Una tentación electoralista que todo Gobierno debe resistir
La apretada agenda de última hora del Ejecutivo incluye proyectos de ley de gran envergadura y escaso consenso
La frenética actividad legislativa que el Gobierno desarrolla estos días llevará a los dos últimos Consejos de Ministros de la legislatura un paquete normativo que será aprobado, pero no podrá tramitarse en unas Cortes Generales que se disuelven el próximo 5 de marzo. La excepción a esa intensidad regulatoria de último minuto es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), un compromiso que estaba pendiente ante Bruselas, deberá ser enviado cuanto antes a la Comisión Europea y tendrá, por tanto, recorrido, sentido y utilidad.
El PNIEC forma parte del gran paquete del clima que Pedro Sánchez presentó ayer junto a Teresa Ribera ante los directivos de las principales empresas del sector energético y que incluye, además del propio plan, el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y la Estrategia para una Transición Justa. Al Consejo de Ministros de mañana irá también el anteproyecto sobre los sandbox financieros. Y en materia de grandes infraestructuras, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, presidía, también ayer, el acto de lanzamiento de los proyectos que quedan por ejecutar del Corredor del Atlántico, que suman 16.900 millones de euros.
La atropellada hiperactividad que presupone todo este cargamento regulatorio y ejecutivo no parece una actitud prudente ni demasiado ortodoxa políticamente para un Gobierno que apura sus últimos días antes de la convocatoria de elecciones generales. La tentación de utilizar el poder con fines electoralistas no es nueva y está siempre presente, de un modo u otro, en el marco de la pugna política. Precisamente por ello, no parece acertada esta apretada agenda, especialmente porque incluye proyectos de ley de gran envergadura y escaso consenso, así como planes de inversión a largo plazo que comprometen decisiones que corresponden ya al próximo Gobierno, cuyo signo y color es todavía una incógnita.
En el caso del paquete del clima, hay que sumar también el impacto negativo que la normativa elaborada por el Gobierno, y su forma de explicarla, ha tenido en la industria automovilística, que ha experimentado una caída de ventas de vehículos diésel en los últimos meses, algo que incide directamente en la renovación del parque automovilístico y agrava, paradójicamente, el problema que se quiere solucionar. No se trata de poner en duda la pertinencia y necesidad de avanzar hacia la descarbonización de la economía, pero aprobar a última hora una normativa perjudicial y no consensuada con la industria del motor no es beneficioso ni para el propio sector ni para el conjunto de la actividad.