Airef pide que se actúe sobre las pensiones y el déficit para evitar que la deuda se dispare al 132% del PIB
El organismo dibuja tres escenarios para los próximos 30 años en los que solo los ajustes de gasto reconducirán la deuda
La Autoridad independiente de responsabilidad fiscal (Airef) ha vuelto a alertar hoy sobre los riesgos de la inacción de los Gobiernos en materia de política económica sobre la evolución de la deuda pública. En su último Observatorio de deuda correspondiente a febrero advierte que si no se toman medidas para contener el gasto del sistema de pensiones y para cerrar el déficit estructural de las Administraciones, la deuda pública se dispararía por encima del 132% en el entorno de 2048.
Este organismo fiscalizador de las cuentas públicas ha elaborado tres escenarios de los posibles riesgos que tiene la duda pública española en los próximos treinta años. El más pesimista de todos es aquel en el que los futuros Gobiernos no reformen el sistema de pensiones, éstas se mantengan ligadas al IPC, y tampoco se reduzcan los actuales niveles de déficit estructural situados en el entorno del 2%. En ese caso improbable sería cuando la deuda del Estado se estabilizaría en el entorno del 90% en la próxima década y escalaría, con la llegada de la generación del babyboom a la jubilación a partir de 2030, hasta llegar al citado 132,2% del PIB a mediados de siglo.
En el segundo de los escenarios, los gobiernos tomarían medidas normativas para que todas las Administraciones Públicas cerraran de forma agregada su déficit estructural, logrando incluso un superávit primario ligeramente por debajo del 1%. Esta situación asumiría las presiones de gasto procedentes de vincular las pensiones al IPC, pero no incluiría una reforma de la Seguridad Social que contuviera el gasto. En este caso, la deuda reduciría su peso sobre el PIB al entorno del 75% durante los próximos 30 años.
Finalmente, y para que los niveles de deuda cumplieran con el 60% sobre el PIB exigido por Bruselas, la Airef considera imprescindible que el cumplimiento de las reglas fiscales se combinara con una serie de reformas paramétricas del sistema de pensiones. Estas reformas deberían actuar sobre dos parámetros a la hora de calcular las nuevas pensiones: ampliar de 25 a 35 años el periodo de cómputo para calcular la cuantía de las nuevas pensiones y acercar la edad media de jubilación a la que se jubilan realmente los trabajadores a la edad legal en cada momento.
Ampliar los años de cómputo para el cálculo de la pensión hace que, por regla general, se tengan en cuenta los años más cercanos al inicio de la vida laboral en los que se suele cobrar y cotizar menos que en los posteriores. Actualmente, se tienen en cuenta los últimos 22 años y aumenta un año cada ejercicio hasta que sumen los últimos 25 años que marcó la reforma de pensiones de 2011. Una nueva ampliación de este periodo tiraría a la baja de la cuantía de las futuras pensiones y, por lo tanto, contendría el incremento de gasto.
En cuanto a la recomendación de cerrar la brecha entre la edad real de jubilación y la edad legal, el efecto sería que más gente se retirara más tarde –siempre si retrasar la edad legal—y consecuentemente, cotizarían durante más años y cobrarían pensión durante menos tiempo. Esto aumentaría ingresos y contendría el gasto del sistema.
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