El Gobierno plantea el cierre de todas las centrales de carbón y cuatro nucleares hasta 2030
El Consejo de Ministros aprueba el gran paquete del clima, que supondrá más que duplicar las energías renovables y recortará el precio de la energía del recibo de la luz un 12%
El Consejo de Ministros aprobó el viernes el gran paquete medioambiental con el que España pretende cumplir con los compromisos adquiridos internacionales por la UE y sus Estados miembros para lograr la descarbonización de la economía en 2050: el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y el Acuerdo de París. Se trata de tres iniciativas ya conocidas: el anteproyecto de Ley de Cambio Climático, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y la denominada Estrategia para una Transición Justa.
Así como el anteproyecto de ley resulta papel mojado, pues no se podrá tramitar dada la inmediata disolución de las Cortes, el PNIEC es un documento que el Ejecutivo estaba obligado a enviar antes de fin de mes a Bruselas para su visto bueno (España es el único país que, aún no lo había mandado). Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica aseguran que el paquete se puso en marcha el mismo mes de junio, a la vista de que su antecesor no había hecho prácticamente “ningún trabajo”. Para ello se ha utilizado el apoyo de entidades científicas, REE y un modelo suministrado por la propia UE con mil variables.
Los objetivos que plantea España para 2030 resultan más ambiciosos que los propuestos por Bruselas, con algún matiz. Así, según el PNIEC, las emisiones de gases de efecto invernadero se reducirán al menos en un 20% respecto a 1990 (la UE fija un 40%); la penetración de renovables en el consumo final de energía será del 42% y también, al menos, en otro 35% mejorá la eficiencia, frente al 32% y el 32,5% que, respectivamente, establece la Unión Europea.
Fuentes del ministerio aclaran que al compromiso de reducción de emisiones del 20% hay que añadir el 17% de incremento que, por un fuerte descontrol, registró España entre 1990 y 2005. Este 17% sumado al del 20% da un objetivo similar al comunitario del 40%.
Un bono multicombustible
El Gobierno presentará antes de abril la llamada Estrategia contra la Pobreza Energética, tal como prometió el pasado octubre. Ese mes, a través de un RDL puso enmarcha el bono social de la luz elaborado por el anterior Ministerio de Energía con la inlcusión de nuevos beneficiarios. Sin embargo, se comprometió a aprobar una tarifa social ligada a la renta del consumidor. El objetivo es ir más allá de un bono eléctrico y aprobar un bono multicombustible que, inlcuya, entre otros, el gas natural,
Teniendo en cuenta que el sector energético es el primer emisor de este tipo de gases, seguido muy de cerca del transporte (entre los dos suponen un 50% del total), el plan para la próxima década se centra en la energía. En el caso del vehículo eléctrico, que tendrá una importante penetración a partir de 2022, según el departamento que dirige Teresa Ribera, su protagonismo se reserva para la siguiente década, pues el proceso de sustitución de coches es más lento. En el anteproyecto de ley, el Gobierno mantiene 2040 como fecha límite para la venta de vehículos que emitan CO2 (“en línea con un buen número de países”, según un alto cargo del ministerio) y 2050 para la prohibición de que circulen. Este es el año que la UE se ha fijado para la descarbonización de la economía y que el 100% de la generación eléctrica proceda de fuentes renovables.
La mayor contribución vendrá de la mano de las centrales de, responsable del 59% de las emisiones de la generación eléctrica. Además del cierre en el corto plazo de todas las plantas carbón nacional por decisión de sus propietarias (debido al incremento de los costes, como el precio del carbón, los derechos de emisión que deben comprar para producir y las inversiones obligatorias para funcionar), las cinco de importación que sobrevivirán (As Pontes, Litoral las dos asturianas de EDP y Los Barrios, en Cádiz) se habrán clausurado antes de fin de la década. Todo ello supondrá el desmantelamiento de 10.500 MW.
