Por un crecimiento económico inclusivo

La ansiada recuperación no ha llegado a todos y eso puede fomentar los movimientos populistas

La economía española va a mantener durante este año su fase expansiva, pero ya hemos entrado en una etapa de desaceleración cuyo tono estará en función de las reformas que se adopten y de cuándo, porque el objetivo no debería ser tratar de forzar el ciclo sino aumentar la capacidad de crecimiento con nuevas medidas. En cualquier caso, en este momento y tras cinco años de crecimiento, en España hemos llegado a superar el PIB previo al estallido de la crisis.

Sin embargo, la Comisión Europea nos ha dado un toque de atención por la alta proporción de ciudadanos que permanecen en riesgo de pobreza o exclusión social, es decir, enciende la luz de alarma ante la desigualdad que se ha generado y esta circunstancia preocupa enormemente en CEIM. La ansiada recuperación no ha llegado a todos y esa es una mala noticia porque supone el germen perfecto de movimientos populistas. Un nivel desproporcionado de desigualdad en las rentas reduce el nivel de cohesión social, incrementa la conflictividad social y obstaculiza el potencial de crecimiento de la economía.

De hecho, un estudio reciente del propio Fondo Monetario Internacional concluye tras analizar desi­gualdad y crecimiento en 159 países que, si aumenta un punto la proporción de la renta que percibe el 20% de la población con mayores ingresos, el crecimiento del PIB se ralentiza en 0,08 puntos en los siguientes cinco años.

Y, por el contrario, si aumenta un punto la participación en la renta del 20% más pobre de la población, el crecimiento del PIB es 0,38 puntos superior. Por lo tanto, el crecimiento inclusivo no solo es conveniente desde el punto de vista social sino también económico.

Pues bien, el principal factor que explica la desi­gualdad es el desempleo. Nuestra elevada tasa de paro provoca que el nivel de desigualdad de la renta bruta per cápita en España sea muy alto en comparación con otros países de nuestro entorno, incluso en tiempos de bonanza. Por eso las políticas que favorecen la contratación en las empresas son las más sociales desde un punto de vista de sostenibilidad en el tiempo y precisamente son las que los empresarios de Madrid más echamos de menos en los últimos meses.

A pesar de que en España hemos logrado reducir considerablemente nuestra tasa de paro, mantenemos la cifra más alta de nuestro entorno (14,5% en diciembre de 2.018) solo superada por Grecia (18,6%), que prácticamente dobla a la de la zona euro (7,9%) y más que dobla a la de la Unión Europea (6,6%). A pesar de lo logrado, aún falta recuperar un tercio del empleo destruido durante la crisis y buscar soluciones reales a jóvenes y desempleados de larga duración que exhiben unos porcentajes indecentes de desempleo (32,7% y 6%, respectivamente) en una sociedad de progreso.

Al mismo tiempo, nuestro mercado de trabajo sufre la condena estructural de la elevada temporalidad, la cual es negativa tanto para las empresas (reduce un 15% la productividad), como para los trabajadores (resta implicación, aplaza proyectos de vida y genera frustración).

Como resultado de todo esto se configura un amplio colectivo de personas que empiezan a sentir que no pertenecen al sistema, así que es urgente actuar con mucha eficacia antes de que sea demasiado tarde porque el cambio tecnológico traerá buenas noticias y nuevas oportunidades, pero va a tensar más la situación de determinados colectivos.

Las soluciones pasan por aplicar las reglas de la llamada flexiseguridad que tan buenos resultados está cosechando en los países del norte de Europa. Sus ingredientes fundamentales son un sistema de contratación flexible, fiable y con pocos costes en cotizaciones; un modelo de formación acorde con las necesidades de las empresas, que fomenta así la empleabilidad; unas políticas activas de empleo bien dotadas y que funcionen para evitar que caer en el paro siga siendo una catástrofe en España; y unas políticas pasivas solventes pero que incentiven la vuelta al empleo.

Al capítulo de políticas activas de empleo aquí le dedicamos algo más del 0,5% del PIB, mientras que en Dinamarca le dedican el 2%. Además es básico medir su eficacia y contar con la colaboración de las agencias privadas de colocación. Si el crecimiento no es inclusivo estamos generando una frustración en una parte de la sociedad que terminará pasando factura a todos.

Francisco Aranda Manzano es vicepresidente-Portavoz de CEIM

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