Los auditores avisan de la dificultad de recopilar datos no financieros
El decreto aprobado obliga a las empresas de más de 500 empleados a realizar informes periódicos con un "apretado calendario"
El Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJC), que representa a los auditores, valoró positivamente este viernes que el decreto ley de información no financiera y diversidad, aprobado el jueves en el Congreso de los Diputados, ya que "mejorará la calidad de la información compartida que manejan los inversores. No obstante, avisó que supone un “enorme” reto para los responsables de las entidades y los verificadores de la información. En un comunicado, el ICJC explicó que los responsables de las firmas de auditoría tendrán que hacer frente a un “apretado” calendario para cumplir con las obligaciones introducidas.
En concreto, el decreto ley de información no financiera y diversidad, que fue aprobado por 330 votos a favor, obliga a las entidades a preparar un estado de información no financiera que recoja los resultados, la evolución y la situación de la compañía, así como el impacto de su actividad. De esta manera, la nueva tarea de los auditores tendrá como principal objetivo medir, supervisar y gestionar el rendimiento y el impacto de las compañías en cuestiones sociales, medioambientales y relativas al personal, con el fin de proteger al usuario en caso de abuso de mercado.
Desde el Instituto recuerdan que las compañías que tendrán que presentar este informe son las que cuenten con más de 500 empleados o sean de gran tamaño y reúnan determinas características, como que la cifra de negocios supere los 20 millones de euros.
Si las entidades que están obligadas a elaborar este informe no lo redactan o verifican la información no financiera, podrían correr el reisgo de que sus cuentas no sean inscritas en el Registro Mercantil.
Reglamento
Otro reto al que se enfrentan en la actualidad los registradores es el anteproyecto inicial de reglamento de auditoría, aún en fase de borrador. El presidente del Registro de Economistas Auditores (REA), Carlos Puig de Travy, aseguró recientemente que se han introducido “muchas mejoras” en el texto, pero consideró que sobre el texto último “quedan todavía temas muy relevantes objeto de mejora”.
En su opinión, la concentración de honorarios y la estructura organizativa de las firmas que hacen auditorías de entidades de interés público, entre otros, deben ser tratados de diferente forma a la que están actualmente en el proyecto de reglamento.