Además del carbón el PNIEC establece entre 2025 y 2030 el cierre de cuatro centrales nucleares, con lo que la capacidad instalada pasará de 7.399 MW a 3.181 MW. Según el ministerio, el cierre ordenado, acordado con las eléctricas, “será por orden de antigüedad”, lo que se traduce en que ese año se habrá echado la llave a los dos grupos de Almaraz, Ascó I y Cofrentes, y quedarían solo tres, que se cerrarán entre ese año y 2035.
Toda esta capacidad será sustituida por renovables y se desarrollará el almacenamiento, ya sea termosolar o de bombeo. Así, la fotovoltaica experimentará un impulso vertiginoso, al pasar de 8.409 MW instaladas a 36.882 MW y la eólica de casi 28.000 MW el próximo año a 50.258 MW. En términos de producción, esta energía será la estrella, con 116.100 GWh en 2030. En cuanto a los ciclos combinados, su potencia se mantendrá inamovible en 27.000 MW. Dada la irrupción de las energías verdes, el sistema requerirá de una producción de respaldo y “flexible”, que permita aprovechar la renovable que, de lo contrario, se desperdiciaría.
Pese a los cierres de las térmicas, la potencia del sistema eléctrico español pasará de 113.151 GW a 156.965 MW gracias a las renovables. La producción también se disparará (un 14%, hasta 337.000 GWh) por la electrificación de la economía que persigue la iniciativa, tanto de la industria, los hogares y los vehículos. En 2030 se alcanzar án los cinco millones de coches eléctricos, según el ministerio.
El PNIEC encierra efectos beneficiosos para la economía. Además de un recorte del 12% del coste de la energía de la factura de la luz (sin contar cargos o impuestos), el proceso requerirá unas inversiones de 200.000 millones (un 20% del sector público), de los cuales, un 40% se destinarán a renovables; un 15% a redes eléctricas y el 40%, a eficiencia energética. Asimismo, aporará un 1,8% al PIB. Además de la generación de 300.000 nuevos empleos, el PNIEC permitirá reducir la importación de combustibles fósiles del 74% al 59% y mejorará la balanza de pagos en 13.000 millones.
En cuanto a los efectos sobre a salud, se calcula que la reducción de la contaminación atmosférica permitirá una reducción de las muertes prematuras en 2.200.
Un plan muy ideológico
Fuentes del sector consideran que Plan de Energía y Clima aprobado ayer por el Consejo de Ministros “es muy ideológico” y que los ambiciosos objetivos que plantea España, frente a países más prudentes como Francia, que no llega a los objetivos comunitarios, pueden dificultar el examen frente a Bruselas. Especialmente, los de mejora de eficiencia energética y el fuerte incremento de la potencia y producción de renovables. La capacidad fotovoltaica se dispara un 338% y la eólica un 79,7%.
No obstante, empresas y asociaciones del sector valoraron ayer muy positivamente el plan. Tal fue el caso de la patronal eléctrica, Aelec, o Iberdrola. esta compañía indicó que “España se encuentra en una posición privilegiada para abordar este reto: dispone de recursos e industria y las tecnologías renovables para lograr esta transformación ya están disponibles y son competitivas”.
También el sector del gas aplaudió la propuesta, especialmente, por la inlcusión inclusión del gas renovable en el plan, “una fuente de energía renovable no eléctrica que trabaja como sumidero de CO2”, según la asociación Sedigás. Las petroleras, por su parte, guardaron silencio.
En cuanto a la patronal del automóvil, Anfac, esta mostró “su preocupación ante la prohibición de los motores de combustión para 2040 incluida en el anteproyecto de ley. Por su parte, los concesionarios, a través de Faconauto, consideran que se devuelve la confianza a los compradores al eliminar “vehículos de combustión” y aludir sutilmente a “libre de emisiones”
Menos satisfechos se mostraron los cogeneradores, que se sintieron maltratados en el PNIEC, en el que pierden peso hasta 2030. El Gobierno aprobó también el Estatuto de la industria electrointensiva y las Directrices de Política Industrial.
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