El nacionalismo energético distorsiona los mercados en toda Europa
Es necesario definir una política común de abastecimiento y seguridad en la UE
Como dice Dalmacio Negro, “los europeos hemos empezado a darnos cuenta de que estamos en manos de clases dirigentes “cristalizadas”, decadentes y corrompidas. Gobiernan solamente para sus intereses, amigos y sus caprichos, ocultos bajo la prédica de la “justicia social” y el velo del bien-être: el bienestar del Estado y quienes lo patrimonializan. La anquilosada oligarquía política-financiera-económica-mediática ha convertido los Estados en enemigos de la sociedad.”
Todo esto se manifiesta, como en pocos aspectos de nuestra vida, en la forma en que se gestiona el abastecimiento de las necesidades energéticas de nosotros y nuestra sociedad. Necesitamos energía para movernos, calentarnos, producir bienes y, en suma, para participar en la sociedad. También las carreteras, aeropuertos, el agua y otros bienes públicos. Que su coste sea competitivo influye en la calidad de vida de todos, nuestra balanza comercial, productividad y nuestro desarrollo y creación de valor social.
El objetivo energético simple sería cómo abastecernos de energía, en todas sus formas utilizables, a un coste mínimo, de tal manera que se reduzcan significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Ello haciendo uso de todos los recursos disponibles, renovables o no, y estimulando la consecución de algunas metas primordiales horizontales como el empleo y la balanza comercial.
El desafío de la Unión Europea de conseguir libertad, solidaridad y servicios públicos de primera calidad a los ciudadanos se plasma como en ningún otro ámbito en el sistema energético.
Pero del dicho, y buenas intenciones intelectuales, a lo hecho en la praxis hay un gran techo. Estas últimas semanas han visto lo más insigne del nacionalismo energético nada menos que en Alemania, Francia y España. Tres países con un peso específico importantísimo en la Unión Europea.
Alemania ha conseguido formalizar un acuerdo interterritorial para el Crecimiento, Cambio Estructural y Empleo, cardinal en su Energiewende, que formaliza salir del carbón para generar energía eléctrica antes de 2038. Pragmatismo puro a escala nacional, si bien su coste total se estima en no menos de 100.000 millones de euros, pérdida de empleo que alguien tendrá que asumir y un mayor coste de la energía eléctrica, que ya es allí la más cara de toda Europa, al menos para los consumidores domésticos. En 2018 Alemania ha obtenido el 47% de su energía eléctrica con carbón —35,3%— y energía nuclear —11,7—. El acelerar el tránsito de sus formas de generar energía eléctrica a otras descarbonizadas —que se podría haber dejado a las fuerzas del mercado— y el apagón nuclear que se materializará en el 2021, comportará importar mucho más gas y subir precios, habrá que ver hasta dónde.
En Francia, teniendo muy presente en su redacción la revuelta todavía activa de los chalecos amarillos, el Gobierno ha presentado la Programación Plurianual de la Energía —un instrumento básico de su Transición Ecológica, junto con la Estrategia Nacional Bas-Carbone y otros—, en la que se contempla aumentar mucho la obtención de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, descarbonizarla aún más y reducir la participación de la energía nuclear en la obtención de electricidad hasta el 50%, desde el actual 75%. Otro caso también de pragmatismo nacional energético puro, pues las fantasías anteriores del ex ministro Hulot de reducir a ese 50% la energía nuclear se refería al 2025, cosa que era absolutamente imposible. También se ha tenido en cuenta el recientemente suscrito Tratado para la Cooperación e Integración de Francia y Alemania en el que se contempla de forma destacada la cuestión energética. A los pocos días, por cierto, se puso en sordina por el asunto del nuevo gaseoducto del mar Báltico.
En España, siguiendo la senda de Francia, se están presentando estos días planes similares, mediatizados como en el caso francés y alemán por los compromisos ambientales y de introducción de renovables de la UE. Se han rebajado los decibelios de los últimos episodios de ese culebrón que tiene atenta a la población sobre si se cierran por decreto las centrales nucleares antes de lo que apunten determinados preceptos por concretar, o no, aunque los “acuerdos” alcanzados, dada la convocatoria de elecciones pendiente, veremos el recorrido, una vez más pragmático, que conllevan.
No pocos lobbies se han pronunciado furibundamente sobre el apocalipsis que supondría mantener abierto ese activo industrial de España que son las CC.NN., todavía en plena capacidad operativa para producir electricidad. En pocos sitios se ha podido contribuir a un debate público al respecto, ni conocer o reproducir las cifras de costes, producciones, impactos, sensibilidades, etc. que se han manejado. Más allá claro de las que propusimos para elaborar el Informe de la Comisión de Expertos en abril del año pasado 2018.
Por lo que se ha podido conocer, el pragmatismo centroeuropeo parece prevalece de momento en nuestro país frente a ideologías y avaricias diversas y, como nuestros colegas franceses y alemanes, es preferible un wait and see cautelar a la espera de que amaine o tiempos mejores la revolucionar el statu quo.
Dada la hiperregulación actual de los mercados eléctricos, el modelo de negocio inherente, así como el gobierno corporativo de las empresas que concurren, el cerrar en España las centrales nucleares y simultáneamente el carbón a muy corto plazo puede acarrear importantes subidas de costes y emisiones, así como acercar una nueva crisis a nuestra economía por pérdida de competitividad de nuestros productos y servicios, peor balance comercial, salud de las personas, etc.
Con estos aspectos generales en el pensamiento, uno se pregunta ¿por qué no forzar el planificar con nuestros vecinos europeos cuándo acometer conjuntamente estos planes de cierre y sus complementarios de expansión de nueva capacidad? ¿Por qué no aparcar los nacionalismos energéticos a un lado y definir una política común óptima de abastecimiento y seguridad energética —no sólo sobre el papel— y acompañarla de regulaciones coherentes en cada país con la armonía de esos planes? Las próximas agendas electorales están ahí y, de momento, no vemos ningún signo de que se evidencie nada con lo que la situación mejore.
José Luis de la Fuente O’Connor es Ex vocal de la Comisión de Expertos sobre Escenarios de la Transición Energética del Gobierno de España