La Ley Hipotecaria dificultará a la banca los embargos de vivienda

Se podrán activar tras 12 meses sin pagar la hipoteca Las entidades financieras afirman que la norma “es con diferencia la más restrictiva de Europa”

Nuevo tanto social para el Gobierno. Diferentes grupos parlamentarios del Congreso, salvo Podemos, han llegado a un acuerdo para ampliar el plazo de impago para que una entidad financiera pueda ejecutar un contrato de hipoteca (paso previo a un posible desahucio). El PSOE ha logrado que la ejecución hipotecaria o embargo en la nueva Ley de Crédito Inmobiliario que tiene previsto aprobar en las próximas semanas el Congreso será a partir de 12 cuotas impagadas o el 3% del capital principal prestado en la primera mitad de la vida del préstamo, y se ampliará a 15 cuotas y el 7% en la segunda mitad.

De esta forma, se ha acordado que la cláusula de vencimiento anticipado de los préstamos se amplíe de las nueve cuotas impagadas (o 2% del capital) que contemplaba el proyecto de ley aprobado bajo el mandato del Gobierno de Mariano Rajoy, a 12 cuotas. Y de las 12 en el segundo período de vida del préstamo (o 4% del capital) a 15 cuotas.

Unidos Podemos, no obstante, ha decidido descolgarse y ha lamentado que la nueva ley siga incluyendo esta cláusula que, según el diputado de la formación morada Rafael Mayoral, es abusiva y contraria a la jurisprudencia europea.

Mayoral ha insistido, en declaraciones a los medios, que el porcentaje de impago para ejecutar un inmueble debería ser de al menos el 10% del capital principal, tal como ocurre en Alemania. La mayoría de los portavoces también han consensuado eliminar las cláusulas suelo, y hacer permanente el código de buenas practicas, para que las entidades tengan que aplicarlo a todos los préstamos y no solo a los firmados antes de 2012.

Fuentes bancarias insistieron ayer en que siguen apoyando a la nueva ley hipotecaria siempre que siente las bases jurídicas para evitar litigios e imponer así seguridad jurídica. Pese a ello, mantienen que “es con diferencia la más restrictiva para los bancos de Europa, y nada que ver con la trasposición que se buscaba”.

Mientras, después de que la nueva ley hipotecaria fijara el reparto de gastos entre el cliente, que abonará la tasación, y el banco que se hará cargo del impuesto de actos jurídicos documentados, de las primeras copias del notario, de los gastos del registro y de la gestoría, la ponencia ha decidido que la entidad financiera no pueda imponer sus productos vinculados o combinados a la hipoteca, como ya informó el lunes este periódico.

Los seguros o diferentes pólizas de hogar, vida, o protección del préstamo entre otros, sólo podrán establecerse cuando sean beneficiosas para el cliente y éste podrá adquirirla con otra entidad siempre que cumpla los requisitos que marca el contrato. “En este caso el prestamista deberá aceptar pólizas alternativas de todos aquellos proveedores que ofrezcan unas condiciones y un nivel de prestaciones equivalentes a la que aquel hubiera propuesto, tanto en la suscripción inicial como en cada una de las renovaciones”, afirma el texto de la nueva ley.

El prestamista, además no podrá cobrar comisión o gasto alguno por el análisis de las pólizas alternativas que se le presenten por el prestatario y “en ningún caso” la aceptación por el banco de una póliza alternativa distinta de la propuesta por su parte podrá suponer empeoramiento en las condiciones de cualquier naturaleza del préstamo.

La nueva ley hipotecaria también entra de lleno en la política remunerativa para la platilla de las entidades financieras, “responsabilidad última del órgano de administración”, recoge el proyecto de la normativa, que pretende proteger al consumidor y evitar las prácticas comerciales del pasado de la banca, y que han derivado en miles de litigios con miles de millones de euros de indemnizaciones para los clientes.

La política de remuneración “será compatible con una gestión sana y eficaz del riesgo, promoverá este tipo de gestión y no ofrecerá incentivos para asumir riesgos que rebasen el nivel de riesgo tolerado por el prestamista”, recoge la ley.

Evaluacion de solvencia

Asimismo, otra de las cuestiones que marcará la nueva ley es que incluirá la obligación de llevar a cabo una evaluación de la solvencia antes de conceder el crédito, estableciéndose un régimen de supervisión y de sanción y el coste de los procedimientos internos de los prestamistas para realizar esta evaluación no se repercutirá en el consumidor.

La mayoría de los portavoces también han establecido la comisión por interés de demora que ha quedado en el interés remuneratorio más el 2% frente al triple del interés legal del dinero que dictaba el proyecto de ley del PP.

La ponencia de la Ley Hipotecaria volverá a reunirse el 23 de noviembre con el fin de terminar los trabajos y poder pasar en diciembre a la votación de las enmiendas que queden vivas.

En la próxima reunión se tratarán de pactar las comisiones por amortización anticipada tanto para hipotecas de tipo fijo como variable, y mientras la formación morada avisa de que estas comisiones deberían ser cero, el PSOE aboga por bajarlas o anularlas según el plazo de amortización o el tipo de interés contratado (fijo o variable).

El diputado socialista Gonzalo Palacín ha señalado que las hipotecas a tipos fijos son positivas para los particulares y para las entidades y "no deberían verse penalizadas en el texto legislativo", por comisiones de amortización.

Por otra parte, los ponentes deberán aclarar la disposición transitoria primera que establece como regla general la aplicación no retroactiva de esta ley salvo con algunas excepciones, entre las que según Podemos entraría la cláusula de vencimiento hipotecario, y que ha alertado podría afectar a las decenas de miles de ejecuciones hipotecarias que están actualmente suspendidas.

Palacín ha aseverado que la idea del Gobierno es que la aprobación de esta ley "no desbloquee estos procesos de ejecución aparcados en los tribunales" y ha recordado un informe de la Abogacía del Estado que incide en que la nueva norma no afectaría a los contratos que están ahora en suspenso.

Otras claves

Evaluación de solvencia. La nueva ley de crédito inmobiliario incluirá la obligación de llevar a cabo una evaluación de la solvencia antes de conceder el crédito, estableciéndose un régimen de supervisión y de sanción y el coste de los procedimientos internos de los prestamistas para realizar esta evaluación no se repercutirá en el consumidor.

Interés de demora. La mayoría de los portavoces han fijado la comisión por interés de demora que ha quedado en el interés remuneratorio más el 2%, frente al triple del interés legal del dinero que dictaba el proyecto de ley del PP. Nueva reunión. La ponencia de la ley volverá a reunirse el día 23, con el fin de terminar los trabajos y pasar en diciembre a la votación de las enmiendas que queden vivas.

Nueva reunión. La nueva ley se aprobará previsiblemente en los primeros días de diciembre, con lo que se evita así la multa de la Comisión Europea de 105.991 euros por cada día de retraso en la trasposición de la normativa, que empezaba a correr a partir de 2019.