Los deberes de España (y no solo de vacaciones)
La falta de productividad es el principal reto de la economía española para el futuro
Últimamente hemos recibido algunas buenas noticias sobre nuestra economía: salida del procedimiento de déficit excesivo en el que nos encontrábamos, la aceleración del PIB en 2019, el aumento de cotizantes y la reducción de la tasa de paro. Parece, por tanto, que podríamos irnos de vacaciones tranquilos.
Sin embargo, también hemos recibido el boletín con las notas que cada año nos da la Comisión y el Consejo Europeo. En ella nos evalúan y señalan algunas de las flaquezas a corregir si queremos estar preparados para los desafíos de los próximos cursos, es decir, nos ponen deberes. Las recomendaciones reflejan que, pese a los buenos resultados alcanzados, algo no funciona bien. Las propuestas se dirigen a corregir desequilibrios importantes en distintas dimensiones. En primer lugar, preocupa el excesivo endeudamiento, en particular del sector público. Las inquietudes se derivan de las dificultades para reducir el déficit estructural tanto por la incertidumbre de los ingresos futuros asociados a un escenario de menor actividad, como por posibles giros en la política presupuestaria.
El mercado de trabajo también está en el centro de las recomendaciones. Aunque la tasa de paro se ha reducido sustancialmente, todavía es muy elevada en el contexto europeo, particularmente el paro de larga duración. Sigue existiendo gran dualidad en el mercado de trabajo, con un porcentaje muy elevado de contratos temporales que van asociados a precariedad laboral. En 2018 el 26,9% de los asalariados en España eran temporales, frente al 14,1% de la Unión Europea, el 12,6% alemán o el 5,4% del Reino Unido. El porcentaje de temporalidad está además aumentando, ya que en 2013 era del 23,2%. Este desequilibrio supone un reto para la eficiencia económica y para la inclusión social.
El sector privado, hogares y empresas, ha reducido su endeudamiento y ha mejorado su situación. Eso sí, existe un conjunto importante de empresas con reducida rentabilidad y eficiencia, las llamadas empresas zombis, que lastran el avance de la productividad agregada. Por ejemplo, según el Banco de España, algo más de una de cada cuatro empresas españolas (el 26,1%) tuvo rentabilidad ordinaria del activo negativa en el primer trimestre de 2019, es decir, presentó pérdidas operativas que contrastan con la favorable coyuntura económica. España necesita medidas que faciliten la reasignación de factores productivos, de forma que las empresas más ineficientes pierdan peso o incluso salgan del mercado y que aparezcan nuevas empresas en sectores emergentes que dinamicen el crecimiento de la productividad. La existencia de barreras al crecimiento empresarial es otro de los deberes que se nos pone desde las instituciones europeas.
La falta de innovación, de I+D y lo que se conoce como brecha digital es otra de nuestras asignaturas pendientes. El gasto en I+D –público y privado– en España es reducido en comparación con otros países. Además, España está quedándose rezagada en la difusión de la economía digital, con escasa relevancia en el desarrollo de las tecnologías emergentes (inteligencia artificial, aprovechamiento del big data, el internet de las cosas, etc.). En este sentido, el Consejo y la Comisión Europea señalan el grave problema del que adolece España por la falta de trabajadores formados en todas estas dimensiones. Precisamente el índice DESI, publicado recientemente por la Comisión Europea, señalan que mientras en el resto de las dimensiones de la economía digital España se sitúa en valores similares o superiores al de la media de la UE, en el capital humano nos encontramos casi un 10% por debajo. Urge mejorar el porcentaje de la población especialista en TIC y en competencias asociadas.
Los requerimientos de reformas estructurales también señalan a la existencia de problemas regulatorios. Se constata que existen barreras al mercado interior de productos y servicios, impidiéndose que las empresas puedan ganar eficiencia gracias a las economías de escala derivadas de operar en mayores mercados. De hecho, desde el Consejo se reclama una aplicación más decidida de la Ley de Unidad de Mercado y la eliminación de restricciones a la prestación de servicios, particularmente los servicios profesionales (servicios jurídicos, de ingenieros, arquitectos, etc.), como corrobora un estudio para la CE que coordinamos recientemente.
Existen, por tanto, problemas de fondo en nuestra economía que se derivan del funcionamiento no eficiente de nuestros mercados de bienes y servicios, de trabajo, y en nuestra estructura productiva. En definitiva, son todo señales de la falta de productividad. Este es, en nuestra opinión, el principal reto para el futuro y donde tienen que incidir las reformas estructurales. Sin aumentos de productividad será difícil tener un crecimiento equilibrado, sostenible e inclusivo para el futuro.
Es posible que en estos últimos cursos nos haya ido bien, pero si las incertidumbres en el entorno económico internacional se materializan volveremos a sufrir la dureza de la crisis. Estamos a tiempo de aplicarnos en nuestros deberes de vacaciones para reforzar los aspectos en los que flaqueamos, es decir, implementar y acelerar las reformas estructurales que nos permitan mejorar la productividad.
Una pregunta clave es si esta es la prioridad de nuestra clase dirigente y si este es un tema que se considera en el debate político actual como ocurre en otras economías europeas. Es el caso de países como Reino Unido, aquejado de graves problemas de productividad y donde académicos, políticos y otros estamentos están aunando esfuerzo en encontrar soluciones a un deterioro de la productividad, también muy preocupante, que se alarga ya más de una década.
Juan Fernández de Guevara / Ana Rincón Aznar. Ivie y Universidad de Valencia / National Institute of Economic and Social Research (NIESR)