La ruptura del Gobierno con el independentismo deja en el aire los Presupuestos y la legislatura

El Ejecutivo da por rota la negociación ante la exigencia de un referéndum de autodeterminación y admite que sin pacto presupuestario su mandado “se acorta”

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo.
La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo.

El Gobierno de Pedro Sánchez dio por rota públicamente la negociación abierta con los partidos independentistas de Cataluña después de que estos rechazaran sentarse a dialogar en el marco “constitucional” que se les ha planteado. El Ejecutivo rechazó explícitamente la exigencia de las fuerzas secesionistas de que en los encuentros se aborde la convocatoria de un referéndum de autodeterminación para la comunidad y les advirtió de que no se moverá de su última propuesta, que sí incluye la figura de un relator que modere las negociaciones. El anuncio fue, por tanto, un ultimátum a los partidos catalanes. Estos tendrán que decidir ahora si aceptan el canal de diálogo abierto o dan portazo al Gobierno tumbando los Presupuestos Generales de 2019 que el Parlamento debatirá la próxima semana. Si su órdago fracasa, Sánchez podría verse abocado a un adelanto electoral.

La gravedad de la situación se dejó ver en el rostro de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que tras un largo Consejo de Ministros instó a los partidos secesionistas a seguir dialogando dentro del marco legal. “La sociedad catalana es mayoritariamente defensora no sólo de la convivencia a través del diálogo y del respeto, sino que no es independentista”, defendió Calvo ante la prensa, en alusión al resultado de las últimas elecciones de la región.

El distanciamiento se produjo en la antesala de la manifestación que PP, Ciudadanos y VOX han convocado para este domingo en Madrid en contra de las concesiones que el Ejecutivo de Sánchez, aducen, estaría haciendo al independentismo.

“Este Gobierno no aceptará nunca un referéndum de autodeterminación”, quiso subrayar el propio presidente del Ejecutivo este viernes en su cuenta de Twitter, defendiendo que su propuesta para Cataluña se basa en tres pilares: “convivencia, diálogo y ley”.

La Generalitat, por su parte, reaccionó acusando a Sánchez de haber “roto” el diálogo y de haber abandonado la negociación para constituir una mesa de partidos para hablar del “conflicto político” en Cataluña, al haber cedido por “falta de coraje y de valentía” ante las críticas de la “derecha y ultraderecha”, manifestaron, según recoge Efe, el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, y la consellera de la Presidencia, Elsa Artadi.

La ruptura del canal abierto entre Madrid y Barcelona promete complicar la mera tramitación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 que ha impulsado el Gobierno y que el Congreso de los Diputados abordará el martes. La fecha coincide además con el arranque del juicio contra los políticos catalanes presos por el procés. Una coyuntura delicada para Sánchez, que para sacar adelante sus cuentas necesitaría concitar de nuevo la mayoría parlamentaria que le permitió suceder a Mariano Rajoy en la moción de censura del pasado junio, lo que supone poner de acuerdo a Unidos Podemos, PNV, ERC y PDeCAT.

El día decisivo será el miércoles, cuando la Cámara Baja votará las enmiendas a la totalidad que PP, Ciudadanos, ERC o PDeCAT han presentado en contra de las cuentas. Si estas dos últimas fuerzas no moderan su posición, su voto en contra condenará los Presupuestos, constatando la debilidad parlamentaria del Gobierno y minando sus opciones de seguir en el poder.

“El presidente lo ha dicho ya en varias ocasiones, y no requiere más interpretaciones, con Presupuestos tenemos un 2019 en términos de completa normalidad”, explicó la vicepresidenta durante su comparecencia ante la prensa, para matizar que “sin ellos, el tiempo de la legislatura se acorta”. 

Paradójicamente, el Gobierno ha aprobado este viernes su "Agenda del cambio", una batería de medidas con la mira puesta en 2030 que tienen por objetivo transformar el modelo productivo español, hacer el crecimiento más sostenible y ecológico así como combatir la desigualdad generada durante la crisis.

El documento incluye actuaciones en el marco del mercado de trabajo, para reducir la dualidad entre fijos y temporales o tumbar en el corto plazo los aspectos más lesivos de la última reforma laboral; en el medioambiental, para reducir las emisiones; en el productivo, para incrementar la inversión en investigación y desarrollo; o en la administración, que se aspira a convertir en más transparente y accesible.

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