Pago por uso en autovías, un consenso imprescindible

La próxima apertura de debate en el Congreso es un paso en la buena dirección

Salida de Madrid por la autovía A-6.
Salida de Madrid por la autovía A-6. EFE

El anuncio del Ministerio de Fomento sobre la creación de una subcomisión parlamentaria para tratar el pago por uso en determinadas autovías supone un paso en la buena dirección, una oportunidad única de abordar con sentido de Estado y racionalidad un debate pendiente en nuestro país: el de la financiación del necesario mantenimiento de las carreteras.

Las infraestructuras son un factor clave en nuestra economía, contribuyen de forma determinante a la competitividad del sistema productivo e inciden directamente en la creación de empleo y la cohesión territorial. Sin embargo, la crisis y la necesidad de reducir el déficit público han relegado año tras año la inversión pública en infraestructuras hasta el punto de acumular hoy un déficit que se cifra en 114.000 millones de euros. Todo, pese a tratarse del sector productivo con mayor capacidad de generación económica: cada euro de inversión en infraestructuras casi duplica su retorno en actividad económica.

Desde 2006 la reducción de la inversión en infraestructuras ha sido una constante y en 2017 suponía ya menos de la mitad que la inversión media anterior a la crisis. Una situación que no ha variado con la consolidación de la recuperación económica y que se ha cebado muy especialmente con el mantenimiento de nuestras carreteras, las necesidades del ferrocarril convencional, el agua (incluso con sanciones en curso de la CE por incumplimientos de directivas y normativa), el equipamiento público (sanidad y educación), los accesos a los grandes núcleos de población y la movilidad urbana, entre otros. En términos de PIB, en 2017 el volumen de obra pública licitada apenas supuso el 1% del PIB, un valor tan bajo que no se recuerda desde la década de los ochenta.

Pero ciñéndonos al debate que nos ocupa, el del obligatorio mantenimiento de las carreteras y cómo financiarlo, tenemos que comenzar asumiendo que la red de carreteras es cada vez más amplia y que, además, el tráfico en estas vías viene aumentando de forma continua desde 2014. Sin embargo, las restricciones presupuestarias han supuesto que llevemos ya muchos años actuando sobre las mismas apenas con unos niveles mínimos de mantenimiento y conservación.

Tan bajos que la Asociación Española de la Carretera, en su último informe anual del estado de la red viaria, ha cuantificado el déficit actual de mantenimiento de la red del Estado y autonómica en más de 7.000 millones de euros. La gran pregunta es entonces cómo obtener esos 7.000 millones de euros imprescindibles para que nuestras carreteras tengan un estado que garantice que sean cómodas y seguras para los usuarios.

La necesidad de plantearse el pago por uso de las infraestructuras viarias con el fin de disponer de recursos para garantizar un estado adecuado de las mismas es cada vez más evidente. De hecho resulta paradójico que las carreteras (salvo las de peaje) sean la excepción a la regla del pago por uso de los servicios o suministros públicos.

Por otro lado, parece razonable que quien use un determinado servicio, en este caso las autovías y autopistas, sea quién asuma una mayor parte del coste del mismo. La alternativa real no es la gratuidad sino el reparto de ese coste entre todos los ciudadanos, circulen o no por las carreteras, vía Presupuestos.

La implantación de esta tarificación permitiría, por un lado, que los costes de mantenimiento y explotación de la amplia red de carreteras dejaran de ir contra los Presupuestos Generales, cada vez más comprometidos con el gasto social. Y, por otro, obtener recursos adicionales e, insisto, necesarios para actuar más y mejor en las carreteras. El pago por el uso de estas infraestructuras es una tendencia creciente en Europa, que viene trabajando en esta línea desde hace años, estando incluso ya implantada en numerosos países.

La impopularidad de esta medida no debe frenar el debate de hacer sostenible la red viaria de alta capacidad. Y es por ello que desde ANCI, la asociación de las constructoras no cotizadas, venimos abogando desde hace años por el pago por uso de las infraestructuras viarias, cuyos ingresos irían destinados a un fondo para la mejora, modernización y mantenimiento de las mismas, sobre la base de un gran acuerdo político e institucional que supere los problemas de aceptabilidad social de la medida.

De este modo, desde ANCI aplaudimos la iniciativa del Gobierno de abordar en el Congreso la sostenibilidad de la red de carreteras. Necesitamos esa amplitud de miras para abordar, de una vez por todas, la financiación de la conservación de estas infraestructuras esenciales. Confiamos en que la subcomisión, que se pondrá en marcha a comienzos del próximo año, trabajará con el fin de conseguir el consenso necesario para implementar el nuevo modelo de financiación a la mayor brevedad, con el objetivo de asegurar, cuanto antes, el preciso mantenimiento de estas infraestructuras, y de la manera más sostenible y justa, social y territorialmente.
Nuestro país logró situarse antes de la crisis a la altura de nuestros vecinos europeos en materia de infraestructuras en general y viarias en particular. Ahora bien, es preciso tomar conciencia del coste que implica mantener esa red viaria en buenas condiciones y hacerlo antes de que lleguemos a ese punto de no retorno conocido como too litle too late (demasiado poco demasiado tarde). Es el momento de ponernos al día en casa.

Mª Concepción Santos es Directora gerente de ANCI

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