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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Una solución urgente, integral y consensuada que dé futuro a las pensiones

El Pacto de Toledo lleva meses negociando y no se vislumbra consenso integral alguno para esperar una solución común y relativamente rápida

Ni uno solo de los ponentes convocados ayer por este periódico e Ibercaja para analizar el estado de las pensiones públicas y privadas (la industria, la doctrina, las instituciones internacionales) ocultó que España tiene un problema urgente en esta materia ni que cuanto más tiempo tarde en afrontarlo, las decisiones serán menos simpáticas para los administrados. La presión demográfica, la generosidad de las pensiones públicas, la parquedad de los ingresos, la velocidad del gasto, la escuálida apuesta por la previsión complementaria, el miedo de las empresas a ensayar fórmulas de empleo, y la parsimonia e inhibición de los políticos, todos los elementos en definitiva, juegan en contra de una cuestión que empieza a tener verdadera prisa. La gran mayoría de sociedades maduras europeas han superado ya la dificultad a la que se enfrenta España, porque todos han tenido una o dos décadas antes que digerir sus propios envejecimientos demográficos, y todas aportan soluciones mixtas replicables aquí.

El Pacto de Toledo lleva meses negociando y no se vislumbra consenso integral alguno para esperar una solución común y relativamente rápida, y las decisiones políticas de los últimos meses han ido más bien en dirección contraria a la acertada, imponiendo un sistema de revalorización a sabiendas costoso e insostenible a largo plazo, y aplazando sine die el único mecanismo de control del gasto que toma en consideración esperanza de vida y situación económica (factor de sostenibilidad). El déficit de pensiones se acerca a los 20.000 millones y se financia con deuda, algo que tampoco es sostenible en el tiempo. Por tanto, es urgente un compromiso de todos los partidos teniendo en cuenta la gravedad de la cuestión, y como siempre en estos asuntos, quien gobierna tiene una responsabilidad añadida, porque en su mano está el diseño de una solución integral que toque todos los pilares de la protección del retiro y que, aunque no guste a ninguno, sea asumible por todos.

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