El Gobierno congela los peajes del gas y deja de cobrar al usuario la deuda de Castor
Reconoce a Enagás 26 millones por el mantenimiento de la instalación
El Ministerio para la Transición Ecológica remitió ayer a la CNMC para su informe la propuesta de orden ministerial que establece los peajes y cánones asociados del gas natural para 2019. Estas tarifas de acceso, según el texto que ha adelantado Cinco Días, se mantienen congeladas y de él desaparece la deuda por el rescate del almacenamiento marino de gas Castor, ubicado frente a las costas de Castellón. Promovido por la sociedad Escal (participada por la canadiense del mismo nombre y ACS) fue clausurada por el Gobierno en 2013 tras los seísmos que se produjeron durante su llenado.
El 21 de diciembre del año pasado el Tribunal Constitucional declaró nulos dos artículos del real decreto ley (13/2014 de 3 de octubre) por el que el Gobierno de Mariano Rajoy transfería al operador del sistema, Enagás, la administración de la planta y se titulizaba la deuda por su inversión (1.350 millones de euros), entre varios bancos, principalmente, Santander. Una financiación que pagaría el sistema gasístico (Castor es un activo regulado), más concretamente, los consumidores en su factura.
Pese a su anulación, el Gobierno del Partido Popular mantuvo en la orden de peajes de 2018 la anualidad de dicha deuda, más de 80 millones de euros, que, por tanto, se cobró a los consumidores pero que no se pagó a los acreedoras. Es más, la CNMC exigió a los entidades que devolvieran las cantidades cobradas desde 2014. El minsiterio que dirigía Álvaro Nadal lo justificó asegurando que la orden ya estaba en trámite cuando se publicó la sentencia y no daba tiempo a modificar el texto de orden que entró en vigor el pasado 1 de enero.
Los bancos iniciaron un contencioso administrativo contra la Administración por haber legislado incorrectamente. Y es que el Constitucional no entró entró en el fondo del asunto, sino que consideró que el citado rescate, pues se debía haberse tramitado como una ley y no como un real decreto-ley, ya que esta es una figura reservada para situaciones de emergencia. El ministerio de Teresa Ribera recuerda que la sentencia “no objetó nada respecto a la licitud del reconocimiento de dichos costes”, sino que incluirlo en un real decreto-ley no era conforme a derecho porque “no se acreditaba la existencia de una situación extraordinaria y urgente necesidad que debiera hacerse frente dictando un decero-ley”.
Ante la evidencia de que una ley para pagar la inversión de una polémica planta como Castor no encontraría respaldo parlamentario, el Gobierno de Rajoy lo dejó correr.
En la actual propuesta de peajes de 2019 ya no figura partida alguna para sufragar la deuda de la banca, aunque sí 26,1 millones a Enagás para su operación y mantenimiento. Concretamente, 8,731 millones de euros, respectivamente, para los ejercicios de 2017, 2018 y 2019. Aunque el fallo del Constitucional también afectaba a las cantidades que recibe la compañía que preside Antonio Llardén como administradora, el Gobierno se los ha reconocido posteriormente.
No en vano, la dotación para el mantenimiento de Castor puede ser inlcuida en una simple orden ministerial, con lo que no contraviene el fallo del tribunal.De esta manera figura en la propuesta de peajes, “con el objeto de evitar el abandono incontrolado de la instalación, se considera perentorio dotar a Enagás de los medios económicos necesarios para su supervisión, operación y control que garanticen la seguridad de la instalación para las personas y el medioambiente”, señala la norma en trámite.
La compañía se enfrenta a una sentencia del Tribunal Supremo que le obliga a devolver las cantidades cobradas para mantener Castor entre 2014, 2015 y 2016, cantidades que la CNMC no liquidó a la empresa. Pero esta es otra historia, para la que se requiere de un procedimiento de la CNMC.
Según la orden de peajes, por su función de operador del sistema gasístico, la compañía recibirá en 2019 una retribución de casi 24 millones de euros y una cantidad similar por la regasificadora del Musul (Gijón), la única que está hibernada en España.
Fin de tarifa Villar-Mir
Una de las novedades de la orden que se ha remitido al Consejo Consultivo de Hidrocarburos de la CNMC para alegaciones, desaparece por fin la denominada tarifa Villar-Mir, una tarifa específica que se aplicaba a Fertiberia. Además, se establece un nuevo peaje para el bunkering (el suministro de gas natural a buques en el mar) y para la inyección de este combustible en las plants de biometano.
Por otro lado, se unifican los peajes para la recarga de gas en las regasificadoras, algo que afecta a las comercializadoras.
En 2018, el ministerio estima unos ingresos para el sistema de 3.057 millones de euros y unos costes similares, con un pequeño desfase de 422.000 euros. Y ya para el próximo ejercicio, se prevé ingresar 3.022 millones y costear 3.023 millones, lo que supone un superávit de cinco millones.
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