Las promotoras de vivienda ven demorarse hasta en 18 meses las licencias de obra

La espera para obtención de permisos crece en los últimos años y las inmobiliarias denuncian que la tardanza encarece las casas

Belén Trincado / Cinco Días

Las grandes promotoras residenciales están encontrando un obstáculo no previsto en sus planes de crecimiento en el nuevo ciclo de recuperación de la obra nueva. Se trata de la tardanza en obtener los permisos urbanísticos, sobre todos la licencia para comenzar las obras que otorgan los ayuntamientos. Un problema que, según señalan los protagonistas del sector, al final repercute en el precio de la vivienda que paga el comprador.

Las inmobiliarias se están encontrando retrasos de hasta 18 meses en el peor de los casos para obtener la licencia de obra nueva y de otros seis meses en la de primera ocupación, según los datos proporcionados por las empresas a Cinco Días.

La patronal APCE (Asociación de Promotores Constructores de España) afirma que la media a nivel nacional para obtener una licencia de obra es de 12 a 14 meses. En el caso de primera ocupación se sitúa entre tres y seis meses. “En la espera por los dos permisos se puede llegar a 20 meses. Es el mismo plazo que lo que se tarda en construir un edificio de 120 viviendas, lo que provoca que haya proyectos que duren 40 meses. Esto es el cáncer del sector, porque repercute en el precio final de la vivienda”, asegura Daniel Cuervo, secretario general de la patronal APCE.

La cotizada Neinor Homes sufrió el castigo en Bolsa el pasado año tras revisar a la baja el número de viviendas previstas, un hecho en el que culpó al retraso con el que se encontraba en los ayuntamientos para obtener las licencias. Cada una de las grandes promotoras consultadas tienen esperas diferentes, ya que trabajan en ubicaciones distintas, pero su plazo medio para la obtención de los permisos se sitúa entre cinco y nueve meses (ver gráfico). A eso hay que sumar las licencias de primera ocupación. “Más de un 33% del tiempo que lleva el periodo de construcción, alrededor de 12 meses, no aporta valor a la industria de la construcción y, por tanto, resta productividad a las compañías”, asevera Teresa Mazo, directora general de negocio de Vía Célere.

“Los municipios deben tener la sensibilidad de ser conscientes de los graves efectos que tienen estos retrasos, pues a nivel compañía suponen sobrecostes en toda la cadena de valor”, se queja Juan Velayos, consejero delegado de Neinor. “Pero, sobre todo, los mayores perjudicados son las familias y porque todos estos retrasos provocan sobrecostes que finalmente repercuten en el precio del inmueble”.

Menos oferta

Desde la patronal se explica que esa tardanza provoca escasez de oferta residencial, y por tanto un encarecimiento, también debido a la necesidad de las empresas de cumplir los objetivos anuales de rentabilidad de su inversión, por lo que si los proyectos se retrasan, las casas son más caras. De igual forma ocurre con el tiempo de espera de las licencias de primera ocupación, ya que las demoras en entregar los pisos supone meses adicionales de intereses bancarios para las inmobiliarias, que también descansarán en el precio. “El coste del producto se beneficiará si la tramitación es más corta”, coincide Cuervo.

“Los retrasos provocan que se alargue el tiempo de promoción y tienen un coste adicional financiero importante para el promotor. Repercuten también directamente en las fechas de entrega de las viviendas, lo que en algunos casos se traduce además en bajas comerciales de los clientes”, coincide Javier Prieto, director general de Quabit.

Año y medio en Majadahonda

Las peores. La ristra de ubicaciones con retrasos es amplia. Con datos de APCE, por provincias, Valencia se lleva la peor parte, con 18 meses de media para conseguir licencia de obra. En Barcelona se espera 14 meses. En Alicante, Madrid y Zaragoza llega al año. En Baleares, Sevilla y Murcia otros 10 meses. Por ciudades, las promotoras destacan retrasos de 18 meses en Majadahonda y 17 meses en San Sebastián de los Reyes, ambas en Madrid. En Córdoba y Barcelona, de 13 meses, y en Valencia un año. Lo que las empresas explican es que no hay un patrón por ideología o partido, ya que afecta a ayuntamientos de PP, PSOE y Podemos. “Es indudable que incrementar los equipos técnicos es una de las acciones claras, a la vez que dotar de los medios adecuados para la tramitación, que podría complementarse con entidades externas como ya hacen algunos municipios”, apunta David Rocha, director técnico de Habitat. “Es un deber ineludible que todos debemos asumir para poder cubrir una necesidad social tan importante como es la de la vivienda, evitando incrementos de plazos y de precios que no favorecen a nadie”.

Las mejores. En el caso contrario, con plazos entre dos y tres meses, se sitúa Málaga y urbes de su provincia como Benahavis, Estepona, Alhaurin de la Torre, además de Valdemoro (Madrid), Pontevedra, Algeciras (Cádiz), Vilanova i la Geltrú (Barcelona), Jávea (Alicante), Bormujos y Dos Hermanas (Sevilla), Getxo (Vizcaya) y Lasarte-Oria (Guipúzcoa).

El responsable de la patronal explica que el problema se ha recrudecido en los últimos años, incluso en la actualidad los plazos se extienden más que en tiempos del boom de la pasada década: “Ahora hay un 10% de visados de obra nueva respecto a máximos y en la época de mayor actividad se tardaba seis meses, con 10 veces más carga de trabajo”. Señala como problema la reducción de personal, “ya que la Administración no se ha preparado para una recuperación del sector”, la decisiones políticas de retrasar avances urbanísticos y por situaciones más chocantes, como que los expedientes en los ayuntamientos se siguen haciendo “a mano, sin usar tecnología”.

“En la mayoría de los ayuntamientos la tramitación de las licencias no se ha digitalizado. Esta falta de innovación y de tecnología, junto a la falta de recursos y de personal, repercuten directamente en la gestión de los permisos”, confirma Prieto, de Quabit. “Tras años en los que la actividad inmobiliaria se redujo notablemente, el resurgir de la misma en 2015 pilló a muchos ayuntamientos sin los medios humanos y materiales adecuados para atender en tiempo y forma las tramitaciones de nuevas licencias”, asegura, por su parte, Juan Núñez Berruguete, director de operaciones de Metrovacesa. “Se hace indispensable y urgente que las administraciones locales refuercen los medios necesarios para facilitar la tramitación de las licencias”, añade.

“Esto es un problema para todo el sector. Los ayuntamientos se retrasan mucho porque han reducido los efectivos de trabajo. Puede que haya mejorado en los últimos meses en algún caso, pero todavía es muy lento”, asevera Said Hejal, fundador de la promotora Kronos. “Esto también repercute en el cliente, que se sienten engañados. Se deberían instaurar unos plazos legales razonables”, sugiere.

Desde Aedas Homes también destacan entre las opciones que podrían ayudar al solventar este problema estaría “la digitalización de aquellas fases del proceso” que agilicen los trámites y “la externalización o refuerzo de las áreas de urbanismo en aquellos consistorios donde se detecte que el problema es la falta de personal”.

Teóricamente todas las entidades locales podrían recibir digitalmente los proyectos, pero la realidad, según la patronal, es que muchos técnicos siguen pidiendo la documentación en papel. “Siguen verificando de forma manual, esto en los tiempos en que vivimos no tiene sentido”, opina Cuervo. Desde APCE se explica que existen sistemas, como el de la empresa española Cype, que ya se instalado en ayuntamientos y que facilita validar digitalmente los proyectos.