Dos impuestos cuyo efecto y alcance no están nada claros

El impuesto sobre las transacciones financieras puede tener considerables efectos negativos sobre nuestro mercado de valores

El Gobierno aprobó ayer dos proyectos de ley con los que pretende crear dos nuevos impuestos, uno con el que gravar determinados servicios digitales y otro que se denomina algo engañosamente impuesto sobre las transacciones financieras. De forma un tanto insólita, ni la ministra de Hacienda ni la de Economía tuvieron a bien salir a dar explicaciones sobre dichos impuestos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, con lo que las dudas e interrogantes sobre dichas figuras quedaron sin respuesta.

El impuesto sobre las transacciones financieras es en realidad un impuesto a la compra de acciones de empresas españolas que tengan una capitalización bursátil de más de 1.000 millones de euros. Puede tener considerables efectos negativos sobre nuestro mercado de valores e, indirectamente, sobre la financiación y el coste de capital de las empresas. De algún modo, incentiva la opacidad al favorecer económicamente las transacciones fuera de mercados regulados. Además, puede promover la deslocalización de intermediarios y operaciones, y su recaudación es compleja, de modo que afectará en gran medida a los pequeños inversores que no pueden buscar vías alternativas de negociación. El propio impuesto más el efecto disuasorio a operar a través de mercados regulados amenaza también con dañar la liquidez bursátil.

Por su parte, el origen del impuesto sobre servicios digitales está en evitar que escapen de la tributación grandes multinacionales que, sin necesidad de presencia física relevante, han encontrado mediante una planificación e ingeniería fiscal agresiva la forma de librarse de pagar impuestos en los lugares donde se genera el valor económico de sus operaciones. No hay que perder de vista ese propósito. Por eso será muy importante conocer el texto planteado, y corregirlo si es preciso en el caso de que, so pretexto de evitar que determinados gigantes tecnológicos escapen a la tributación, se acabe castigando a empresas que siempre han tributado y declarado sus ingresos en España, desincentivando sus iniciativas digitales de valor añadido o, en general, se termine penalizando la innovación tecnológica. No solo sería injusto sino que, paradójicamente, se podría acabar empujando a empresas y emprendedores españoles a llevarse sus iniciativas digitales fuera de España.

Hay cuestiones sin aclarar, pues, sobre el efecto y el alcance de unos nuevos impuestos cuya aprobación puede demorarse en el trámite parlamentario. Lo que ya puede decirse casi sin ningún género de dudas es que no tendrán el efecto recaudatorio que el Gobierno les ha asignado en los Presupuestos.

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