Infraestructuras

El puerto de A Coruña urge un pacto entre Administraciones para soportar su deuda

Los ingresos extraordinarios no llegan ante el bloqueo a la venta de suelo del puerto viejo

Puerto A Coruña pulsa en la foto

Recién construido y con la mayor porción de suelo industrial excedentario del litoral español, el puerto de A Coruña se enfrenta a una compleja situación financiera. Tras una inversión de 750 millones en el nuevo puerto exterior (Punta Langosteira), que fue soportada con capital propio (200 millones), fondos europeos (270 millones) y deuda (330 millones entre BEI y Puertos del Estado), a la Autoridad Portuaria le han llegado la caída de importantes clientes y el bloqueo a las desinversiones programadas para amortizar los préstamos.

Desde el comienzo de la recuperación económica, en 2014, el puerto sube de 11,9 millones de toneladas anuales hasta 15,7 millones en 2018. Los ingresos, por su parte, crecen desde los 23 millones a casi 32 millones de euros en el mismo periodo. Pero este esfuerzo no es suficiente.

Naturgy, histórico inquilino del puerto coruñés, deja de mover entre 1 y 1,5 millones de toneladas de carbón con el cierre de la central térmica de Meirama. Y a esta pérdida de actividad se suma el medio millón de toneladas que generaba la planta de Alcoa, en proceso de venta, entre la alúmina, bauxita y coque.

La infraestructura coruñesa se resiente ante la caída del carbón que deja de consumir Naturgy y la crisis de Alcoa

Se esfuma más de un 10% del volumen de mercancías, mientras no hay noticia del prometido proyecto de llegada del ferrocarril al nuevo puerto (unos 140 millones de inversión), básico para atraer actividad.

Entre estos nubarrones, la Autoridad Portuaria acelera su acción comercial en busca de inversores dispuestos a asentarse en Punta Langosteira. Entre las opciones barajadas figuran la atracción de nuevos graneles relacionados con el sector energético (petróleo y coque, esencialmente), la creación de un polo productivo para la energía eólica off shore, el impulso de una iniciativa para el blending de petróleos, la salida de piedra natural, el mantenimiento de buques, achatarramiento de grandes piezas metálicas, la gestión de resíduos, construcción de cajones para otros puertos, o la gestión de grandes volúmenes de productos agroalimentarios, entre otras. Quedaría para el puerto interior básicamente la pesca y la gestión de cruceros, como princicipal destino de la cornisa cántabro-atlántica.

Muchas de ellas son actividades que no quieren otros puertos situados en ámbitos urbanos, lo que es una oportunidad para la plaza gallega. La Autoridad Portuaria mantiene contactos con inversores de medio planeta, destacando el interés del capital chino, y de otros puertos españoles.

Vista aérea del puerto exterior o Punta Langosteira.
Vista aérea del puerto exterior o Punta Langosteira.

Mientras cristaliza la llegada de nuevas terminales en concesión, Repsol y Oil Deposit Corunna (ODC) han comprometido 200 millones en inversión privada. Pero la Autoridad Portuaria tenía previsto explotar una vía de captación de ingresos extraordinarios, a partir de la venta de suelo e inmuebles, para atender el servicio de la deuda. Una solución que, a día de hoy, está bloqueada.

El proyecto de Langosteira fue concebido para evitar el impacto ambiental de la actividad industrial del puerto interior en el corazón de la ciudad. Desde su puesta en marcha en 2014, el 70% de la actividad procede de la antigua infraestructura, y la Autoridad Portuaria cuenta ya con parte de los 350.000 metros cuadrados en muelles que serán liberados. Ese suelo fue tasado en 250 millones, pero no hay consenso sobre su uso.

Los terrenos del puerto viejo figuran en el plan general de ordenación urbana y existe un convenio fechado en 2004 para su aprovechamiento. Pero tanto el anterior gobierno municipal de En Marea, como el actual del PSOE, apuestan por revisar la particular Operación Chamartín de A Coruña.

El puerto también es propietario del hotel Finisterre, único cinco estrellas de la ciudad, y que tampoco pudo vender pese a contar con una oferta. Su tasación, según estimaciones que corren por el inmobiliario coruñés, alcanza los 10 millones.

Los 350.000 metros cuadrados que quedarán libres están tasados en 250 millones, pero no hay consenso sobre uso

Ante la imposibilidad de hacer caja, la Autoridad Portuaria espera una vía alternativa de entrada de fondos. La Xunta y el Ministerio de Fomento, en la etapa de Íñigo de la Serna (PP) como ministro, avanzaron hacia un acuerdo para la creación de un organismo que se quedara con la titularidad del suelo de los muelles en vías de desmantelamiento. La administración autonómica gallega se comprometió a poner 20 millones, todo un balón de oxígeno para la Autoridad Portuaria.

A día de hoy no hay noticia sobre ese acercamiento y la deuda, de 104 millones con el BEI y de 200 millones con Puertos del Estado, aprieta. Incluso se reclama un trato igualitario respecto a otros puertos a la vista de la solución que ha comprometido el Gobierno para liquidar la deuda del Consorcio Valencia 2007. Esta última, participada por las administraciones central, autonómica y local, fue creada para la modernización del puerto levantino con el fin de acoger la Copa América y tiene el compromiso del Ejecutivo central (articuló una Disposición Adicional Específica en los Presupuestos Generales del Estado de 2019) de ver condonada su deuda: 373 millones con el ICO y el Tesoro Público. Desde Galicia se va a reclamar paella para todos.

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