28A: la política es el arte de lo posible

Hay temas clave para la economía sobre los que los partidos deben pronunciarse con claridad

El hemiciclo del Congreso de los Diputados.
El hemiciclo del Congreso de los Diputados. EFE

Somos muchos los que todavía creemos que la política es una actividad noble con clara vocación de servicio, cuya principal tarea consiste en gestionar adecuadamente los recursos públicos con objeto de crear condiciones que permitan incrementar la riqueza de la ciudadanía de manera sostenible y ayudar a quienes carecen de recursos.

Es por ello que, ante la próxima celebración de elecciones generales, deberíamos evitar caer en el de­sánimo y confiar en la talla de nuestros políticos. ¿No se define acaso la política como el arte de los posible? La política no puede obviar aspectos como la evolución de la economía global, los tratados internacionales o la normativa que emana de las instituciones europeas, por lo que las soluciones habrán de pasar por adaptarse a la realidad de cada momento. Pero el margen de maniobra es aún muy amplio.

Nos acechan riesgos externos y, pese a que continuamos creciendo por encima de la media de países de nuestro entorno, se percibe una cierta merma de dinamismo de la actividad económica en nuestro país. Esta sensación de pérdida de ritmo está haciendo que los mensajes de los partidos parezcan centrarse en la emisión de diagnósticos dispares –algo totalmente lícito–, pero sin apenas margen para un debate sereno que propicie soluciones.

Sigue habiendo sobre la mesa cuestiones trascendentales para nuestra economía sobre las que habrá que tomar decisiones inmediatas. Bien es cierto que resulta muy difícil solucionar un problema cuando se parte de un diagnóstico totalmente diferente. Así ocurre con aquellas cuestiones más ideológicas –como la educación o la sanidad– o con las que requieren un tratamiento muy transversal –como el empleo, la transición energética o la I+D+i–.
Sin embargo, existen algunos problemas en los que la diagnosis resulta coincidente en la gran mayoría de los partidos –como, por ejemplo, las pensiones o la financiación autonómica–, conviniendo todos ellos en la necesidad de reformas, y sobre los que deberían pronunciarse enunciando de forma clara qué políticas van llevar a cabo para su resolución.

En cuanto al problema de las pensiones en España, todos coinciden en señalar que constituye una cuestión económica y social de primera magnitud, de cuyo acertado o desacertado tratamiento va a depender en gran medida el sostenimiento, a medio y largo plazo, del Estado del bienestar.
Pero además del debate sobre la revalorización de las pensiones, haría falta dar respuesta a una serie de preguntas clave: ¿nuestro actual sistema de reparto, tal y como está diseñado, resulta sostenible?, ¿se deberían financiar las pensiones parcialmente con impuestos?, ¿debería concebirse la reforma del sistema de pensiones como parte de una reforma fiscal integral?, ¿sería viable la implementación de un sistema mixto de capitalización y reparto?, ¿se ha de hacer una transición hacia un sistema de cuentas nocionales? o ¿debe optarse por un sistema complementario de pensiones mediante planes privados?

No cabe duda de que las respuestas a estas preguntas pueden ser de lo más heterogéneas. Así, por ejemplo, mientras que unos verán necesario financiar parcialmente las pensiones con impuestos, otros considerarán que financiarlas de esta manera supondrá romper el principio de contributividad y que será mejor plantearse un ajuste de las pensiones en función de las disponibilidades.

Llegados a este punto, entendemos que nuestros representantes deberían dejar de andarse por las ramas y definir su postura a este respecto de una vez por todas. Lo mismo ocurre con el sistema de financiación autonómica, otro tema clave que debería encararse con urgencia; no solo por su incidencia en el reparto del déficit entre los distintos niveles de la Administración, sino, sobre todo, porque las comunidades autónomas son las responsables de servicios fundamentales como la educación, la sanidad y los servicios sociales.

Sobre esta cuestión, existe un consenso en cuanto a la necesidad de modificar el modelo, pero nadie se atreve a explicar cómo ha de hacerse. Hay un sentir general de que el actual sistema no es suficientemente transparente y resulta difícil de entender, lo que provoca tensiones institucionales que no facilitan el debate y dificulta la corresponsabilidad fiscal, dando como resultado un reparto de recursos arbitrario.

Sin embargo, hasta la fecha, nadie se ha atrevido a plantear cómo ha de ser el nuevo modelo de financiación, cuestión inaplazable ya que, de no proceder de forma perentoria en este sentido, será imposible acometer la siempre aplazada reforma de los tributos cedidos –corrigiendo aspectos obsoletos de los mismos y reconduciendo las excesivas diferencias que, a veces, se producen entre territorios– y encauzar una competencia fiscal sana en un estado descentralizado como el nuestro.

Las pensiones y la financiación autonómica son solo dos ejemplos de cuestiones sobre las que los candidatos a las elecciones podrían pronunciarse, si quisieran, de manera meridianamente clara y a riesgo de críticas, aunque hay otras, como la definición de un modelo de gestión, financiación y mantenimiento de las infraestructuras de transporte, o la implementación de algunos mecanismos para optimizar la gestión de las ayudas sociales (¿para cuándo un registro digital único en el que se reflejen todas estas ayudas para que lleguen a quien realmente las necesita?).

Vivimos en un contexto de cierta desaceleración. Además, seguimos teniendo un déficit excesivo y una deuda pública desaforada –que, según la Airef, podría dispararse aún más si no se actúa sobre las pensiones y el déficit–. La política no puede ni debe abstraerse de esta realidad. Dado que todavía nos mantenemos en un periodo de crecimiento, nuestros futuros gobernantes deberían atreverse a hacer reformas, como las citadas, que pertrechen la economía ante posibles adversidades, que ayuden a paliar las fricciones institucionales, que sirvan para posicionar a nuestro país como un escenario financiero atractivo para capitales a nivel internacional y, todo ello, con la mirada siempre puesta en el bien común.

Confiemos en que los diferentes partidos sean capaces de forjar pactos que doten al próximo Gobierno de la estabilidad necesaria para afrontar los retos presentes y futuros, corroborando la definición de la política como el arte de lo posible.

Valentín Pich es el Presidente del Consejo General de Economistas de España

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