El bloqueo judicial de Castor fuerza al Gobierno a su desmantelamiento

El Gobierno no reconoce el coste del mantenimiento a Enagás, que ha presentado una reclamación de responsabilidad patrimonial

Plataforma de Castor.Reuters

El Ministerio para la Transición Ecológica ha decidido finalmente no incluir en la orden de peajes del gas para 2019 el coste de operación y el mantenimiento del almacén Castor a su actual concesionaria, Enagás. Aunque en la propuesta de peajes que remitió el departamento que dirige Teresa Ribera a la CNMC para su informe a principios de mes sí se reconocía una retribución al operador del sistema las dudas jurídicas planteadas por el supervisor respecto al pago a Enagás han llevado al ministerio a eliminar estos importes de la orden que se publicó en el BOE el pasado sábado y entra en vigor el 1 de enero. En la propuesta inicial figuraba un pago de 8,731 millones de euros, respectivamente, para 2017, 2018 y 2019, en total, 26,1 millones.

El lío judicial en torno al almacén submarino clausurado en 2013 tras los seísmos ocurridos en las costas de Castellón durante el primer llenado de gas, que impide sufragar su mantenimiento vía tarifas, va a forzar al Gobierno a su desmantelamiento, según sostienen distintas fuentes políticas y empresariales. Al fin y al cabo, la hibernación de la planta es provisional y el objetivo siempre ha sido vaciarlo y sellarlo con hormigón. Se calcula que el desguace de Castor tendría un coste de 200 millones de euros, que pagarían los usuarios en la factura del gas.

El bloqueo es total, pues el gestor del sistema gasístico y transportista sigue realizando las operaciones de mantenimiento de la planta pero no cobra por ello. En su decisión de no incluir este servicio como un coste del sistema gasístico, tanto la CNMC como el ministerio han tenido en cuenta las dos sentencias recientes del Tribunal Supremo por las anula dichos pagos y obliga a la empresa a devolver lo cobrado hasta ahora. El Supremo, a su vez, ha hecho suyo el fallo del Tribunal Constitucional del 22 de diciembre de 2018 por el que anulaba parte del real decreto-ley de rescate financiero de Castor (13/2014 de 3 de octubre), que ascendía a 1.350 millones de euros.

Aunque en la resolución del recurso presentado por la Generalitat de Cataluña, el TC no entró en el fondo del asunto, sí consideró que dicho rescate debía haberse incluido en una ley, pues la situación no justificaba la urgencia de un decreto-ley. El Gobierno de Mariano Rajoy, al ver que no contaba con apoyo parlamentario para tramitar una ley, optó por ponerse de perfil.

Por el momento, Enagás, que seguirá ocupándose la seguridad de Castor, ha presentado esta misma semana ante el Gobierno una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Estado legislador,. Un paso previo para iniciar un contencioso administrativo. La compañía se suma así a los tres bancos acreedores de la deuda de Castor (Santander, Bankia y Caixabank) y que dejaron de cobrar hace ahora un año. Además, la CNMC, mediante un procedimiento que está en manos del Consejo de Estado ha reclamado también a estas entidades a devolver los 240 millones que habían cobrado en la factura del gas (unos 80 millones anuales) desde 2014. La banca optó por la reclamación patrimonial tras las infructuosas negociaciones que mantuvo con el Gobierno de Mariano Rajoy.

Santander, Bankia y Caixabank, acreedores de la deuda de la planta, también han presentado una reclamación patrimonial

Enagás también

A la vista de la sentencia del Constitucional, ni el Gobierno anterior ni el actual (y menos aún la CNMC que es la encargada de las liquidaciones del sistema) han albergado dudas respecto al derecho de los bancos a cobrar su deuda a los consumidores en la factura del gas. En cambio, sí creyeron que dicho fallo no impedía pagar los costes de mantenimiento a Enagás.

Y es que, entre los preceptos del RDL anulados, no figuraba la disposición transitoria que reconocía el pago a Escal (promotora de la infraestructura participada por la sociedad canadiense del mismo nombre y ACS) por su operación y mantenimiento. Teniendo en cuenta que Enagás heredó la concesión de la planta ya clausurada, el Gobierno actual, por analogía, creyó que podía seguir retribuyendo por este servicio al operador. Una propuesta que, tanto la CNMC como los propios servicios jurídicos del ministerio, han considerado “jurídicamente endeble”.

Peor fue la posición del anterior Ministerio de Energía, que sostuvo que la retribución por este servicio a Enagás no requería ni ley ni real decreto-ley, pues bastaba la cobertura legal de las órdenes anuales de peajes. Y que si así se hizo fue como parte del rescate, no por exigencia normativa.

En este punto, a sabiendas de que tanto los bancos como Enagás ganarán su reclamación patrimonial en los tribunales, no faltan voces en el Gobierno que apuntan como solución aprobar un marco jurídico para el desmantelamiento de Castor, en el que se reconozcan los costes, al menos, de Enagás, que sería la encargada de esta operación.

Peajes madrugadores

La publicación en el BOE de las órdenes de peajes energéticos (la de la luz y la del gas) ha llegado este año sorprendentemente pronto. Frente a lo que es habitual, el último día hábil del mes de diciembre, este año el Gobierno las pubicó el pasado sábado, día 22, aunque no entrarán en vigor hasta el día 1.

En ambos casos, los peajes de acceso a las redes, quedan congelados, e inlcuyen entre otros, una rebaja de la retribución del operador del sistema (REE) y de los operadores del mercado eléctrico (Omie) y del gas (Mibgas), en siete, dos y casi un millón de euros, respectivamente.

La rapidez en la publicación se justifica por las dudas sobre si esta semana se podría o no reunir la Comisión Delegada para asuntos Económicos por la que deben pasar dichas órdenes, pese a ser únicamente ministeriales.

En el caso de los peajes eléctricos, la norma se ha simplificado considerablemente, tras la desaparición de los peajes por autoconsumo. Más protagonismo ha tenido este año los del gas natural, con la desaparición del coste por el mantenimiento de Castor a Enagás. Al tratarse de una empresa regulada con ingresos procedentes exclusivamente del sistema, la falta de pago causará un agujero en las cuentas de la compañía.