Es necesario poner puertas fiscales al campo digital, pero no unilateralmente

Tanto la OCDE como la UE deben trabajar a la par para construir un sistema impositivo global, eficiente y equitativo

El Gobierno en funciones aseguró ayer que no ha recibido amenazas comerciales o diplomáticas por parte de EE UU por su intención de impulsar la tasa Google, un impuesto cuya aprobación convertiría a España, junto a Francia, en uno de los escasos territorios europeos que cuenta con un gravamen de estas características. Pese a que la ministra de Hacienda, María José Montero, ha negado con firmeza que se hayan producido esas presiones, no es descabellado aventurar que estas vayan a producirse en el futuro, dada la amenaza que ha realizado EE UU de elevar los aranceles a Francia si esta mantiene su propósito de impulsar un impuesto similar. Pese a ello, el Gobierno está en su papel al defender su independencia frente a injerencias políticas externas. Cuestión distinta es que la aprobación de una tasa Google de forma unilateral en un mundo plenamente digitalizado y sin fronteras sea una medida acertada o incluso suficientemente reflexionada.

La decisión del Ejecutivo de ir por libre en la ofensiva para poner coto al relajado régimen fiscal del que disfrutan los grandes gigantes de internet se ha afianzado tras el fracaso de la UE a la hora de diseñar un impuesto de estas características para toda Europa. La división de opiniones sobre cómo abordar la cuestión –con Irlanda, Suecia, Finlandia y Dinamarca en clara oposición a la medida– llevó a Bruselas hace unos meses a dejar congelada la propuesta, a la espera de una iniciativa global liderada por la OCDE que ayude de forma efectiva a poner puertas fiscales al campo digital. Pese a que existe una conciencia compartida de que la factura que pagan al Fisco estas compañías resulta insuficiente, incluso irrisoria, y de que ese privilegio supone una discriminación para las empresas europeas, las dificultades prácticas de imponer una tasa son numerosas, hasta el punto de que hacerlo unilateralmente puede traer consigo más problemas que beneficios.

Tanto la OCDE como la UE deben trabajar a la par para construir un sistema impositivo global, eficiente y equitativo, pensado para un modelo de actividad económica que no tiene fronteras. Se trata de un proyecto del que España debe formar parte, pero a cuyo éxito no contribuirá el adelantarse con una propuesta unilateral que, más allá de las dificultades prácticas de su aplicación, que no son pocas, solo puede redundar en un incremento del precio de los productos y servicios de las empresas que utilizan las plataformas digitales, así como en la proyección de España como un país no alineado con esa ofensiva global dirigida a gravar el mundo digital de forma eficiente y sin dañar ni la actividad ni la innovación.

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