Una fiscalidad autónomica que no sea un lastre para la economía
El hiperdesarrollo normativo no sale gratis, ni en tiempo ni en dinero ni en eficiencia
No es ningún secreto, sino más bien un serio problema de eficacia y competitividad, que la capacidad normativa autonómica, sumada a la que posee el Estado y a la que desarrollan reglamentariamente los ayuntamientos, ha convertido la legislación española en una oscura maraña en la que hay que ser muy avezado para no perderse. Ese hiperdesarrollo normativo no sale gratis, ni en tiempo ni en dinero ni en eficiencia ni en litigiosidad, pero además resulta especialmente dañino para el sector privado y la iniciativa empresarial. Así ocurre con los impuestos, por ejemplo, cedidos total o parcialmente a las 15 comunidades autónomas y a los regímenes forales del País Vasco y Navarra, pero en ocasiones también creados ex novo por los propios Parlamentos regionales al hacer uso de su competencia en este ámbito. En total, las Administraciones autonómicas españolas aplican ya 66 impuestos, a los que hay que sumar los que son homologables a otros estatales o los que han sido anulados por los tribunales de justicia, algunos de ellos por el propio Constitucional.
Esa hipertrofia tributaria es en sí misma un serio problema, al que hay que sumar el más que discutible criterio de política fiscal que aplican las comunidades autónomas al diseñar los tributos, del que está llamativamente ausentes los incentivos a la creación de riqueza y a la actividad empresarial, y que parecen responder frecuentemente a criterios puramente recaudatorios. El grueso de la normativa fiscal autonómica se corresponde con gravámenes medioambientales, centrados en vertidos marítimos, protección de aprovechamientos cinegéticos, residuos o bolsas de plástico, pero también existen recargos al impuesto sobre actividades económicas, así como tributos sobre los alojamientos turísticos y sobre los juegos de azar.
El primer requisito de un sistema fiscal moderno y eficiente es la claridad y la simplicidad, algo que contrasta con el reino de taifas fiscal que han generado las distintas comunidades autónomas y que resulta un lastre para las compañías que operan en más de una región. En esa heterogeneidad tributaria se han creado auténticas brechas fiscales entre unas comunidades y otras, cuyos efectos soportan los contribuyentes, las empresas y los emprendedores. Es deseable reducir y clarificar los impuestos autonómicos para evitar que se conviertan en una barrera más, y no son pocas, a la iniciativa empresarial. Pero también parece necesario recordar que la política fiscal es un instrumento flexible que puede utilizarse también para fomentar la creación de empleo y la actividad empresarial.