¿Son alcanzables los objetivos del Plan de energía y clima?

Son metas ambiciosas, pero factibles, que exigirán más de 20.000 millones de inversión

¿Son alcanzables los objetivos del Plan de energía y clima?

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) ha causado en determinados actores una cierta sorpresa por el objetivo en él fijado de penetración de las energías renovables en los usos finales de la energía a 2030. Un 42%, diez puntos por encima del 32% de objetivo comunitario, puede parecer una meta demasiado ambiciosa, o electoralista, o incluso inalcanzable. Sin embargo, cuando vemos que con la penetración de renovables establecida por Europa la reducción de las emisiones de CO2 con respecto al año base del 1990 es solo del 20% –lo que implica que, en los veinte años que van desde 2030 hasta 2050, tendríamos que reducir el restante 80%– vemos que simplemente es un objetivo coherente con la lucha contra el cambio climático y con los compromisos internacionales firmados por nuestro país.

En lo que se refiere a la penetración de renovables en el mercado eléctrico, en el PNIEC se marca un objetivo del 74%. Objetivo alto, ya que partimos de una media de penetración del 40%, dependiendo de la hidraulicidad del año, pero factible, aunque tengamos en cuenta que debe ir acompañado de un incremento de la electrificación de la economía, por ser la electricidad la forma de producir energía en la cual se ha demostrado más fácil la introducción de renovables y a un precio más competitivo.

Si tomamos en consideración la fotovoltaica, tecnología que, junto con la eólica, va a tener la mayor responsabilidad en la consecución del objetivo fijado para 2030, y analizamos las variables que influyen en su éxito, vemos que la cifra marcada de 28,5 GW de potencia fotovoltaica a instalar en la próxima década podría ser alcanzada.

Es indudable que el sector tiene interés en invertir, en estos momentos existe en tramitación una cartera que duplica el objetivo. Cuellos de botella industriales no se van a dar, la demanda española apenas alcanzaría al 2,5% de la demanda mundial.

No cabe duda de que la financiación es un elemento clave, se van a necesitar más de 20.000 millones de euros. Para obtener esta cantidad no va a ser suficiente contar con la banca nacional, va a ser necesario atraer a la banca internacional. Para que llegue, y al menor coste posible, cancelar el pasado eliminando la inseguridad jurídica institucionalizada es importante.

Pero el principal factor que va a decidir la financiación de los proyectos es el precio de retribución de la energía generada. Y aquí nos encontramos con un problema. El mercado al cual tienen que acudir las energías renovables debería estar adecuado a sus características. En cambio, nos encontramos con un sistema de mercado, diseñado cuando nadie podía prever que llegaría un momento en el cual las tecnologías dominantes no tendrían costes variables. Al asignar precio en función de los costes marginales, por definición, no puede ser un asignador eficaz de precio para las energías renovables. Ni para motivar a los inversores, ni para transmitir el mejor precio posible a los consumidores finales.

La reforma de este sistema de mercado se convierte en la piedra angular del proceso de transición ecológica. Mientras llega esta reforma o, como parte de la misma, las subastas se convierten en un instrumento necesario para corregir las ineficiencias del modelo de mercado, pero siempre que se basen en un precio por la energía generada, con un diseño no marginalista, y su resultante se integre en el precio al consumidor final.

Otro elemento clave para conseguir el objetivo son las redes. Se necesita una adecuada planificación y regulación además de una reforma de los procedimientos de acceso y conexión que de transparencia, resuelva los colapsos experimentados en determinados nudos y evite generar posiciones de dominio. Tampoco tenemos que olvidarnos del papel importante que puede jugar la generación distribuida como elemento que puede disminuir la necesidad de nuevas redes. Por ello, sería interesante que se fijara como objetivo que, como mínimo, el 20% de la nueva potencia instalada total lo fuera con autoconsumo.

El otro elemento crucial para llegar a la meta establecida son las tramitaciones administrativas, con plazos demasiado largos e inciertos. Se necesita al menos garantizar los plazos marcados por la Ley. Para ello, hay que partir de una adecuada dotación de medios a los servicios administrativos, tanto energéticos como ambientales, de las diferentes comunidades autónomas y de la administración central e incrementar el límite de 50 MW para los proyectos que pueden ser gestionados a nivel de las comunidades autónomas.

Todo ello sin perder de vista que esta transición puede y debe ser también un importante vector de desarrollo económico y generación de empleo, a condición de que se abandone el modelo de crecimiento renovable acelerón-apagón-acelerón que ha sufrido nuestro país en los últimos años. Nadie invierte en nueva capacidad productiva para dar satisfacción a un mercado que va a durar apenas un año, como sucede con las recientes subastas. Es necesario dotar de estabilidad y previsibilidad al mercado.

El objetivo establecido por el Gobierno no solo es posible, sino necesario, además de ser el germen de una auténtica revolución industrial. Pero para conseguirlo tiene que ser visto como un auténtico proyecto país en el que todos los actores se alineen para conseguirlo. Con ello no solo estaremos en la senda de frenar el cambio climático, sino que además tendremos una energía más barata y estaremos generando empleo y crecimiento económico.

José Donoso es Director General de UNEF

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