Gobierno y CNMC investigan a la irlandesa Solstar por un supuesto fraude en el gas
Varias operaciones en el mercado provocan un 'desbalance' en el sistema con un coste de unos 40 millones que ha tenido que cubrir Enagás
El Ministerio para la Transición Ecológica abrió este martes un procedimiento de inhabilitación contra el trader irlandés Solstar por un posible incumplimiento de las normas de funcionamiento del sistema del gas, que obliga a los agentes a mantener el equilibrio de las reservas del sistema, según confirman fuentes políticas.
Durante la Semana Santa y los días posteriores, esta comercializadora mayorista “vendió supuestamente a otra comercializadora minorista un gas que no tenía y ha cobrado por ello”, añaden. Una operación que ha provocado lo que se denomina un desbalance en el sistema que ha tenido que cubrir el gestor técnico, Enagás, que se ha visto obligado a adquirir el combustible necesario en el mercado para cubrir un agujero que se calcula en unos 40 millones de euros, según fuentes conocedoras de la operación. Esto representa la compra de más de 1.000 GWh.
En paralelo al procedimiento abierto por el departamento que dirige Teresa Ribera, la CNMC también ha abierto contra Solstar una investigación que podría derivar en un expediente sancionador y la imposición de una multa, para la que es competente este organismo supervisor. Mientras tanto, hasta que se resuelva el procedimiento de inhabilitación, Enagás ha decidido aplicar medidas cautelares o preventivas contra la irlandesa, que no podrá operar de momento en el mercado español.
Según las mismas fuentes, Solstar no habría actuado sola, sino supuestamente en colaboración con la comercializadora austríaca Gasela, que es la que habría comprado a aquella el combustible en cuestión, y que también está siendo analizada. Según la normativa, las comercializadoras deben tener disponible en el sistema (gasoductos, almacenamientos o regasificadoras) la cantidad que prevean suministrar a sus clientes cada día. Esta cantidad se calcula según la media histórica de suministro de cada empresa a sus clientes, que “nomina” así sus necesidades ante Enagás.
En el caso de incumplimiento, el gestor del sistema exige que se corrijan los desbalances y, en el caso de que la comercializadora no inyecte el gas requerido, es operador el que debe hacerlo acudiendo al mercado, como ha ocurrido en este caso. El problema -añaden- es que el balance se salda a día vencido y las cantidades se liquidan en una semana. De hecho, hasta que no se ha cumplido la semana, el ministerio no ha podido abrir el procedimiento de inhabilitación que podría terminar en una expulsión del sistema.
Fuentes empresariales aseguran que la compañía investigada ya habría hecho “algo similar” en Holanda hace varios meses. Y se sospecha que “también en algún otro país de la Unión Europea”.
¿Y por qué entonces no saltaron las alarmas? Las mismas fuentes lo atribuyen a que los mercados organizados (o hub de gas) en Europa tienen distinta naturaleza: mientras el de España (Mibgas), a través del cual se realizaron las operaciones en cuestión, está regulado, los del resto de países no lo están. Esta es una de las razones por las que se considera necesaria una coordinación para hacer que funcionen ciertas alertas. “Habría que corregir la normativa europea y, quizás la de la supervisión en España para evitar actividades fraudulentas”, indican fuentes del sector.
Más avales
Otra cuestión a debate es si se deberían aumentar las garantías para actuar en el mercado. Estos avales se redujeron en su día para favorecer la entrada de nuevos operadores y fomentar así la competencia. Aunque no falta quien considera que se deberían encarecer, hay otros que opinan que un incremento de las garantías tampoco evitaría los grandes desfalcos y perjudicaría a la competencia.
De demostrarse los hechos, y en caso de que no sea saldada la deuda, Enagás podría reclamarla en los tribunales. En el caso de no tener éxito por esta vía, serían todos los agentes del mercado (como ocurrió en el caso de las comercializadoras piratas del sistema eléctrico, que provocaron un agujero de unos 100 millones de euros) los que deberían asumir el coste en proporción a su participación en el mercado.
Las empresas gasísticas, por su parte, también están dispuestas a recurrir a la justicia contra dicha obligación. Al fin y al cabo, ya advirtieron al Gobierno anterior de la posibilidad de que el fraude en a comercialización de electricidad se diese en el gas, para lo que solicitaron cambios normativos.
Las supuestas operaciones fraudulentas en el sistema del gas no ha tenido consecuencias para los consumidores finales. Y, tal como recuerdan en el sector, podría haber tenido graves consecuencias si en lugar de haberse producido en días de poca actividad, como los de Semana Santa, hubieran tenido lugar en pleno invierno.
El fantasma de las eléctricas piratas
El afán por fomentar la competencia en los mercados energéticos ha llevado a facilitar la entrada de operadores, a los que se ha exigido, por ejemplo menos avales. Esto y un sistema garantista facilitó el fraude en la comercialización de electricidad.
Decenas de comercializadoras piratas provocaron un agujero de más de 100 millones de euros en el sistema, que tuvieron que pagar el resto de empresas.
Estas comercializadoras compraban en el mercado mayorista mucha menos energía de la que luego vendían a sus clientes y solo pagan la que compraban en el pool. la restante (diferencia o desvíos) la adquirían en los mercados de ajuste de REE, a un precio muy superior y con garantías excepcionales, que no pagaban.
Dado que las liquidaciones definitivas de REE se demoraban ocho meses, las comercializadoras tenían siempre pendiente las liquidaciones del consumo de sus clientes en el mes en curso y de los ocho meses anteriores y gozaban de un amplio margen para engordar el fraude e incluso para desaparecer con el botín. El Gobierno adoptó, entre otras medidas,un recorte de los plazos de liquidación gracias a las lecturas automáticas que permiten los contadores inteligentes.
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