El fondo SVP eleva a 300 millones la demanda contra Ferrovial por la SH-130
El grupo español decide no hacer provisiones pese al aumento en la reclamación durante 2018
La bola en que se ha convertido el litigio por la autopista SH-130, que Ferrovial construyó en el entorno de Austin (Texas, EE UU), no deja de crecer. Tras la venta en junio de 2017 del 65% del capital de la concesionaria SH-130 Concession Company, al fondo oportunista Strategic Value Partners (SVP), este último reclama un mínimo de 329 millones de dólares (290 millones de euros) al grupo español. Lo hace a través de una demanda, recientemente ampliada, ante la United States Bankrupty Court.
La autopista, adjudicada en concesión en 2007, fue traspasada en el marco de un concurso voluntario de acreedores presentado en marzo de 2016 por Cintra. Y los compradores acusan a la concesionaria del grupo que preside Rafael del Pino de pagar a su hermana constructora, Ferrovial Agroman (actuó en consorcio con Zacry Industrial), trabajos en 2011 y 2012 que consideran mal ejecutados. La demanda habla de pagos en fraude a los acreedores por dos razones principales: las obras se acometieron incorrectamente, y por tanto no procedía su abono, y la situación de insolvencia de la concesionaria, tal y como explica Ferrovial en el informe sobre las cuentas consolidadas del ejercicio 2018.
Una tercera acusación sería la de provocar que SH-130 Concession Company incumpliera, con los citados pagos, los deberes fiduciarios que las filiales de Ferrovial debían observar de acuerdo con la legislación del Estado de Delaware, donde fue constituida la concesionaria.
La decisión de Ferrovial respecto a esta amenaza en EE UU ha sido no registrar provisiones en las cuentas de 2018, gravemente lastradas por el deterioro del valor de la filial británica Amey ante el litigio con el Ayuntamiento de Birmingham.
La última hora respecto al caso de la SH-130 es que el 7 de septiembre el citado tribunal admitió mociones de desestimación preliminar de la demanda, que excluyen del caso a Ferrovial Internacional SLU y Ferrovial internacional Ltd, siguiendo en pie la denuncia contra otras filiales.
Semanas después, el 28 de septiembre, SH-130 Concession Company dio el paso para aumentar su reclamación, pidiendo el reconocimiento de daños adicionales que derivarían “en la devolución de los beneficios relacionados con de los contratos de servicios que las demandadas facturaron a la demandante en el citado periodo [2011 y 2012]”, cita Ferrovial en su informe. SH-130 Concession, que también ha ampliado su reclamación inicial por el incumplimiento de los deberes fiduciarios, no ha fijado la cantidad adicional. Ante tales modificaciones, Ferrovial también ha renovado las peticiones de desestimación.
Etapa inicial del proceso
En la argumentación de la decisión de no dotar provisiones, la compañía madrileña se refiere a una fase preliminar del caso “en la que todavía no se ha empezado a analizar en detalle el fondo del asunto”. Está por abrirse la fase de prueba (discovery) y la posterior presentación y debate de la demanda.
Ferrovial espera la resolución final en la segunda mitad de 2020 y confía en la solidez de sus argumentos para obtener “una desestimación de las acciones ejercitadas”.
Pese a esta fase embrionaria, en la que afloran cifras millonarias, el caso de la SH-130 dio un vuelco el año pasado. En 2017 se dio cuenta de un arbitraje por defectos en el firme de la autopista y una reclamación mínima de 130 millones de dólares, de los que la mitad, 65 millones serían imputables a Ferrovial Agroman en función de su participación del 50%.
Esta última achacó los defectos de construcción a las subcontratas y constató que el presupuesto de reparación, acordado entre la concesionaria y el estado de Texas, era de 60 millones de dólares. Entonces la empresa tampoco provisionó y consideró suficiente la garantía de diez millones por los trabajos de construcción de la autopista texana, que partieron con un presupuesto de 1.400 millones.
A los tribunales contra la insistencia de la CNMC
Ferrovial Servicios tiene a la CNMC en la Audiencia Nacional por la insistencia en investigar un caso ya sentenciado en firme. Competencia incluyó a las filiales Cespa y Cespa Gestión de Residuos, junto a otras compañías, en la acusación de reparto de mercado en la gestión de residuos y saneamiento urbano. La sanción, que en el caso de Cespa era de 13,6 millones, fue recurrida ante la AN, que anuló la multa al no apreciar prácticas de cártel.
Ferrovial siguió batallando en el Supremo en busca de la nulidad de las pruebas incautadas. Un recurso de casación que no prosperó y zanjó el litigio. La sorpresa llegó cuando la CNMC volvió a abrir, en abril de 2018, un nuevo expediente sancionador “en el que se examinan las mismas prácticas”, según explica la empresa. Un hecho que Ferrovial ha denunciado por ser enjuiciada dos veces por los mismos hechos.
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