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Sánchez obligará a la banca a pagar el impuesto hipotecario desde el viernes

“Lamenta la situación creada por el Supremo” y asume que el debate llegará al tribunal europeo El Consejo de Ministros modificará la norma mañana por real decreto y creará un defensor del cliente bancario

“Vamos a modificar la ley que regula el impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para que sea la banca, y nunca más el cliente, quien pague el impuesto”, ha anunciado este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en respuesta a la votación de ayer del Tribunal Supremo, que interpretó con una ajustada mayoría que la ley actual obliga a cargar el impuesto que grava las hipotecas al consumidor.

“El Gobierno respeta la labor e independencia del Poder Judicial, sin embargo, como poder Ejecutivo no podemos dejar de lamentar la situación generada por la sentencia del Supremo”, ha dicho Sánchez, anunciando que el Consejo de Ministros de este jueves modificará la normativa que regula el impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados mediante un Real Decreto Ley específico. El cambio entrará en vigor el viernes.

“Ayer habló el Poder Judicial y hoy y mañana hablará el Poder Ejecutivo”, ha expuesto, confiando en que cuando el Poder Legislativo se pronuncie en las próximas semanas al votar su decreto ley, la oposición apoye la medida. Además, Sánchez ha adelantado que el Ejecutivo creará una autoridad independiente para la protección del cliente financiero, encaminada a evitar abusos en este mercado.

De hecho, el presidente ha subrayado que la vigilancia sobre los posibles abusos bancarios, junto con la amplia competencia nacional y europea del mercado bancario, debería evitar que las entidades acaben trasladando al cliente el coste del tributo que ahora deben abonar. La realidad es que el Ejecutivo no tiene garantías de que la banca traspase el sobrecoste, por lo que Sánchez ha reclamado "responabilidad" al sector. También ha instado al Supremo a hacer autocrítica por la incertidumbre que ha generado en las tres últimas semanas.

El Impuesto de Actos Jurídicos Documentados está gestionado por las comunidades autónomas, que gravan las hipotecas con un tipo que oscila del 0,5% al 1,5% del valor del crédito. Para un préstamo de 150.000 euros, el coste puede oscilar entre 700 y 2.000 euros. Gestha, el sindicato de técnicos de Hacienda, ha estimado que el cambio legislativo supondrá un coste de unos 1.100 millones anuales para la banca.

El presidente del Gobierno se ha reunido esta mañana en el Palacio de La Moncloa con cuatro miembros del Gabinete, la vicepresidenta Carmen Calvo y los ministros de Fomento, José Luis Ábalos; Hacienda, María Jesús Montero, y Economía, Nadia Calviño, tal y como ha informado el propio Sánchez en su cuenta de Twitter, para abordar las medidas anunciadas.

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Antes de anunciarse la comparecencia de Pedro Sánchez, tanto Adriana Lastra, portavoz socialista en el Congreso, como Ander Gil, portavoz en el Senado, habían anticipado "buenas noticias" al respecto. Lastra, además, ha criticado la "nefasta" gestión que ha hecho en los últimos quince días el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, respecto al fallo sobre el impuesto de las hipotecas.

Las medidas se aprobarán en el Consejo de Ministros a celebrar mañana; dado que el viernes es festivo en Madrid, la reunión del Gabinete se adelanta un día. El Congreso está tramitando actualmente la ley hipotecaria, que se someterá a debate la próxima semana. Esta norma, que traspone una directiva europea y cuya aprobación ya acarrea un notable retraso sobre las exigencias comunitarias. Sánchez se ha mostrado partidario de que la reforma hipotecaria aclare también el reparto del resto de gastos de constitución del crédito, como los de registro, notaría y gestoría.

El ajustado fallo del Supremo, con 15 votos en contra del consumidor y 13 a favor, ha despertado críticas en todo el arco Parlamentario. Desde el PP hasta Podemos, pasando por Ciudadanos, PDeCAT o ERC, han mostrado su perplejidad y algunos han apostado por cambiar la ley para que sea la banca quien pague el tributo.

El propio presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha instado esta mañana al Parlamento a reformar la legislación vigente para clarificar el reparto de los gastos hipotecarios y evitar así posibles controversias judiciales. Su mandato concluye el 4 de diciembre.

Se espera por tanto que la medida que promoverá el Gobierno logre los apoyos necesarios para prosperar. Asunto diferente es si la decisión del Supremo cierra en firme el debate sobre el pago del impuesto en los últimos años. El propio presidente del Gobierno ha dado por sentado que es previsible que la cuestión acabe debatiéndose en el Tribunal de Justicia de la UE, como ya ocurrió con la retroactividad de las cláusulas suelo, porque los interesados “están en su absoluto derecho” de elevar la pelea al marco comunitario.

Cuestionado sobre si secunda las manifestaciones de protesta que Podemos ha convocado ante la sede del Supremo, Sánchez adujo que “cada partido es libre de hacer la oposición como considere”, pero defendió que lo efectivo es impulsar cambios legislativos como los del Ejecutivo.

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