZink, Miguel Ángel Rodríguez Sola, no ha sido un revulsivo para la cotización del bono. El directivo, procedente de Boston Consulting Group (BCG) y tras haber pasado por Lloyds, donde fue director de su división digital, y Santander, ha tomado las riendas con el objetivo de convertir WiZink en una “plataforma digital líder en soluciones financieras”, según comunicó la firma. Fuentes conocedoras de su contratación señalan que también fue elegido por su perfil, adecuado para poner en marcha una eventual operación corporativa.

La entidad está a la espera de que se resuelva la controversia de la clave de bóveda de su negocio: los préstamos que concede a través de sus tarjetas con intereses que rondan el 24%.

La aplicación de la ley de usura, que data de 1908, está siendo un quebradero de cabeza para la entidad. En esencia, esta norma se resume en que “será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquel leonino”. Un fallo del Supremo en noviembre de 2015 dio el pistoletazo de salida a la polémica, al anular una línea de crédito al 24,6%, por ser “más del doble del interés medio de los créditos”. Esto ha sentado jurisprudencia y la gran mayoría de los tribunales dan la razón a los clientes cuando reclaman por intereses usureros. Con 1.600 reclamaciones a lo largo de 2018 y del primer trimestre de este año, el importe que el banco ha reservado por si los litigios tienen un final infeliz para él ascendía a 22,8 millones de euros a cierre del pasado marzo.

El banco es optimista. “WiZink y sus asesores legales están totalmente convencidos de que los contratos de crédito de las tarjetas de crédito no son usureros”, asegura la entidad en uno de los folletos de emisión de un fondo de titulización que se nutre de sus préstamos.

Sin embargo, aún falta que se pronuncie el Supremo sobre esta cuestión en concreto, puesto que WiZink aduce que debe tomarse como referencia la estadística de créditos a través de tarjetas de crédito que publica el Banco de España, en el 19,81% a junio. La línea de crédito sobre la que versa la sentencia de hace cuatro años se concedió en 2001, cuando no existían cifras del precio de los préstamos concedidos con tarjetas.

Este factor, pero también las aspiraciones de precio al que el dueño del banco, el fondo estadounidense Värde, dueño del 100% del capital, hicieron que la OPV no pasara de sus primeras fases y se paralizara, como publicó CincoDías el pasado 26 de marzo.

Värde compró el 51% del negocio de tarjetas a Popular en 2014, que ya había adquirido el negocio de tarjetas a Citi. La firma, que pasó a denominarse WiZink en 2016, cerró la compra de Barclayscard en noviembre de ese año. En marzo de 2018, Santander, el propietario del 49% de WiZink debido a la absorción de Popular en junio de 2017, decidió vender ese porcentaje a la gestora de fondos de capital riesgo por unos 1.100 millones. Värde diseñó la fórmula para financiar la transacción. Emitió en agosto de 2018 bonos high yield por 515 millones de euros.

La posibilidad de fijar un límite como en Portugal

Financiación. Las tarjetas que permiten emplear dinero a crédito son una fórmula habitual en todos los países occidentales. Los expertos consideran que lo más probable es que el Supremo dé la razón a la banca, una vez haya juzgado un caso concreto de supuesta usura vinculada a un préstamo concedido por tarjeta de crédito. Cierto es que en algunos países, como en Portugal, existen límites, publicados por el supervisor del país con carácter previo; allí los intereses de las tarjetas tienen un máximo fijado de antemano. Para el actual tercer trimestre es del 16,1%. El mercado teme que un Gobierno en España apoyado por Podemos pueda llegar a plantear esta cuestión.

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