Más de 130 empleados de Banco Madrid pierden contra el Banco de España

El tribunal exonera de responsabilidad al supervisor

Los trabajadores solicitaban unos 35 millones en indemnizaciones

La antigua sede de Banco Madrid, en la plaza Margaret Thatcher de Madrid.
La antigua sede de Banco Madrid, en la plaza Margaret Thatcher de Madrid.

La intervención de Banco Madrid por el Banco de España hace tres años y medio todavía trae cola. Una sentencia del pasado 12 de septiembre de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional falla contra la plantilla de la entidad y avala la labor del organismo que ahora dirige Pablo Hernández de Cos. Entonces, intervino la por entonces filial de Banca Privada de Andorra (BPA).

El fallo, al que ha tenido acceso CincoDías, considera que en el seno del procedimiento no se ha practicado “prueba con virtualidad justificativa suficiente para que pueda estimarse acreditado un actuar negligente del Banco de España”.

Los 134 exempleados de la entidad que han acudido al Supremo recurrieron la desestimación por parte del Banco de España, gobernado entonces por Luis María Linde, de los escritos de reclamación de responsabilidad patrimonial que presentaron los días 9 y 10 de marzo de 2016. Ellos aseguran que, tras la intervención del organismo, fueron despedidos y vieron menoscabada su buena reputación profesional.

Los trabajadores de la entidad solicitaban la responsabilidad patrimonial del Banco de España por “su negligente intervención de Banco Madrid, debiendo el Banco de España indemnizar a cada uno de los demandantes en las cantidades reclamadas por cada uno de ellos”. El importe total solicitado se sitúa en unos 35 millones de euros.

Entre otras cuestiones, los extrabajadores aducen que la intervención se produjo el día 10 de marzo de 2015, pero que se congeló la operativa el día 16. En ese intervalo de tiempo se produjeron “importantes retiradas de fondos de clientes”, que los empleados achacan a la mala gestión del supervisor. También señalan que el informe del 9 de marzo de 2015 de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), una de las razones por las que el Banco de España intervino, no advertía de “riesgo en materia de blanqueo de capitales en Banco Madrid”.

Sterling Abogados ha sido el bufete que ha llevado el caso para los demandantes. Fuentes jurídicas señalan que ha sido clave en el veredicto otra sentencia del Tribunal Supremo de 2016 contra el Fondo de Resolución Ordenada Bancaria (FROB) en el proceso de resolución de Banco Gallego: “Lo que no puede admitirse es que, por vía de la responsabilidad patrimonial, se pretenda revisar todo el procedimiento que abocó a la declaración de resolución”, se aclaró en ese fallo.

Fuentes jurídicas advierten también de que esta es una sentencia ejemplarizante para que las personas o empresas se abstengan en el futuro de reclamar o poner en duda las competencias y actuaciones realizadas por el Banco de España.

La mala noticia para los demandantes es que se les impone el pago de las costas sin limitación. La cantidad oscilará entre los 100.000 euros y los 4 millones. La decisión será tomada por el secretario judicial y el plazo para presentar un recurso ante el Supremo finaliza el 21 de noviembre.

La gestión del expediente de regulación de empleo (ERE) de Banco Madrid fue una de las primeras tareas que abordó la administración concursal de la entidad, conformada por las firmas Legal y Económico y Data Concursal, tras ser decretada su liquidación.

La intervención por parte de las autoridades andorranas de Banca Privada de Andorra (BPA), acusada por EE UU de blanquear dinero para redes internacionales del crimen, producida en marzo de 2015 impulsó una fuga de depósitos de su filial española, Banco Madrid, que abocó a la entidad a su liquidación. En menos de un mes, los cerca de 275 empleados de la firma recibieron la notificación del despido colectivo.

Tras elegir a tres representantes de forma asamblearia, la plantilla exigió una indemnización de 39 días de salario por cada año, un mínimo de ocho mensualidades para los empleados más recientes y prejubilaciones para los mayores de 57 años. La administración concursal rechazó la propuesta y arrancó la negociación poniendo sobre la mesa 20 días de salario por cada año y tope en 12 mensualidades, la cifra establecida para un despido por causas objetivas, alegando que la entidad estaba en liquidación. Tras varias semanas de tira y afloja, las partes acabaron acordando una indemnización de 33 días de sueldo por año trabajado y tope en 25 mensualidades, el equivalente al pago por despido improcedente tras la reforma laboral de 2012. El pacto incluyó también una mensualidad extra por cada cuatro años de antigüedad y otros 1.400 euros por cada ejercicio completo al servicio de Banco Madrid.

Además, se fijaba una compensación mínima de 20.000 euros y el pago de 15.000 euros adicionales para los empleados de más de 50 años, aunque se rechazaron las prejubilaciones. El acuerdo contó con 250 votos a favor, si bien, parte de la plantilla lo rechazó buscando hacer cumplir las cláusulas de compensación específicas de sus contratos de banca privada.

Andorra encarga a CBRE la venta de la antigua sede de la filial de BPA

Objetivo: 20 millones. La administración concursal de Banco Madrid culminó en marzo la venta de los últimos inmuebles del banco para hacer frente al pago de los acreedores. El lote, sin embargo, no incluía el emblemático edificio que alojaba la sede de la entidad, situado en la madrileña plaza Margaret Thatcher, junto al monumento a Colón. El edificio desde el que se dirigía la filial española de Banca Privada de Andorra (BPA) pertenecía directamente a la matriz, por lo que tras la intervención del banco por presunto blanqueo de capitales pasó a manos de la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias (AREB), una suerte de FROB que Andorra tuvo que crear para gestionar el caso. Ocupada en vender la parte sana de la entidad al fondo J.C. Flower, que la bautizó como Vall Banc, AREB tardó meses en ocuparse de la sede de Banco Madrid, que acabó okupada por la organización ultraderechista Hogar Social en abril de 2017. Tras varios intentos infructuosos, sus miembros fueron desalojados por orden judicial el pasado julio. AREB puso en marcha entonces un proceso competitivo para gestionar la venta del inmueble y acabó eligiendo a CBRE. A falta de completar una due diligence, la firma aspira a iniciar el proceso de venta en los próximos meses para lograr al menos 20 millones de euros, confirman fuentes conocedoras de la operación.

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