Tribunales

Del Valle unifica los arbitrajes presentados contra España por la resolución de Banco Popular

El juez desoye a Ron y mantiene su declaración por el banco resuelto para octubre

Antonio del Valle Ruiz, exaccionista de Banco Popular
Antonio del Valle Ruiz, exaccionista de Banco Popular Getty Images

El Grupo de Inversores Mexicanos (MIG) liderado por Antonio del Valle, ex accionista del banco con más de un 4% del capital, ha unificado los arbitrajes internacionales iniciados contra el Reino de España por la resolución de Banco Popular en agosto del año pasado en un solo procedimiento consolidado, según han confirmado a Cinco Días fuentes cercanas a los demandantes.

Los demandantes en el arbitraje iniciado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) intervendrán como demandantes en el arbitraje llevado a cabo conforme al Reglamento de Arbitraje de Uncitral.

De este modo, el arbitraje bajo el Reglamento Uncitral, con sede en La Haya, será el único procedimiento arbitral que continúe su curso, ahora con la totalidad del MIG en un mismo arbitraje.

El tribunal arbitral que decidirá la disputa del MIG en este procedimiento será el mismo que ya había sido confirmado para el arbitraje Uncitral, conformado por Gabrielle Kaufmann-Kohler, como presidenta; William Park y Alexis Mourre.

La disputa se resolverá conforme al Tratado Bilateral de Inversión entre México y España y el Reglamento de Arbitraje Uncitral.

La semana pasada, el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Economía y Empresa, suscribió un convenio con CNMV, el Banco de España y el Fondo de Reeestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para defender sus intereses en los procedimientos arbitrales internacionales impulsados por el grupo de mexicanos liderado por Antonio Del Valle afectados por la resolución de Banco Popular.

El grupo inversor mexicano presentó en agosto de 2018 dos solicitudes de arbitraje internacional contra España, al considerar que la resolución de Popular y posterior venta de la entidad a Banco Santander al precio de un euro incumplió las garantías y protecciones establecidas en el Tratado Bilateral de Inversión España-México (2006).

El MIG está compuesto por 44 particulares y 10 sociedades y fondos de inversión que inivirtieron en Popular unos 470 millones de euros. Con este arbitraje buscan compensación por los daños causados por la pérdida de su inversión.

Diez meses después de que se presentara la solicitud de arbitraje, España firmó este convenio con el "fin de facilitar la función de representación y defensa del Reino de España en los arbitrajes".

El grupo de inversores liderado por Antonio del Valle, que llegó a ser consejero de la entidad resuelta puesto que dejo antes de la intervención de Popular, denuncia que la forma en la que se resolvió el banco resultó en "la destrucción completa" de sus inversiones y culpa al anterior Gobierno de Mariano Rajoy de causar la resolución por "múltiples actos y omisiones antes, durante y después".

Mientras, el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha acordado mantener para los próximos 8 y 9 de octubre la declaración en calidad de investigado del expresidente de Banco Popular Angel Ron, que había solicitado suspender la citación por problemas de compatibilidad con la agenda de su abogado. 

En la providencia a la que ha tenido acceso Efe, el titular del juzgado central de Instrucción número 4 desatiende las peticiones de Ron, incluida la de posponer la comparecencia de su sucesor, Emilio Saracho, al valorar que cuando conoció su condición de querellado, "otorgó poder a favor de tres letrados", por lo que "cualquiera" de ellos puede asistir a la declaración.

El pasado 17 de junio, el abogado principal del expresidente de Popular, José Antonio Choclán, instó al juez Calama a suspender la citación al tener previsto "otro señalamiento de juicio oral previsto para esos días".

Para "facilitar" la labor del magistrado, planteaba nuevas fechas en octubre y noviembre; no obstante, en el supuesto en el que no se admitiera su escrito, se reservaba la posibilidad de que las declaraciones de celebraran a partir de las 16:00 horas.

Ahora el juez desoye tales argumentos e insiste en que tras conocer su condición de querellado en octubre de 2017, Ron habilitó a tres letrados para su defensa, entre ellos su propia esposa.

De este modo, mantiene el calendario fijado hace dos semanas, que inaugurará Saracho los próximos 2 y 3 de octubre, y que continuarán su predecesor y los ex consejeros delegados del banco Francisco Gómez (15 y 16 de octubre) y Roberto Higuera (30 y 31 de octubre).

El caso, iniciado hace dos años, consta de dos piezas separadas, la primera por la ampliación de capital de 2016, aún con Ron en la presidencia, y la segunda por una posible manipulación del mercado tras la publicación de noticias con datos presuntamente falsos para hacer caer el valor de
las acciones y obtener beneficios, tras el relevo.

Según fuentes jurídicas, el interrogatorio a Saracho, último presidente de Popular hasta su resolución y venta a Santander, giraría no sólo por estos últimos hechos, sino también por los anteriores a su mandato, que ya criticó con dureza en la comisión del Congreso sobre la crisis
financiera.

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