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Funcas alerta de que subir a 1.000 euros el salario mínimo dañará el empleo si no es gradual

Un análisis de trabajos académicos concluye que el alza de esta renta puede expulsar del mercado a los colectivos que pretende beneficiar

Magdalena Valerio, ministra de Trabajo.
Magdalena Valerio, ministra de Trabajo.EFE
Raquel Pascual Cortés

El Gobierno decidió, tras negociar con Podemos un acuerdo presupuestario, que elevaría el salario mínimo interprofesional (SMI) un 22,3% hasta los 900 euros mensuales en 14 pagas; y esta cantidad es la legalmente vigente desde el pasado 1 de enero. "Esta magnitud de subida puede calificarse de desmesurada o, como mínimo, de arriesgada", según opina el economista de la Universidad de Chicago y profesor de la IE Business School, Daniel Fernández Kranz, en un trabajo publicado por la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas).

Además, en las negociaciones entre ambos partidos se acordó una trayectoria del SMI que podría llevarlo a los 1.000 euros al mes en 2020, ante lo que esta publicación alerta de que "lo más recomendable sería proponer subidas más graduales del salario mínimo que permitan estudiar su impacto sobre el empleo de los grupos de afectados".

De hecho, el documento, Fernández Kranz analiza distintos trabajos académicos realizados sobre el impacto de las subidas del salario mínimo en distintos países para concluir que "existe evidencia de que aumentos excesivos del salario mínimo pueden afectar negativamente el empleo de aquellos grupos a los que precisamente pretende ayudar, por ejemplo a los jóvenes".

Una de estas evidencias, según este economista, tiene que ver con lo que los investigadores Felgueroso y Jansen (2018) denominaron el "grado de cobertura" del salario mínimo interpofesional y que consiste en el porcentaje de trabajadores que cobran un salario equivalente o inferior al nuevo valor del SMI aprobado. Según su análisis el actual salario de 900 euros mensuales lo cobraría entre el 7,6 y el 8,9% de la fuerza laboral; mientras que un SMI de 1.000 euros lo recibirían entre el 11,9% y el 13%.

Sin embargo, existen grandes diferencias por grupos de trabajadores y por regiones a la hora de determinar este grado de cobertura del salario mínimo. Por ejemplo, en el caso de los trabajadores jóvenes de menos de 24 años, afectaría a casi el 30% y para el colectivo de trabajadores menos cualificados, entre un 19% y un 25,5%.

Igualmente, respecto a las diferencias territoriales, este estudio refleja que las comunidades autónomas con mayor tasa de desempleo son las que, de aplicarse una nueva subida del SMI a 1.000 euros tendrían una mayor cobertura, o lo que es lo mismo habría más beneficiarios de esta renta. Por ejemplo, en Canarias, con una tasa de paro del 20% el porcentaje de trabajadores que cobraría este salario de 1.000 euros pasaría del 4,3% en 2018 al 19,6% en 2020.

Mientras que, en el otro extremo, en Navarra, donde la tasa de desempleo es del 10%, un nuevo incremento del salario mínimo a 1.000 euros tendría un efecto muy reducido, ya que pasarían de cobrarlo el 1,8% al 4,4% de la fuerza laboral.

"Estas diferencias regionales apuntan a una preocupación según la cual un aumento excesivo del SMI podría desplazar del mercado de trabajo a grupos de la fuerza laboral que ya se encuentran en alto riesgo de exclusión" apunta este economista en la publicación de Funcas.

Por ello, además de recomendar gradualidad para próximos incrementos del salario mínimo, el autor considera aconsejable establecer diferencias en el nivel del SMI entre grupos de trabajadores, como hace Alemania, en el que esta renta mínima legal es inferior para los jóvenes con poca experiencia laboral.

Es más, Fernández Kranz cita otro análisis de Jimento (2018) que, en este caso, argumenta que el SMI no reduce significativamente la desigualdad de rentas ni la pobreza. Según este trabajo esto obedece a tres razones fundamentales: que la mayoría de familias pobres, con el cabeza de familia entre 18 y 64 años no tienen ningún miembro ocupado y, por lo tanto, no les afecta el salario mínimo. En segundo lugar, apunta a que la precariedad de muchos trabajadores obedece a trabajos de corta duración e interrupción involuntaria y no al SMI. Y, la tercera razón es que muchos trabajadores jóvenes con bajos salarios no son miembros de familias pobres y, por tanto, no les afecta el salario mínimo.

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Sobre la firma

Raquel Pascual Cortés
Es periodista de la sección de Economía, especializada en información sobre empleo, Seguridad Social, pensiones y relaciones laborales. Licenciada en C.C. de la Información por la U. Complutense, empezó a trabajar en Cinco Días en 2000 y antes pasó por las secciones de política y economía de la agencia Europa Press y por el diario Soria 7 Días.

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