Rato: “La salida a Bolsa no fue una decisión empresarial, fue del Banco de España”

La Audiencia rechaza la doctrina Botín y mantiene a todos los acusados en el banquillo

Rodrigo Rato, expresidente de Bankia y principal acusado en el juicio sobre la salida a Bolsa de la entidad, dejó clara este martes su línea de defensa en la reanudación del procedimiento abierto en la Audiencia Nacional: elude cualquier responsabilidad por los hechos y aduce que les corresponde al Banco de España. “La salida a Bolsa no fue una decisión empresarial, fue legal e impulsada por el supervisor”, dijo, aseverando que “el Banco de España y el Gobierno eran totalmente partidarios” de sacar al parqué en julio de 2011 la firma que acabó protagonizando el mayor rescate de la banca española menos de un año después.

Rato acudió a la sede de la Audiencia en San Fernando de Henares a bordo de un furgón policial desde la cárcel de Soto del Real, donde cumple cuatro años y medio de condena por el caso de las tarjetas black. La Fiscalía Anticorrupción pide para él cinco años de cárcel por estafar a los inversores que acudieron al debut bursátil de Bankia, aunque al inicio del juicio oral avanzó que estudia sumarse a acusaciones populares como la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), que elevan su petición para él a 12 años y medio de cárcel, sumando el delito de falsedad contable. Lejos de achantarse, el también exvicepresidente económico del Gobierno y exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional hizo gala de un tono altivo y no dudó en cortar repetidamente a la fiscal, Carmen Launa, para deleite de los otros 33 acusados sentados en el banquillo, que pasaron la sesión celebrando sus intervenciones.

Launa dedicó su primera sesión de preguntas, que retomará este miércoles, remontándose al acceso de Rato a la presidencia de Caja Madrid para aclarar si la fusión de esta entidad con otras seis cajas para dar lugar a Banco Financiero de Ahorros (BFA), matriz de lo que luego fue Bankia, ocultaba deterioros superiores a las provisiones realizadas que no fueran comunicados a los inversores cuando llegó la salida a Bolsa.

Rato adujo que todo el proceso fue revisado por los expertos de Analistas Financieros Internacionales (AFI) y Deloitte, que era auditor de las cajas, además de supervisado por el Banco de España. Es más, manifestó que tras iniciar el proceso de fusión de Caja Madrid con otras cinco cajas, la cúpula del supervisor le citó para imponerle una fusión con Bancaja en presencia del responsable de esta, también encausado ahora, José Luis Olivas.

“En los dos años y tres meses que fui presidente de Caja Madrid y Bankia, el Banco de España nunca me requirió que estuviéramos incumpliendo ninguna de sus recomendaciones”, sostuvo Rato, aseverando que “estábamos sometidos a una imposición de decisiones del FROB y del Banco de España”. “La única decisión que tomamos distinta a las indicaciones del Banco de España y del FROB fue que aumentamos el volumen de provisiones [frente al que le exigían estos organismos] porque veíamos que el ciclo tenía muchos riesgos de ir en una dirección contraria a nuestros intereses”.

En concreto, Rato detalló que pese a la recomendación del FROB de la entidad dotara 6.300 millones en 2010, se optó por provisionar 9.200 millones entonces y 3.900 más en 2011 después de consultar a PwC, que le aconsejó arrancar con 8.200 millones y llegar a 11.500 en tres años.

La fiscal adujo que entre los papeles de Deloitte encontró un documento de trabajo de PwC que recoge el doble de provisiones de partida que las reales, si bien Rato alegó desconocer el documento y el tribunal le eximió de dar más explicaciones sobre este punto.

Su presidenta, Ángela Murillo, también cortó a la fiscal cuando preguntaba al acusado sobre la falta de mención a los riesgos de Banco de Valencia (que acabó nacionalizado poco después) en el folleto de salida a Bolsa de Bankia, después de que Rato repitiera en varias ocasiones que se trataba de una participada más del grupo, como podía ser Iberdrola, y que no era responsabilidad suya.

El interrogatorio se interrumpió cuando la fiscal se disponía a cuestionar a Rato por el precio de salida a Bolsa de Bankia, asunto que se retomará este miércoles. Rato avanzó que solo contestará a las preguntas del ministerio Público, a las del FROB (personado como acusación particular) y a las de su defensa.

Los otros 33 acusados tendrán que acudir a cada sesión y esperar su turno en el banquillo pues el tribunal resolvió este martes también las cuestiones previas presentadas por sus abogados y rechazó aplicar la llamada doctrina Botín. Esta permite evitar el banquillo a quien no está acusado por la Fiscalía o una acusación Popular, lo que hubiera librado del juicio a 30 procesados a los que solo apuntan las acusaciones populares y unos pocos afectados por la salida a Bolsa a los que la entidad ha ofrecido una compensación. El tribunal, no obstante, asume que pueden seguir personados. Después de todo, la Fiscalía apuntó en el arranque del juicio que estudia ampliar su acusación inicial –que se centra en Rato, Olivas, el exconsejero José Manuel Fernández Norniella y el exconsejero delegado Francisco Verdú. El auto del tribunal, eso sí, carga duramente contra la Fiscalía por plantear “semejante proclama” como un “futurible” no recogido en su escrito inicial de conclusiones y “cuando aún no se ha practicado una sola prueba y sin dato novedoso alguno” en el juicio.

Bankia y Deloitte se libran de la acusación de falsedad contable

El Tribunal de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió retirar las acusaciones particulares de presunta estafa por falsedad contable a Bankia, su matriz BFA y la firma auditora Deloitte. Según detalla el auto de cuestiones previas “las personas jurídicas no forman parte del círculo de posibles autores de tal delito”. Y es que las acusaciones particulares (que incluyen al abogado del Estado en representación del FROB o las asociaciones Aemec y Adicae) y defensas populares (ejercicdas por la Confederación Intersindical de Crédito y el sindicato CGT, entre otros) extendían la acusación de presunta estafa a inversores y presunta falsedad contable a 34 personas físicas y jurídicas, incluídas la propia Bankia, BFA y Deloitte.

La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, tan solo acusa a cuatro exdirigentes de Bankia: al expresidente de la entidad Rodrigo Rato para el que pide cinco años de cárcel; el exvicepresidente José Luis Olivas para el que reclama cuatro años de prisión; el exconsejero José Manuel Fernández Norniella que se enfrenta a tres años de cárcel; y el exconsejero delegado Francisco Verdú para el que reclama dos años y siete meses de prisión. Además, la Fiscalía pide para cada uno de ellos una multa de 60.000 euros.

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