La reforma hipotecaria abaratará la amortización anticipada y carga a la banca el coste de subrogación

El riesgo de multa crece porque el Congreso debe debatir su efecto en los desahucios judicializados y no irá al Senado hasta febrero

La pugna por la retroactividad retrasa la norma a 2019

El Congreso de los Diputados.
El Congreso de los Diputados.

El debate abierto entre los grupos políticos en el Congreso de los Diputados sobre los efectos retroactivos de la reforma hipotecaria que ultiman se alargará dos semanas más, lo que impedirá que la norma sea definitivamente aprobada en el Senado hasta el próximo año.

Aunque el Gobierno ha pedido su tramitación de urgencia, lo que acortará los plazos a la mitad, una vez llegue Navidad la Cámara Alta suspenderá sesiones hasta febrero, lo que eleva el riesgo de que España sea multada por el retraso que acumula en la trasposición de la directiva europea de protección del consumidor hipotecario.

El país está pendiente de que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) decida sobre una denuncia de la Comisión Europea que podría costarle 100.000 euros por cada día de retraso desde el límite que tenía, que acabó en marzo de 2016.

Aunque la reforma está prácticamente atada, los grupos debaten ahora sobre el efecto retroactivo que tendrán las nuevas condiciones de desahucio sobre las miles de ejecuciones hipotecarias que están paralizadas en los juzgados (han caído un 30% en el último trimestre, según los datos publicados este martes por el INE) a la espera de que el TJUE se pronuncie sobre la abusividad del sistema todavía vigente.

Hasta ahora era posible ejecutar el préstamo tras solo tres impagos, pero la reforma elevará la cifra a 12 cuotas, o el 3% de la deuda, en la primera mitad del crédito, y 15 cuotas, o el 7%, después. Mientras grupos como Podemos piden extender la nueva protección a los desahucios paralizados, el PSOE lo descarta.

Este martes, los grupos acordaron reducir las comisiones por amortización anticipada de la hipoteca que se limitará a entre el 0,15% y el 0,25% (frente al 0,25% y el 0,50% inicialmente planteado en el borrador de la norma que impulsó hace más de un año el exministro de Economía Luis de Guindos) en caso de préstamos a tipo variable, donde desaparecerán al quinto año (o el tercero si se pacta). A su vez, se limitan al 2% en los primeros 10 años y al 1,5% después (frente al 4% y el 3%) si el crédito es a tipo fijo.

Además, recoge Europa Press, el coste de pasar de tipo variable a tipo fijo será del 0,15% (y no del 0,25%). En paralelo, se pactó que los gastos de subrogación de una hipoteca se los repartan entre los bancos para evitar que, ahora que deben pagar el impuesto hipotecario, les salga más rentable subrogar que conceder nuevos créditos.

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