Unas cuentas públicas que miren al bien común antes que a las urnas

Si no hay apoyo suficiente, prorrogar los Presupuestos del año pasado puede ser un ejercicido de responsabilidad

La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de aprobar esta misma semana su proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado dibuja un principio de año salpicado por un buen número de interrogaciones políticas. Con un apoyo parlamentario precario, resulta inevitable que el diseño de las cuentas públicas para su aprobación en el Congreso deje de ser lo que debería ser –un ejercicio clave, pero habitual del Poder Ejecutivo en un Estado de Derecho– para convertirse en un complejo juego de equilibrios de aritmética parlamentaria. En este caso es también un juego de incógnitas, por tratarse de un proyecto de Presupuestos del que poco sabemos –más allá de su apuesta por el “avance en política social, crecimiento, creación de empleo y dignidad laboral”, como señalaba ayer Sánchez– y que debe ceñirse a un recorte de 1.200 millones de euros respecto al plan inicial pactado con Unidos Podemos. Esa rebaja no es arbitraria, sino debida a la necesidad de heredar la senda fiscal del Gobierno de Mariano Rajoy, una vez que la propuesta por el actual Ejecutivo no ha pasado el filtro de las Cortes.

Aunque desde el Gobierno se restaba ayer importancia a este recorte sobre sus intenciones iniciales, no se trata de una cuestión menor. En primer lugar, porque dificulta aún más las posibilidades de sacar adelante los Presupuestos en el Congreso y sitúa al Gobierno en una posición de mayor debilidad a la hora de obtener apoyos y, lo que es más grave, también a la hora de hacer concesiones. Pero también porque si el Ejecutivo mantiene su intención de elevar el gasto social, ese recorte afectará muy probablemente a las partidas de gasto productivo, lo que no es una buena noticia para una economía en proceso de desaceleración y lastrada por una deuda pública creciente. Aunque España debe cubrir una elevada factura en prestaciones sociales, agravada por el alto desempleo que arrastramos desde la crisis, la solución a este problema no está en abrir indiscriminadamente el grifo del gasto social, sino en afrontar una reforma racional del sistema de pensiones.

El Gobierno ejerce su derecho al impulsar sus propios Presupuestos, pero este derecho no es nunca un absoluto, sino una potestad dirigida al bien común. Si la debilidad parlamentaria pone en peligro la posibilidad de diseñar unas cuentas públicas que no solo resulten atractivas en términos electorales, sino beneficiosas para la economía española y aceptables para Bruselas y los mercados financieros, barajar una prórroga de los Presupuestos del año pasado puede ser un mal menor, pero sobre todo, un importante ejercicio de responsabilidad.

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